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sábado, 15 de mayo de 2021

EFEMÉRIDES: 12 DE MAYO DE 1931. INSTITUCIÓN DEL DÍA DEL EJÉRCITO EN SUSTITUCIÓN DE LOS SANTOS PATRONOS.

Efemérides escrita por Jesús Núñez, e ilustrada con 2 fotografías en color, para la Sección de Magacín de la Web de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares


 

Por Orden Circular de 12 de mayo de 1931, dimanante del Ministerio de la Guerra, en su artículo 2º, se instituyó el “Día del Ejército”, al objeto de que todas las Armas y Cuerpos celebrasen en lo sucesivo, como fiesta propia el día 7 de octubre de cada año, en conmemoración de la gloriosa Batalla de Lepanto acaecida en dicha fecha del año 1571.

Hacía menos de un mes que se había proclamado la Segunda República y la razón de instituir oficialmente tan relevante efemérides fue, según se hizo constar textualmente en la mentada orden ministerial, la de “evitar la variedad de fechas en la celebración de las fiestas correspondientes a los Santos Patronos de cada Arma y Cuerpos del Ejército y de contribuir a la unificación de cuanto se relaciona con las Instituciones Armadas, y con el fin, a la vez, de dar a todos los actos marciales un carácter eminentemente militar, dentro del ambiente de cariño y afección populares en que el Ejército debe vivir y desenvolverse”.

Dicha disposición gubernativa se enmarcaba dentro la política laicista del nuevo Régimen, disponiéndose en su artículo 1º que en lo sucesivo dejarán de celebrarse por el Ejército los Santos Patronos que diversas disposiciones habían asignado a cada Arma o Cuerpo, suprimiéndose, por tanto, las fiestas consiguientes”. 

Hubo que esperar más de siete años, ya en plena Guerra Civil, para que las tradicionales festividades castrenses que habían sido suprimidas fueran oficialmente restablecidas. Concretamente fue mediante la Orden de 14 de noviembre de 1938, dictada en Burgos desde el Ministerio de Defensa Nacional. Conforme a la misma se pusieron “nuevamente en vigor, todas las disposiciones que proclamaron a los Santos Patronos Protectores especiales de cada una de las Armas y Cuerpos que tradicionalmente los han honrado y venerado como tales”.

A tal efecto, se citaba textualmente que quedaban nuevamente, “bajo la especial protección de Nuestra Señora, en sus advocaciones de la Purísima Concepción, del Pilar, de Covadonga, de Loreto y del Perpetuo Socorro, del Apóstol Santiago, de Santa Bárbara, de nuestro Santo Rey Fernando y de la española Santa Teresa de Jesús”.

miércoles, 12 de mayo de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXVI) LA MUERTE DEL GUARDIA BERNARDINO (1936).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 10 de mayo de 2021pág. 11.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 


Tal y como consta en la documentación del Archivo General Militar, ni el teniente de Infantería Rafael Torres del Real rindió el cuartel “Diego Salinas” ni su esposa Amelia Onetto Heredia, junto al hijo de ambos, fueron fusilados como represalia. 

Al igual que ocurrió aquella mañana del 27 de julio de 1936, con las amenazas de ejecutar a la familia del brigada de la Guardia Civil Julián Colodrero Vergara, si no se rendía la casa-cuartel, tampoco se cumplieron. Torres, siendo capitán del Batallón de Infantería Ceriñola núm. 6, fallecería el 13 de septiembre de 1938 a consecuencia de heridas sufridas en acción de guerra.

La llegada a San Roque de las fuerzas de auxilio procedentes de Algeciras, tras ser avisadas del ataque, provocó la desbandada de la columna gubernamental de Málaga. Su composición era muy variopinta y nada cohesionada dado que había sido organizada sobre la marcha. Estaba formada principalmente por militantes del Frente Popular y Carabineros de diferentes localidades. 

Carecía de la necesaria disciplina y adiestramiento así como de un mando único que dirigiera en condiciones las operaciones. Falto de planeamiento, su mayor error fue no dedicar su esfuerzo principal a atacar la casa-cuartel de la Guardia Civil y el acuartelamiento de Infantería, ambos con escasos defensores. En cambio, buena parte de sus efectivos recorrieron las calles, realizaron registros, practicaron incautaciones de diversos efectos y llevaron a cabo detenciones entre personal civil afecto a los sublevados, algunos de los cuales fueron ejecutados en la vía pública. 

