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viernes, 5 de septiembre de 2014

INFORME SECRETO. EL ARMAMENTO DEL EJÉRCITO ESPAÑOL ANTE LA 2ª GUERRA MUNDIAL (V). MATERIAL DE GUERRA: EXISTENCIAS Y NECESIDADES.


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en el nº 275 correspondiente al mes de mayo de 2005, de la Revista "ARMAS", págs. 74-80. 

Los originales están ilustrados por cinco fotografías en color y trece en blanco y negro.
“Aceptando la idea de que lo mejor es enemigo de lo bueno se ha pretendido tener iniciado algo –lo de mayor volumen- ante la posibilidad de acontecimientos bélicos de la índole que sean”.

Así concluía el teniente coronel jefe de la 6ª Sección de Estado Mayor del Ejército, un minucioso informe de 63 páginas, clasificado “secreto” y fechado en Madrid el 19 de junio de 1940, relativo a las existencias y necesidades de material bélico, cuyo destinatario era el bilaureado ministro Varela.

El exhaustivo documento comenzaba con un resumen de la situación en esa fecha, continuaba extendiéndose sobre las existencias y recursos de fabricación, exponía seguidamente los nuevos tipos y modelos, y concluía con unas consideraciones sobre los planes a desarrollar, acompañado todo ello de un apéndice de necesidades.

El informe secreto partía de las plantillas de armamento y material que se habían fijado tras una reorganización provisional llevada a cabo en la posguerra civil, para intentar realizar “un examen, al menos esquemáticamente, del estado de la cuestión que sirva para concretar nuestras disponibilidades por una parte y por otra saber con exactitud el esfuerzo que en la fabricación y adquisición es necesario hacer, para que por las Altas Autoridades de la Nación pueda medirse el cuanto y el cuando en asunto de tanta trascendencia”.

Dicho estudio contemplaba todos los aspectos de las denominadas series A, B y C. La primera se refería a la plantilla de armamento y demás material de guerra de las unidades existentes en ese momento, mientras que las otras dos lo eran respecto a las de movilización en caso necesario, significándose que en las tres series se contaba con plantillas de paz y de guerra.

Las carencias eran tantas para cubrir las necesidades que el propio general Varela subrayó con su habitual lápiz rojo las previsiones del programa de fabricación: “el año 1940 para estudio de tipos, organización de construcciones y talleres o adquisiciones; los 1941, 42 y 43 para tener completa la serie A de Guerra, los tres siguientes para la B y los 1947, 48 y 49 para la C”.

Aunque como exponía el informe secreto dicho programa no era rígido, pues si bien en unos casos haría falta el tiempo mencionado, en otros se podría cumplir antes, la realidad era bastante desalentadora y desde luego quedaba patente la imposibilidad de que con los recursos patrios pudiera pensarse en intervenir en una guerra como la que se estaba desarrollando al otro lado de los Pirineos, salvo que dichas necesidades fueran cubiertas por la potencia extranjera con la que España se aliase.

Dado que en este artículo no es posible exponer, siquiera resumidamente tan extenso informe de 63 páginas mecanografiadas, nos centraremos solamente en los aspectos relacionados con el armamento.

El armamento portátil
     
El proyecto primitivo se había redactado en base a que todo el armamento ruso de 7’62 mm. capturado al Ejército Popular de la República, fuera el de dotación de las unidades desplegadas en las estratégicas islas de Baleares y Canarias, “con la idea de aprovechar todo el material existente, no sólo en cuanto a las armas sino en lo que respecta a maquinaria, fabricación y medios de carga de la cartuchería”, lo cual hubiera dado además “salida a la cantidad de municiones construida aislando en los dos Archipiélagos este calibre lo que no hubiera presentado ningún inconveniente en cuanto al municionamiento”.

Sin embargo “ordenes superiores” obligaron a modificar dicha distribución y todo ese armamento y municiones se encontraba distribuido por maestranzas y parques, convenientemente reparado y en su mayor parte empacado, ascendiendo a la cantidad de 166.000 fusiles, 6.405 fusiles ametralladores y 3.648 ametralladoras, lo cual no era nada despreciable, “pero no se ha considerado conveniente mezclarla en el plan general”.

También existía una dotación nada despreciable de armamento italiano de 6’5 mm., procedente de la ayuda al bando nacional, consistente en 67.000 fusiles, 2.800 fusiles ametralladores y 1.620 ametralladoras que “está casi en su totalidad recogido y sólo quedan algunas pequeñas cantidades en poder de Policía Armada, Guardia Civil, Carabineros y Marina, hasta tanto pueda realizarse la unificación en estos Organismos”. Respecto al recién creado Ejército del Aire “la unificación es ya un hecho en el calibre 7’92 mm.”.