Aquel error terminaría dando lugar a que la llegada de la citada columna de auxilio provocase, no sólo la estampida mencionada de las fuerzas gubernamentales hacia Málaga sino también una muy dura represión entre una población que era mayoritariamente contraria a la sublevación.

Hasta ese 27 de julio no se había derramado sangre en San Roque. Desde el día 19 estaba declarado el estado de guerra tras la llegada a la localidad de una columna del II Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas núm. 3 de Ceuta. A su mando estaba el comandante de Infantería Rodrigo Amador de los Ríos Cabezón, quien tras resultar herido grave el 3 de septiembre siguiente en el frente de Toledo, fallecería el 24 de diciembre siguiente en el frente de Madrid, recién ascendido a teniente coronel. 

Los más comprometidos con el Frente Popular huyeron de San Roque por temor a represalias, se destituyeron a las autoridades municipales y se practicaron algunas detenciones pero no llegaron a producirse fusilamientos. El alcalde Luis Ortega López, posteriormente juzgado y condenado, sería sustituido por el alférez de la Guardia Civil José Sánchez Velasco, retirado por cumplir la edad reglamentaria. Siendo suboficial había sido comandante de puesto de San Roque y como ya se relató en un capítulo anterior tuvo un trágico final aquel 27 de julio. 

Al mando de la columna de auxilio que sobre las 11 horas de esa jornada llegó a San Roque, iba el teniente coronel Manuel Coco Rodríguez, segundo jefe del Regimiento de Infantería Pavía núm. 7. Era quien verdaderamente había encabezado la sublevación militar en la comarca. Su coronel, Emilio March López del Castillo, ajeno a la conspiración ya que acaba de ser destinado a Algeciras, mantuvo una postura inicial de tibieza. El 8 de octubre siguiente sería cesado de dicho mando y del de la Comandancia Militar del Campo de Gibraltar. Fue sustituido por el de mismo empleo, Francisco de María Borbón y de la Torre.

El grueso de dicha columna de auxilio estaba integrado por componentes del III Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache núm. 4, al mando del comandante de Infantería Enrique Rodríguez de la Herrán. La noticia de su llegada, a sangre y fuego, causó pavor en la columna de Málaga cuyos componentes huyeron sin orden ni concierto.

El asesinato en las calles de San Roque de varias personas que habían sido detenidas en sus domicilios por considerarlas partidarias de la sublevación militar, motivaría seguidamente una brutal represión, mucho más numerosa en víctimas y muy prolongada en el tiempo. Del detalle de lo sucedido ya dio cuenta el cronista oficial Antonio Pérez Girón en su libro citado en un capítulo anterior.

Entre las muertes producidas aquella mañana, hubo algunas que ambos bandos achacarían al contrario, fruto del intercambio indiscriminado de disparos. Tal fue el caso del guardia civil retirado Bernardino Romero Romero, de 72 años de edad, natural de la localidad malagueña de Cortes y que había prestado sus servicios en la Benemérita gaditana hasta el 30 de octubre de 1916. La historiografía lo cita en el relato de víctimas como un “anciano” o “pensionista”, omitiéndose que había pertenecido al benemérito Instituto.

Según consta en el Registro Civil de San Roque su defunción fue inscrita el 30 de julio de 1936 por el secretario interino del juzgado municipal, Nicolás García Linares, siendo titular del mismo Francisco Vicente Montero Frowein. El fallecimiento se había producido tres días antes en su domicilio, sito en el número 8, piso alto, de la calle del Santísimo. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Dicha inscripción se practicó en virtud de lo ordenado por el juez de instrucción de San Roque, Rafael González de Lara Martínez, actuando como testigos Eleuterio Pérez Manzaneque y Cecilio Enríquez Morilla.

Un escrito firmado el 3 de agosto siguiente por el teniente coronel Vicente González García, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, dirigido al inspector general del Cuerpo en Valladolid, aclara más las circunstancias de la muerte del guardia 2º Bernardino. Según el informe, entre las 6 y las 11 horas del 27 de julio anterior, “fue muerto violentamente a tiros de arma de fuego larga y corta, por turbas marxistas, que irrumpieron en la Ciudad de San Roque de esta provincia, procedentes de Málaga y pueblos costeros hasta el próximo Guadiaro, compuesta de elementos civil y militar todos armados”. Dicha versión contradice la de que resultó muerto por el disparo con fusil de un soldado regular índígena al asomarse al balcón de su casa.

El hecho de que su fallecimiento se produjera por disparos de arma larga y corta hace pensar que pudo ser ejecutado con fusil y rematado con pistola, tal y como ocurrió en otros casos. Al contrario que pasó con otras personas cuyos cadáveres quedaron abandonados en la vía pública, su cuerpo agonizante pudo haber sido trasladado por familiares al interior del domicilio, por ocurrir en sus inmediaciones.

El propósito de dicho oficio era documentar el fallecimiento del referido guardia civil retirado ya que era miembro de la Asociación de Socorros Mútuos de Tropa del Cuerpo. Su viuda se llamaba Ana Lagares Torres y los huérfanos eran Manuela, Bernardo, Rosa y Juan, de 21, 20, 18 y 13 años de edad, respectivamente. Habría de transcurrir más de un año para que sus herederos pudieran percibir la derrama correspondiente, consistente en 3.000 pesetas, equivalente al sueldo de un guardia 2º de infantería en activo durante unos diez meses aproximadamente. Hay que significar que dicha derrama se percibía cualquiera que fuese la causa de la muerte del asociado.

(Continuará).

 

martes, 4 de mayo de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXV). LA SITUACIÓN AL INICIO DE LA GUERRA CIVIL (1936)


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 3 de mayo de 2021pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

  

En julio de 1936 el término municipal de San Roque contaba, además de la localidad que le da nombre, con las barriadas de Guadiaro, San Enrique de Guadiaro, Campamento de Benalife, Puente Mayorga, Estación y Guadarranque.

 

La Guardia Civil, responsable del orden público, lo que hoy día se denomina seguridad ciudadana, tenía entonces sólo dos pequeños puestos para todo ello. El de San Roque y el de Campamento. 

 

La última revisión y aprobación de sus plantillas de personal se había efectuado el 18 de junio de 1936, a propuesta del jefe de la Comandancia de Cádiz, teniente coronel Vicente González García. Justo un mes antes del inicio de la sublevación militar. Fueron visadas de puño y letra por el jefe de la secretaría militar de la Inspección General del benemérito Instituto, coronel Gonzalo Delgado García. Éste sería fusilado en Paracuellos del Jarama cuatro meses después.

 

La plantilla del puesto de San Roque estaba compuesta por un brigada, un cabo, un guardia 1º y ocho guardias 2º, mientras que la de Campamento la integraban un cabo y 6 guardias 2º. Sin embargo, los primeros dependían del jefe de la línea de San Roque, teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso, mientras que los segundos lo hacían del de La Línea de la Concepción, Valeriano Silva Franco. Éste fallecería en agosto de 1936 a consecuencia de las heridas sufridas en acción de guerra en la zona de Guadiaro.

 

Por otra parte, la presencia del Cuerpo de Carabineros en el término municipal de San Roque era mucho más numerosa, tanto en efectivos como en despliegue. No hay que olvidar que por aquel entonces la Guardia Civil tenía establecida en el Campo de Gibraltar sólo una compañía, la 2ª de la Comandancia de Cádiz. Con cabecera en Algeciras estaba mandaba el capitán Miguel Romero Macías, el cual fallecería en marzo de 1938 por enfermedad contraída en el frente de Teruel.

 

En cambio, existía en el mismo espacio territorial una potente Comandancia de Carabineros mandada desde Algeciras por el teniente coronel Manuel Córdoba García. Éste terminaría siendo detenido y condenado por desafecto al alzamiento militar. Contaba con cinco compañías desplegadas por toda la Comarca, tanto en primera línea de costa como en segunda línea, tierra adentro. Su misión principal era prevenir y reprimir el contrabando procedente de la vecina colonia británica del Peñón.