Por su parte el Ejército de Tierra tenía ya unificado el armamento para el cartucho de 7 mm. en la serie A para toda la Península, en las series A y B para las guarniciones de Ceuta, Melilla y Protectorado de España en Marruecos así como en parte de Baleares y Canarias, pudiéndose “dar por terminada a falta de pequeñas entregas o incidencias, habiéndose recogido la enorme cantidad de armamento de diversas procedencias que llegó a usarse en la guerra”.

El principal déficit en 7 mm. estaba en los fusiles ametralladores que el informe secreto establecía para la serie A en 2.105 unidades, pendientes de fabricación, así como de otras 2.584 para completar la serie B del Ejército de Africa, solicitándose para ello los créditos necesarios.

Pero ya para entonces estaba adoptada la decisión de que el futuro cartucho reglamentario fuera el alemán de 7’92 mm., con el que había el proyecto de cubrir la serie B para la Península y las series C para la Península y Marruecos, cifrándose las necesidades de fabricación en 184.364 mosquetones, 9.119 fusiles ametralladores y 12.045 ametralladoras.

En junio de 1940 ya se había ordenado la transformación de las fábricas para construir el mosquetón de 7’92 mm. como arma única así como el fusil ametrallador y ametralladora recamaradas para dicho cartucho, como consecuencia de “las conclusiones que para esta clase de armamento se desprenden de las Comisiones interministeriales nombradas”.

Ahora bien, ello exigía tiempo, un tiempo que podía reducirse al mínimo, según se exponía, intensificando la entrega de fusiles ametralladores de 7 mm. en el periodo de transición, lo cual realmente no era un gran inconveniente ya que la fabricación de 7’92 mm. podía entregarse de lleno a cubrir las deficiencias de las series B y C.

Tal y como se exponía, “en cualquier momento intermedio se dispondría de armamento de 7 y 7’92 como básico con fábricas de municiones de las dos clases, lo cual no complicaría en exceso el problema del municionamiento y aún dispondríamos como reserva del 7’62 y 6’5, lo que compensaría en parte las deficiencias de algunos elementos”.

La previsión era proceder más adelante, pasar a la serie A el 7’92 mm. y a la C el 7 mm., con lo que finalmente las series A y B serían de 7’92 mm., la serie C de 7 mm. y la de reserva de 7’62 mm y 6’5 mm., si bien tal y como se reconocía, “no parece pueda hablarse sin embargo de esto en un periodo inferior a los 6 años, aunque la transformación de las fábricas esté a punto de terminarse”. En resumen podía contarse con tres series de fusiles de diversos calibres, dos de ametralladoras y diversidad de calibres y falta de fusiles ametralladores incluso para completar a serie A.

Otro problema a tener en cuenta era que a pesar de que las maestranzas y parques podían efectuar casi todas las reparaciones necesarias de armamento que entonces estaba fuera de servicio como resultas de la guerra civil, “las plantillas reducidísimas de personal de oficinas, auxiliares técnicos y obreros especializados, así como la constante reducción de sus presupuestos hace casi imposible lo anterior”.

También se exponía que muchos de los trabajos que se ejecutaban tenían por objeto la entrega de armamento a otros “Ministerios o Institutos, lo que al no tener compensación económica por aquellos agobian aún más los reducidos presupuestos” así como que “los datos citados no preveen un posible aumento en las dotaciones de armas automáticas, bien probable, dado lo esquelético de nuestras Divisiones en comparación con la de otros Ejércitos”.

El armamento colectivo y pesado.
   
En junio de 1940 el Ejército español tenía de dotación morteros de 45, 50 y 81 mm., considerándose suficientes las existencias de los dos primeros calibres para completar las plantillas de las series A y B, si bien para la serie C se hacía necesario construir 1.824 unidades. Respecto al tercer calibre hacían falta 47 piezas para completar las series A y B así como construir para la serie C y otras necesidades, 848 unidades.

Sobre el mortero de 120 mm., bautizado como modelo “Franco”, el programa completo exigía un total de 414 piezas, no encontrándose en ese momento ninguna en fabricación, contándose sólo con una experimental, “terminada a falta de pequeñas modificaciones” y un contrato establecido con la empresa guipuzcoana Esperanza y Cía., recomendándose que “se aligeraran los trámites necesarios, créditos, etc., para impulsar vigorosamente esta fabricación que nos permitiría el uso de un arma de efectos muy energéticos y de gran aplicación en la guerra”.

Respecto al programa antiaéreo -ametralladoras de 20 mm., cañones de 37 o 40 mm. tipo Bofors modelo 33 y cañones de 88 mm. o similar- el informe secreto se ocupaba inicialmente sólo de las primeras, exponiéndose que faltaban 276 piezas para las series A de Península, Marruecos, Canarias y  completo de Baleares; 55 para la serie B de Marruecos; 33 para el completo de Canarias; y 855 para las series B y C. Y además “si se incluye el plan de defensa antiaérea completo con Costa y Defensa del Interior, no prodigando en exceso las armas, se necesitaría un mínimo de 4.000 piezas”. 

Tras unas interesantes consideraciones sobre los planes de recuperación de los modelos Breda, Flak y Oerlikon procedentes de la guerra civil y los estudios de fabricación de una ametralladora antiérea de calibre 12’37 mm. de gran aplicación en el Ejército del Aire y que podría utilizarse en costa, en Marina y en protección de cuarteles generales, montados por parejas o en órganos de 4 o 6, así como los estudios sobre la aplicación de un montaje al fusil ametrallador de 7’92 mm. para protección de columnas en marcha, estacionamiento de tropas, etc., se concluía en dicho apartado que “nuestro estado en esta cuestión es verdaderamente lamentable, pudiendo asegurarse que las Unidades del Ejército en caso de una campaña seria estaría totalmente indefensas contra los ataques aéreos”.

Respecto a los cañones antitanque el Ejército disponía sólo de 395 útiles de los calibres 37 y 45 mm., siendo necesarias 46 piezas para completar las series A de Península, Marruecos, Canarias y completa de Baleares; 34 para la serie B de Marruecos; 21 para el completo de Canarias; y 556 para las series B y C. Si bien se había ordenado el estudio de un tipo de 45 mm. y su fabricación estaba iniciada, “puede decirse que vivimos de las existencias de la guerra” así como que “nuestra inferioridad es bien manifiesta en arma tan útil, especialmente para un plan defensivo que compensara nuestro enorme déficit en material de carros de combate”, teniéndose que ordenar para paliar parcialmente dicha situación el estudio de un proyectil perforante para el cañón de 75/28.

Por último, sobre el resto de nuestra artillería, la situación tampoco era mejor, tal y como se expone en el minucioso recorrido por la de campaña, donde “nos falta aún un largo camino por recorrer” y más aún con “la situación actual de Europa en guerra”, disponiéndose sólo de material para cubrir en tiempo de paz la serie A; por la de defensa antiaérea para costa e interior, donde “no se posee absolutamente ninguna”; y la de costa, en la que “el tiempo necesario para completar aún este programa de urgencia es largo”.

(Continuará)

IRAQ, UN AÑO DESPUÉS DEL REPLIEGUE.



Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CADIZ" el 19 de mayo de 2005, pág. 5.

Este mes se cumple un año del polémico repliegue de las tropas españolas desplegadas en Iraq. ¿Tuvieron que haber ido a aquella posguerra bajo sospecha y en aquel contexto? ¿Debieron marcharse de allí en la forma que lo hicieron?

Posiblemente ninguna de esas preguntas corresponda responderlas a los militares que cumplieron las órdenes emanadas de los gobiernos legítimos que en cada momento las dictaron, pero también hay que reconocer que no ha habido una cuestión de índole internacional que haya suscitado un debate de tal magnitud entre la opinión pública española.







Sin embargo, y al margen de tal polémica, la actuación y labor de nuestros contingentes en aquellas lejanas y peligrosas tierras, un año después de su regreso a España, sigue siendo una gran desconocida para la mayoría de los ciudadanos. ¿Sabe usted lo que realmente hicieron allí?


La verdad es que hubo pocos periodistas españoles para contarlo, y lo cierto es que muchos de esos militares lamentan haberse visto involuntariamente en el ojo de un huracán que no era el suyo, e incluso que desde algún sector se haya cuestionado por primera vez en una misión internacional su trabajo arriesgado, humanitario, meritorio y sacrificado pero, como siempre, desconocido.


Tras la victoria anglo-norteamericana sobre el dictador Sadam Hussein, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 22 de mayo de 2003 la Resolución 1.483, mediante la que se reconocía a ambas naciones su papel de potencias ocupantes de Iraq, a través de una conferida "Autoridad Provisional", reconociéndose asimismo la posibilidad de participación de otros países de forma que, sin tener la consideración de potencia ocupante, pudieran contribuir a garantizar la seguridad y estabilidad del país, así como a colaborar en su reconstrucción. Y España fue una de las más de treinta naciones que inicialmente acudieron a ese llamamiento.


Se ignora si los más de tres mil militares españoles que estuvieron en Iraq entre agosto de 2003 y mayo de 2004, repartidos en tres contingentes sucesivos, consideraron aquella guerra ilegal o no, pues entre otras cosas nunca se les encuestó al respecto, nunca participaron en ella y posiblemente nunca les correspondiera siquiera opinar sobre ello. Pero lo que sí que vi es que se sintieron muy orgullosos de ayudar al pueblo iraquí y nunca se consideraron ocupantes ni invasores. Y la verdad es que la mayoría de los habitantes de las provincias de An Nayaf y de Ad Qadisiyah tampoco se lo hicieron sentir.