 

En Puente Mayorga, que contaba entonces con un millar de habitantes, estaba concretamente la cabecera de la 3ª Compañía que prácticamente comprendía buena parte del término municipal de San Roque así como los de Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, incluido lo que hoy es el de San Martín del Tesorillo, y Los Barrios. 

 

A su frente estaba el capitán Francisco Zamora Medina, que tras la sublevación se pasaría a la zona gubernamental de Málaga con buena parte de sus hombres, siendo detenido y condenado al final de la contienda. Tenía una plana mayor compuesta por un brigada y un carabinero. También era la residencia del oficial jefe de la sección. La plantilla del puesto de la residencia estaba compuesta por un brigada, un cabo, un corneta y trece carabineros. Existía igualmente otro puesto, pero con funciones aduaneras, para controlar la importación de carbón mineral procedente de Gibraltar, integrado por un cabo, un carabinero de 1ª y cuatro de 2ª clase. Además de ello, en la rada y afecto a la aduana de Puente Mayorga, había un puesto más, formado tan sólo por dos carabineros de mar que disponían de una embarcación a remo.

 

En Guadarranque, que tenía entonces unos 250 habitantes, había un puesto en su playa, constituido por un brigada, un cabo, un carabinero de 1ª y catorce de 2ª clase. Para la vigilancia de su río había otro puesto constituido por tres carabineros de mar con su correspondiente falúa a remo.

 

En El Toril, cruce de las carreteras de San Roque, Algeciras, La Línea de la Concepción y Málaga, existía entonces un puesto con una plantilla de un cabo y seis carabineros de 2ª.

 

En Guadalquitón había un puesto a pie de playa, formado por un sargento, un cabo, un carabinero de 1ª y once de 2ª, mientras que en la costa de Carboneras, donde residía otro oficial jefe de sección, había otro puesto integrado por un sargento, un cabo, un corneta, un carabinero de 1ª y trece de 2ª. Otro puesto de playa era el de Torrenueva, constituido por un sargento, un cabo, un carabinero de 1ª y once de 2ª. Aunque los tres estaban ubicados en el término municipal de San Roque, dependían de la 1ª Compañía de La Atunara, en La Línea. Lo mismo sucedía con el puesto de playa del Cachón de Jimena, afecto a la 2ª Compañía de La Línea. Su plantilla era un brigada, dos cabos, un carabinero de 1ª y veinte de 2ª.

 

En la barriada de la Estación había también otro puesto que tenía un brigada y cinco carabineros. Finalmente, enclavado ya en el casco urbano de San Roque, existía un puesto más, con un brigada, un carabinero de 1ª y siete de 2ª. Su comandante de puesto era José Hernández Hernández y sería fusilado junto a varios paisanos considerados desafectos a la sublevación militar.

 

El jefe de la sección, que residía igualmente en la ciudad, había sido hasta el 15 de julio de 1936, el alférez Enrique Lavado Ramos. Cesó en el servicio activo tres días antes de iniciarse la sublevación al haber cumplido la edad reglamentaria de 54 años, fijada entonces para su pase a la situación militar de retiro.

 

Según el censo de 1930 la población del municipio estaba compuesta por 10.610 habitantes. De ellos, 4.533 habían tenido la condición de electores en las elecciones generales de noviembre de 1933. Cuando se celebraron las siguientes, en febrero de 1936, ejercieron su derecho al voto 3.610. 

 

Tal y como detalla el profesor Diego Caro Cancela en su obra “La Segunda República en Cádiz. Elecciones y partidos políticos”, publicada en 1987 por la Diputación Provincial, los resultados fueron 3.148 votos (87’2 %) para el Frente Popular y 462 (12’8 %) para el Frente Antirrevolucionario.

 

Tras los sucesos del 27 de julio de 1936 en San Roque, relatados en capítulos anteriores, el teniente Ojanguren pudo entrevistarse con el teniente de Infantería Rafael Torres del Real, que había liderado la defensa del cuartel “Diego Salinas”. Fue entonces cuando tuvo conocimiento que había sucedido un hecho similar al acaecido durante el ataque a la casa-cuartel del benemérito Instituto.