Ha pasado un año desde que se marcharon de allí y frente a algún libro oportunista que pretenciosamente se vende como "una novela valiente sobre la presencia española en Iraq", cómodamente escrita a miles de kilómetros y sin conocer la realidad, algunos de sus protagonistas, los de verdad, los de carne y hueso, los que si han estado allí, los voluntarios, no los títeres frustrados y forzosos de pluma y papel, han empezado a contar sus propias experiencias en otros libros.


El primero en hacerlo ha sido el comandante de la Guardia Civil Eduardo Martínez Viqueira con su obra Recuerdos de Irak, presentada hace unos días en Madrid. Su muy recomendable lectura sorprenderá al lector, que se verá introducido, de forma amena y ágil a lo largo de más de 250 páginas, en el costumbrismo, la cultura, la historia, la religiosidad y la vida cotidiana local, reflejando perfectamente la idiosincrasia de sus habitantes así como en las actividades diarias de un grupo de militares españoles que entre agosto y diciembre de 2003 constituyeron en la provincia de An Najaf el denominado Equipo de Apoyo a la Autoridad Territorial Provisional iraquí, en áreas tan poco bélicas como las de agricultura y alimentación; educación, cultura y deportes; economía y hacienda; gestión de carburantes; gobierno y administraciones públicas; infraestructuras; justicia; sanidad; y seguridad pública.


Posiblemente tenga sólo el valor de narrar su experiencia personal, y su historia o visión no sea representativa, pero es la que él vivió intensamente. Y no es el único, pues otros militares están trabajando en diferentes proyectos literarios, algunos ya muy avanzados, sobre su desconocida labor en favor de la población iraquí, la única y verdadera víctima. Esto no ha ocurrido con otras misiones internacionales como Afganistán, Bosnia-Herzegovina o Kosovo, por ejemplo. ¿Por qué nuestros militares quieren o necesitan escribir sobre Iraq? ¿Por qué Iraq fue diferente?.

LA REPRESION EN CADIZ Y EL LIBRO DE ALICIA DOMINGUEZ.



Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "LA VOZ DE CADIZ" el 21 de abril de 2005, pág. 30. 
El original está ilustrado con un dibujo en blanco y negro.

El pasado 14 de abril, coincidiendo con el LXXIV aniversario de la proclamación de la Segunda República -y no por casualidad- la joven historiadora e investigadora Alicia Domínguez presentó su obra "El verano que trajo un largo invierno", fruto de su brillante tesis doctoral, calificada con sobresaliente cum laude por unanimidad, sobre la represión político-social que se padeció en Cádiz, San Fernando y Puerto Real entre los años 1936 y 1945.

El escenario escogido para tan emotivo acto –y nunca mejor dicho ya que no faltaron lágrimas ni sollozos apenas contenidos por quienes tanto tiempo venían sufriendo en silencio- fue –y tampoco por coincidencia- la Diputación provincial, cuyo histórico edificio se convirtió en la calurosa tarde del 18 de julio de 1936, en el primer e involuntario protagonista del largo, duro y frío invierno gaditano a que se refiere la autora en su portada.

Editado por Quórum y publicado bajo formato de dos volúmenes de más de trescientas páginas cada uno, se acompañan de un CD que gracias a las nuevas tecnologías se pueden consultar los listados nominales de 13.485 personas que padecieron la represión de una u otra forma, con expresión de sus más variadas vicisitudes: depuraciones, detenciones, encarcelamientos, fusilamientos, incautaciones, investigaciones, procesamientos, etc.

La cifra de 13.485 es mucha cifra y mucha más cifra si recordamos que la victoria por las armas fue alcanzada por los sublevados en las tres ciudades citadas de la bahía gaditana en apenas veinticuatro horas. ¿Por qué tanta persecución, tanto odio, tanta sangre y tanto terror?.

Sinceramente creo que tan tremenda e irracional brutalidad, no hay verdadero católico -y en el bando de los vencedores supuestamente lo eran todos pues así se hacía constar expresamente en los correspondientes certificados que por aquel entonces se extendían- que lo pudiera aceptar o siquiera intentar justificar. La verdad es que cuando escucho comentarios intentando defender lo indefendible me da mucha tristeza y me hace reflexionar sobre lo poco que algunos han evolucionado en esta España democrática que hoy disfrutamos.

Por ello la lectura de la obra de Alicia Domínguez es altamente recomendable y muy saludable, no sólo para miles de familias gaditanas que tenemos parientes en esos casi interminables listas que ella ha confeccionado, con método y rigor, tras investigar y purgar durante años numerosos archivos, sino precisamente para quienes no tienen ni desean tener memoria histórica alguna o simplemente desconocen la verdad y terrible magnitud de lo acontecido.

En Cádiz y su bahía, al igual que en el resto de la provincia, la represión fue brutal y desproporcionada. Todavía no está cualificada ni cuantificada pero se está en ello y el trabajo de la autora constituye un buen ejemplo.

Estamos acostumbrados a escuchar las voces de quienes enseguida recuerdan los crímenes y tropelías de todo tipo cometidos también en zona republicana, y es verdad que ocurrieron –mi propia familia las sufrió, comenzando con mi abuelo paterno que yace en una fosa común de Mahón- pues las retaguardias siempre son cobardes y rastreras y ningún bando pudo sentirse orgulloso de las felonías cometidas precisamente por quienes eludieron arriesgar su vida en el frente.

Pero ni en Cádiz, San Fernando o Puerto Real, al igual que en la mayor parte de la provincia, hubo periodos de "dominación roja" que vengar. El conjunto y tipología de la represión ejercida en estas poblaciones gaditanas no tiene absolutamente nada que envidiar a aquellas zonas de España que permanecieron bajo el control de la República hasta el último momento. Como dice la autora fue una represión preventiva y no punitiva.

La principal diferencia genérica en esta materia estriba en que con el fin de la guerra civil no llegó la paz sino la victoria y con ella una despiadada represión que se prolongó en el tiempo alargando ese inhumano invierno que nunca debió comenzar. Y en Cádiz, San Fernando y Puerto Real, la victoria y … todo lo demás, llegaron demasiado temprano, concretamente el 19 de julio de 1936.

Por todo ello y para evitar que se cumpla la sentencia de que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, es muy bueno y necesario que obras como las de Alicia Domínguez vean la luz y se lean, por todos y no sólo por los que llevan mucho tiempo recordando y sufriendo en silencio.

INFORME SECRETO. EL ARMAMENTO DEL EJÉRCITO ESPAÑOL ANTE LA 2ª GUERRA MUNDIAL (IV). LOS PROYECTOS DE LOS NUEVOS MODELOS.




Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en el nº 274 correspondiente al mes de abril de 2005, de la Revista "ARMAS", págs. 84-90. 
Los originales están ilustrados por diez fotografías en color y tres en blanco y negro.

lunes, 1 de septiembre de 2014

INFORME SECRETO. EL ARMAMENTO DEL EJÉRCITO ESPAÑOL ANTE LA 2ª GUERRA MUNDIAL (III). LA PRODUCCIÓN DE LAS FÁBRICAS MILITARES.


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en el nº 273 correspondiente al mes de marzo de 2005, de la Revista "ARMAS", págs. 74-80. 
Los originales están ilustrados por doce fotografías en color y una en blanco y negro.


El 1 de enero de 1940, cuatro meses después de comenzada la 2ª Guerra Mundial, la Dirección General de Industria y Material del Ministerio del Ejército, elaboró un minucioso informe sobre la capacidad máxima de producción bélica de todas las fábricas militares españolas.
La industria castrense española tenía tradicionalmente por objeto dotar al Ejército del armamento y municiones necesarios en el cumplimiento de sus misiones. Para la construcción de ese material de artillería y campaña existían desde muy antiguo una serie de establecimientos industriales bajo jurisdicción militar cuya dirección corría a cargo del Cuerpo de Artillería si bien la mayor parte de los operarios eran civiles.

En el citado informe, ilustrado con numerosos diagramas artesanalmente dibujados y coloreados a mano, se detallaba cual era la capacidad máxima de producción de todos los centros castrenses por turnos de 8, 10 y 24 horas respectivamente, en función de los procesos de fabricación. Se trataba de un documento de gran interés que cruzado con el que se elaborase sobre consumos medios en periodo de campaña, delataría cual era la verdadera capacidad bélica de nuestro Ejército en caso de enfrentarse a un nuevo conflicto armado.

Los establecimientos dirigidos por mandos de Artillería en el año 1940 estaban dedicados a la fabricación de material de artillería, munición, cartuchería metálica, armamento portátil, artificios, pólvoras, explosivos y sustancias químicas. En todos los casos se trataban de centros que durante la Guerra Civil habían estado bajo control del bando nacional, desechándose al finalizar la contienda la posibilidad de continuar con la producción de las fábricas bélicas del bando republicano.

Las Fábricas de Artillería
  
En 1940 había en España dos centros industriales dedicados a la fabricación de piezas de artillería –obuses y cañones- y a la de producción de proyectiles de diferentes clases y calibres, que estaban ubicados en Trubia y en Sevilla. La primera remontaba sus comienzos al año 1795 cuando se ordenó establecer una fábrica asturiana de municiones de hierro colado mientras que la segunda había tenido su origen en el año 1565 con una fundición hispalense de cañones y piezas de bronce.