 

Resultó, tal y como consta en la documentación del Archivo General Militar, que las fuerzas del Ejército fueron “intimidadas en dos ocasiones para que se rindieran, para lo que mandaron de emisario a Ernesto Onetto Heredia, hermano político del Teniente Torres del Real a fin de que si no entregaba el Cuartel en el plazo de diez minutos, darían muerte a su señora e hijo frente al Cuartel”. Ello sería reproducido textualmente por el capitán de la Guardia Civil Juan Antonio Ramos Hitos en su libro “Guerra Civil en Málaga (1936-1937). Revisión histórica”, publicado en 2003.

 

(Continuará).

  

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXIV). LA DEFENSA DE LA CASA-CUARTEL (1936)

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 26 de abril de 2021pág. 12.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

 

Según seguió relatando el teniente Odón Oscar Ojanguren Alonso en su extenso informe fechado el 29 de julio de 1936, la reacción del brigada Juan Colodrero Vergara ante “el encargo de los revolucionarios rojos que habían penetrado en la casa que habita la familia del mismo, teniendo en rehenes a su esposa y el resto de la familia”, fue la siguiente:

“Este digno Suboficial, con un alto espíritu y patriotismo, sobreponiéndose al dolor inmenso del momento, dio ejemplo al resto de la fuerza, con quienes al grito de ¡VIVA ESPAÑA! nos aprestamos con más ímpetu a la defensa”. Hay que significar que además de su esposa y cuatro hijos menores de edad ya citados en el capítulo anterior, se encontraba también como rehén su madre, Francisca Vergara Morales.

A este respecto hay que decir que aunque el brigada Colodrero era el comandante del puesto de San Roque, el mando de la defensa de la casa-cuartel correspondía al teniente Ojanguren. Los atacantes posiblemente desconocían tal circunstancia, pues aunque dicho suboficial hubiese querido rendirse, presionado por las circunstancias, su oficial no lo hubiera permitido. Se habían alzado en armas contra el gobierno legítimo de la República y si fracasaban sabían que serían fusilados.

Juan, el hijo del brigada que había servido de emisario se quedó con su padre en el acuartelamiento. Reanudado el tiroteo la defensa prosiguió y la amenaza de matar a los familiares del suboficial se comprobó posteriormente que no se cumplió.

Otros componentes de la columna malagueña procedieron a hacer fuego de cañón y de mortero, “con no muy afortunada eficacia”, desde una loma cercana, donde se encontraban instalados los depósitos del agua que abastecían la población. Según se desprendía del informe, los artilleros no debían ser muy duchos o no deseaban realmente hacer muchos estragos, “ya que de unos treinta y tantos disparos solamente hicieron blanco tres de ellos, afortunadamente sin consecuencias, quizá debido también a que la granada que utilizaban era la rompedora de 7’5.” Daba a entender que si hubieran disparado las de tipo ordinario, perforante o de metralla, los daños hubiesen sido mayores.

Transcurridas unas tres horas “de intenso y certero tiroteo” por parte de los guardias civiles sublevados, que no tuvieron bajas, los componentes de la columna atacante al ver que no conseguían tomar la casa-cuartel, decidieron enviar un nuevo parlamentario para exigir la rendición. Esta vez se trataba del juez de instrucción de San Roque, Rafael González de Lara Martínez, con el mensaje que, “de no efectuarlo así inmediatamente, darían muerte a todas cuantas personas tenían en rehenes, en unión de la esposa del mismo”.

Nada más entrar en el acuartelamiento el juez, “dio un ¡VIVA ESPAÑA! y un ¡VIVA LA GUARDIA CIVIL! y reclamó un arma para ayudarnos, sobreponiéndose con alto espíritu patriótico al dolor inmenso de esposo y de amigo fraternal de los amenazados”.

Una vez que los que tenían sitiada la casa-cuartel comprobaron que el emisario enviado también se había pasado al enemigo, continuó “intenso y nutrido fuego de ametralladora y fusilería hasta las 11 horas de dicha mañana en que los rojos al darse cuenta de la llegada de fuerzas Regulares y hermanas, hicieron una rápida y vergonzosa retirada que castigamos duramente con nuestros medios”.