La Fábrica de Trubia, contando con las materias primas necesarias, tenía capacidad para producir tan sólo una batería de 155/13 y otra de 105/11 al mes, basándose en turnos de trabajo de 10 horas diarias durante 25 jornadas, lo cual era insuficiente para atender las necesidades de un conflicto bélico de dicha entidad.

La situación mejoraba algo, aunque no suficientemente, respecto a la capacidad de fabricación de granadas rompedoras de artillería de campaña, ya que se alcanzaba por cada turno de 10 horas de trabajo, la cantidad de 250 unidades para obús de 155/13 y otras tantas para el de 105, así como un millar de granadas para los cañones de 77/24 y 77/32. Simultáneamente se podían producir en idénticos turnos horarios un total de 750 vainas de cañón y 500 cascos cubrecabezas.

La producción de la Fábrica de Artillería de Sevilla no era mucho mejor respecto a su capacidad de fabricación de obuses pues sólo era capaz de sacar adelante una batería de 105/11 al mes en el mismo tipo de turnos que el centro asturiano. Tampoco alcanzaba el nivel de la de Trubia respecto a las granadas rompedoras ya que las cantidades se reducían a 50 unidades para obús 155/13 y 155/26, a 400 unidades para obús 100/17, 150 unidades para cañones de 105/11 y 105/22 así como 100 unidades para los cañones de 45 mm. que montaban los “tanques” de origen ruso que tenía de dotación el Ejército español, capturados al bando republicano tras la Guerra Civil.

Asimismo era capaz de fabricar en cada turno de 10 horas un total de 100 granadas de mortero de 50 mm. y la mitad en el caso del mortero de 81 mm. además de 1.500 granadas de mano tipo “Laffite”. Respecto a estas últimas valga la pena de resaltar anecdóticamente que el historiador y coronel de Artillería Enrique de la Vega Viguera en su obra “Sevilla y la Real Fundición de Cañones”, editada en 1992, cita que antes de la Guerra Civil la producción diaria de dicho tipo de granadas de mano en la fábrica hispalense era tan sólo de 200 diarias a cargo de 10 operarios, experimentando a partir de entonces un gran aumento tanto en fabricación como en personal laboral como consecuencia de las necesidades bélicas de campaña.

Las Fábricas de Armas

En materia de armamento portátil, España contaba con dos establecimientos industriales militares, ubicados respectivamente en la capital asturiana y en La Coruña. La primera, denominada Fábrica de Armas Portátiles de Oviedo -cuyos orígenes se remontaban al año 1794 cuando la Corona dispuso que la fabricación de fusiles, establecida en Plasencia, Eibar y Elgoibar se trasladase a Asturias- podía llegar a producir por cada turno de 8 horas un total de 5 ametralladoras pesadas “Hotchkiss” (modelo 1914 de 7 mm.), 15 fusiles ametralladores (en principio eran del modelo O.C. de 7 mm. que pronto fue sustituido por el F.A.O. basado en el modelo checo Z.B.O.) y 30 subfusiles (aunque no se cita el modelo concreto debía tratarse de la copia española del alemán Schmeisser MP-28 II, recamarada para el cartucho de 9 mm. largo ya que la versión española del germano Erma-Vollmer no empezó a ver la luz en la fabrica coruñesa hasta el año siguiente).

En la segunda, la Fábrica Nacional de La Coruña -creada a finales de 1936 por el bando nacional como consecuencia directa de las necesidades surgidas en la Guerra Civil con maquinaria y personal procedente de la de Oviedo, la cual permaneció cerrada hasta 1938 como consecuencia de los daños que sufrió durante su asedio- la capacidad de producción por cada turno de 8 horas era de 100 mosquetones máuser de 7 mm. y de 30 pistolas.

Respecto a esta últimas hay que pensar que debía de tratarse más bien de una previsión caso de que el proyecto de montar una cadena de producción de un nuevo modelo de pistola que estaba en experimentación saliera adelante. El tratadista Jesús E. Casariego en su obra “Las armas en España”, editada en 1984 como obra conmemorativa del XXV aniversario de la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares S.A. (1959-1984) cita que en 1941 se había iniciado el estudio y construcción de un lote experimental de 50 pistolas de 9 mm. largo “Nacional” que no llegó a desarrollarse en serie.

Dada la fecha del informe objeto principal de este artículo -1 de enero de 1940- hay que adelantar al menos la fecha del estudio del prototipo de esa pistola a finales de 1939. Hay que recordar que por aquel entonces el Ejército tenía desde 1921 como pistola reglamentaria el modelo 400 de 9 mm. largo de la casa Astra mientras que la Guardia Civil tenía adoptada oficialmente desde 1922 -aunque empezara a adquirirla dos años antes- el modelo militar Star de 9 mm. largo de la firma de Bonifacio Echeverría.