El teniente Ojanguren prosigue su informe relatando que el primero en llegar hasta la casa-cuartel fue el teniente de la Guardia Civil Marcial Sánchez-Barcáiztegui Gil de Sola, acompañado de un sargento de Regulares y un soldado indígena. Resulta que dicho oficial, procedente de la Comandancia de Marruecos, había sido destinado el mes anterior a la de Cádiz, siendo nombrado jefe de la línea de Olvera, de la cual dependían los puestos de Olvera, Torre Alháquime, Alcalá del Valle y Setenil de las Bodegas. Sin embargo, no había llegado a incorporarse al estar convaleciente en Tetuán de una lesión, uniéndose allí a los sublevados. Siete meses después encontraría la muerte al frente de la 16ª Compañía de la Legión en el frente del Jarama.

Una vez liberada la casa-cuartel Ojanguren salió con sus guardias civiles “para efectuar la limpieza de dichos elementos rojos, proteger en lo que cabía al vecindario y comprobar los desmanes que hubieran verificado”. Aunque en su informe había referido que entre los atacantes predominaban los carabineros lo cierto es que la mayor parte eran anarquistas malagueños.

En el recorrido que hicieron por la calles de San Roque encontraron los cadáveres de varios vecinos de la localidad que habían sido sacados de sus domicilios y asesinados por componentes de la columna de Málaga. Esa jornada hubo más pero los que se citaban en el informe eran José Sánchez Velasco, alférez de la Guardia Civil retirado y presidente de la comisión gestora municipal nombrada al inicio de la sublevación militar; Juan López Zafra, secretario del juzgado de instrucción; Francisco Blasco Azcune, comandante de Infantería retirado; los propietarios Juan Linares Negrotto y José Castilla Delgado; así como el estudiante Augusto Castilla García.

Por otra parte, comprobaron que la familia del brigada Colodrero y las de dos guardias civiles que vivían fuera de la casa-cuartel habían sido maltratadas si bien se había respetado sus vidas. Respecto al domicilio del teniente Ojanguren, que igualmente residía en una vivienda particular, “fue saqueada, destrozando ropas, muebles, robando dinero y alhajas y prendiéndole fuego, que no sin haber causado grandes destrozos, pudo ser sofocado”. Los domicilios del brigada y del guardia 2º Manuel Medina Martín fueron igualmente saqueados.

Seguidamente procedieron a efectuar diversas detenciones, destacándose en el informe la del brigada comandante del puesto de Carabineros de San Roque, que previamente lo había rendido, “sin oponer resistencia, entregando el armamento y pasándose a los rojos”. 

También se hacía mención a la detención de un sargento y cinco carabineros que habían ocupado el “Centro Telefónico” de San Roque. Todos los detenidos que practicaron dicha jornada fueron entregados a disposición de la autoridad militar en el cuartel “Diego Salinas”. Allí se encontraba de guarnición, mandada accidentalmente por el teniente Rafael Torres del Real, la 1ª Compañía del 2º Batallón del Regimiento de Infantería Pavía núm. 7. Habían resistido también al ataque de la columna malagueña tras varias horas de tiroteo. 

Por otra parte, el teniente coronel de Infantería Manuel Coco Rodríguez, como nuevo comandante militar del Campo de Gibraltar, que había encabezado la sublevación en la Comarca, ordenó directamente al teniente Ojanguren, la evacuación de la casa-cuartel hasta el mentado acuartelamiento del Ejército. La razón alegada fue no reunir aquella las debidas condiciones de seguridad en caso de un nuevo ataque desde Málaga.

Ojanguren concluyó su informe destacando que toda la fuerza del puesto de la Guardia Civil se había comportado durante la defensa de la casa-cuartel “con el más alto espíritu y patriotismo”. Igualmente destacó a los jóvenes José Ruiz Bullón y Esteban Espinosa Fernández, ambos de 18 años de edad, así como al ya mencionado Juan Colodrero Madrigal, de 15 años de edad, hijos respectivamente del guardia 1º Antonio Ruiz Sánchez, del guardia 2º José Espinosa Sánchez y del brigada Colodrero. Sirvieron como enlaces y repartieron constantemente municiones a los defensores durante el ataque sufrido.

(Continuará).