Si el Estado hubiera iniciado en 1940 la producción propia de armas cortas para dotar a sus fuerzas militares y policiales, bien seguro que hubiese supuesto un gravísimo quebranto a ambas empresas privadas vascas. La realidad es que la pistola coruñesa nunca llegó a ser fabricada en serie ni adoptada reglamentariamente.

Las Fábricas de Munición

En este apartado se detallaban en el informe las capacidades y productos bélicos de la Pirotecnia Militar de Sevilla y de las Fábricas Nacionales de Toledo y Palencia.

La primera -que tenía su antecedente histórico en el año 1827 cuando sus terrenos se destinaron a la creación de la Escuela Central de Pirotecnia, construyéndose ya en el bienio 1847-49 la fábrica de cápsulas de guerra para fusil de pistón y chimenea- estaba dedicada desde mediados del siglo XIX a la fabricación de todos los cartuchos reglamentarios para las armas portátiles y a la de todos los artificios que exigían las necesidades del Ejército.

En la Pirotecnia hispalense y en materia de cartuchería metálica se podían fabricar por cada turno de 8 horas hasta 500.000 cartuchos para fusil máuser y 10.000 de pistola además de 200 granadas de artillería de 120 mm. En materia de artificios las capacidades de producción en los turnos citados eran de 1.500 cebos de distintas clases; 1.750 espoletas I.R. del modelo 1939, de tiempos y para cañones de 20 mm. y 45 mm.; así como 1.450 estopines obturadores de los modelos 22, legionario y para los obuses de 105 y 155.

El establecimiento de Toledo había sido creado en el año 1780 por orden del rey Carlos III para la producción de armas blancas, instalándose en 1870 los talleres de fabricación de cartuchería metálica y en 1926 los de espoletas. Allí podía llegar a fabricarse por cada turno de 8 horas hasta 300.000 cartuchos máuser de 7 mm. así como 100 cuchillos-bayoneta, 250 estopines obturadores modelo 1922, un total de 700 para los obuses 105 y 115 así como 400 espoletas modelo Placencia.

En el centro de Palencia –construido por el bando nacional en el año 1937 con personal y maquinaria procedente de Toledo- la producción de munición máuser de 7’92 mm. por cada turno de 10 horas de trabajo se podía elevar hasta 500.000 cartuchos así como hasta 600 espoletas I.R. modelo 1939.

Las Fábricas de Pólvoras, Explosivos y Sustancias Químicas.

Los centros de producción militares de estas sustancias de alto interés y valor bélico se encontraban localizados en Murcia, Granada, Valladolid, La Marañosa y Cortes.

La Fábrica de Pólvoras de Murcia -cuyos orígenes históricos se remontaban a los tiempos del rey Felipe III ya que en su emplazamiento existió entonces un molino de pólvora- tenía una capacidad de producción en 24 horas de 2.000 kgs. de pólvora de nitrocelulosa, 1.200 kgs. de pólvora N.S.D. y 1.000 kgs. de pólvora negra. En el informe se hacía mención a que se estaban ampliando sus instalaciones para alcanzar una capacidad de hasta 6.000 kgs. del primer tipo de pólvora y hasta 3.000 kgs. del segundo.

La Fábrica de Pólvoras y Explosivos de Granada -cuyos antecedentes hay que buscarlos en los tiempos de dominación árabe pasando a titularidad de la Corona cuando la ciudad se rindió a los ejércitos de los Reyes Católicos- era capaz de producir en 24 horas, 2.000 kgs. de trilita, 1.500 kgs. de pólvoras, 1.000 kgs. de tetralita y 300 metros de mecha rápida.

La Fábrica Nacional de Explosivos de Valladolid, surgida durante la Guerra Civil, con sus instalaciones de nitrico y nitrato amónico, era capaz de producir en 24 horas hasta 30.000 kgs. de amonal.

Las fábricas madrileña de La Marañosa y navarra de Cortes –esta última creada por el bando nacional durante la Guerra Civil- estaban afectas al Servicio de Guerra Química y eran herederas de la denominada Fábrica Nacional de productos químicos “Alfonso XIII” de San Martín de la Vega creada en 1923. La capacidad de producción en 24 horas era de un total de 3.000 kgs. de iperita, 2.000 kgs. de fosgeno, 700 kgs. de cloroacetofenona  y 400 kgs. de arsinas

 (Continuará)

FRANCISCO COSSI OCHOA (1898-1936). LA MEMORIA DE UN PRESIDENTE DE DIPUTACION ASESINADO Y DESAPARECIDO.



Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "LA VOZ DE CADIZ" el 19 de marzo de 2005, pág. 32. 
El original está ilustrado con un dibujo en blanco y negro.



Casi setenta años después de su detención, encarcelamiento, procesamiento y asesinato, se rinde público homenaje a la memoria del joven político portuense nombrándole Presidente Honorario de la Diputación Provincial de Cádiz, título que se otorga por primera vez en la historia de dicha institución.

La verdad es que aunque vino al mundo durante un régimen monárquico en 1898 -el año del Desastre en el que España perdió sus últimos territorios de Ultramar- puede afirmarse que nació bajo el estigma republicano, ya que su madre dio a luz en el domicilio familiar sito en la calle dedicada a Federico Rubio, el insigne médico y político republicano de El Puerto de Santa María.

Su entrada en la política vino, al igual que otros muchos jóvenes de la época, de la mano del sindicalismo en cuyas filas militó desde temprana edad. Eran tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera en cuyo ocaso terminó por arrastrar, después de muerto, una monarquía caduca y desprestigiada que no ilusionaba ni motivaba siquiera a los propios cortesanos.

De hecho el periódico local conservador y monárquico "Revista Portuense" en su edición del 15 de abril de 1931, bajo el titular de "Proclamación de la República", entonaba el mea culpa en su primera plana con un significativo lamento "Hoy es preciso que lloremos como mujeres lo que no hemos sabido defender como hombres, porque la República viene a España traída precisamente de la mano por los monárquicos. Los republicanos nada han hecho, sino que hoy entran a recoger el fruto de nuestra desidia, de nuestra desunión y falta de ideal".

Ya para entonces Cossi era un destacado dirigente local republicano que se había presentado en el Puerto de Santa María a las históricas elecciones celebradas tres días antes y que tuvieron que ser anuladas por las manifiestas irregularidades promovidas por las filas monárquicas, al igual que había ocurrido en otras 24 localidades gaditanas más.

En los nuevos comicios celebrados el 31 de mayo siguiente Francisco Cossi fue el candidato más votado y se convirtió en el primer alcalde democrático y republicano de El Puerto de Santa María, con el apoyo de la mayoritaria coalición republicana-socialista. 

Eran tiempos donde los ediles no cobraban sueldos y la plena dedicación a la que se entregó en su labor municipal casi acabó un año después con su salud física y su ruina económica, viéndose obligado a dimitir, requiriendo a su sucesor que se publicara detalladamente las cuentas económicas de su gestión al frente de la corporación.

Los constantes vaivenes y confrontaciones políticas de la ciudad le volvieron a llevar, promovido por sus correligionarios, a ocupar la presidencia de la alcaldía con la intención de encauzar la situación. 

Sin embargo ya para entonces corrían tiempos difíciles y el proyecto republicano comenzaba a hacer agua. El mismo error de antaño de las derechas se volvió a repetir entre las izquierdas, cundiendo la desunión y el egoísmo de los protagonismos partidistas que terminaron por motivar nuevamente la dimisión de Cossi tras una agria discusión en un pleno con los concejales socialistas.

Las elecciones del 16 de febrero de 1936 volvieron a unir a las izquierdas y Cossi, militante de Izquierda Republicana procedente del Partido Republicano Radical Socialista Independiente, volvió a ser elegido como concejal aunque en esta ocasión su lugar no estaría al frente del ayuntamiento portuense sino al de la comisión gestora de la Diputación provincial.

Durante los cinco meses siguientes encabezó diversos proyectos de asistencia social y beneficencia, apoyando entusiastamente el proyecto andalucista de Blas Infante, a quien sirvió de cicerone en su histórica visita a Cádiz del 12 de julio de 1936, donde se izó por primera vez la bandera blanca y verde en el balcón del ayuntamiento capitalino.

Seis días después la sublevación militar le sorprendió en su despacho oficial, cuyo edificio compartía con el gobierno civil. Pudo intentar huir como hicieron otros cuando los rebeldes que tenían cercado el edificio dejaron salir a quienes voluntariamente desearan hacerlo junto a las mujeres y niños. Sin embargo decidió quedarse junto a quien en ese momento representaba al gobierno legítimo de la República, el gobernador Mariano Zapico.

Con el desembarco de las tropas indígenas de Ceuta finalizó la resistencia republicana y Cádiz se ganó para la sublevación militar. Cossi fue detenido y conoció la prisión militar de Santa Catalina, el buque-prisión "Miraflores" y la prisión provincial, de donde desapareció entre el 17 de agosto de 1936 sin dejar rastro alguno y sin conocimiento del juez militar que lo había procesado por el paradójico delito de rebelión militar contra la República.

Su muerte, siete décadas después, está todavía por esclarecer y sus restos no han sido aún localizados, pero tal y como escribió desde su celda pocos días antes "mi conciencia está profundamente tranquila". Algo que seguramente no podrían decir quienes lo asesinaron impunemente.

Jesús Núñez es autor del libro "FRANCISCO COSSI OCHOA (1898-1936). El último Presidente de la Diputación Provincial de Cádiz en la Segunda República. Una muerte sin esclarecer".