LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LV). LAS ESPOSAS DE LOS GUARDIAS CIVILES DE CASAS VIEJAS (1933).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 22 de febrero de 2021, pág. 11.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

  

Finalizaba el capítulo anterior con el sargento Manuel García Álvarez, comandante de puesto de Casas Viejas, mortalmente herido de un disparo en la cabeza efectuado por los subversivos. Se encontraba todavía de pie, tambaleándose y apoyándose como podía, arengando en la defensa del acuartelamiento a los guardias civiles Manuel García Rodríguez y el sanroqueño Pedro Salvo Pérez.

Las declaraciones tomadas en el expediente de apertura de juicio contradictorio para acreditar si existían méritos para la concesión de la cruz laureada de San Fernando a este último, siguen aportando datos inéditos de lo sucedido en el interior de la casa-cuartel durante el ataque sufrido.

El guardia 2º García Rodríguez continuó relatando su testimonio al primer instructor, capitán Pablo Incera Vidal. Contó como el sargento tras resistir casi una hora no pudo ya más, “sin duda por la gravedad de la herida y la gran cantidad de sangre que por la misma perdía”.

Fue entonces cuando Salvo y él lo llevaron a la cama del primero, recostándolo junto al agonizante guardia 2º Román García Chuecos, herido gravemente también de otro disparo en la cabeza. El declarante manifestó que seguidamente aprovechó para ponerles a ambos, “una inyección de ergotina y dos de aceite alcanforado, dejándolos ya al cuidado de las mujeres que en el cuartel había”.

Llegados a este punto hay que significar que cuando se produjo al amanecer del 11 de enero de 1933, el ataque a la casa-cuartel de Casas Viejas, estaban en su interior, además del sargento y los tres guardias 2º citados, sus familias. Para ser sinceros hay que reconocer que la historiografía sobre los trágicos sucesos nunca se preocupó mucho, por no decir nada, de ellas. 

No hay que olvidar que entonces los guardias civiles vivían en su mayor parte con sus familias en casas-cuarteles. Un reducido sueldo que no llegaba a las 300 pesetas mensuales y numerosos cambios de destino a lo largo de su carrera militar, no les dejaba otra alternativa que residir en los pabellones del acuartelamiento, a pesar de tratarse habitualmente de unas viviendas que padecían un estado de habitabilidad y salubridad bastante precario. 

Las familias de los guardias civiles siempre fueron a lo largo de la historia, desde los tiempos fundacionales, las grandes sufridoras, con resignación y en silencio, de las tragedias y vicisitudes profesionales que padecieron aquellos. No existen historiadores que se hayan preocupado de ellas, salvo ocasionalmente alguna pequeña referencia. El tema de sus viudas y sus huérfanos, como el caso que nos ocupa, siempre fue aún peor. Siempre fueron los grandes olvidados. De hecho, a pesar de que existen en la geografía nacional diversos monumentos dedicados al benemérito Instituto, no hay ninguno consagrado a la familia del guardia civil, que bien se lo merece.

 

Volviendo a Casas Viejas, el comandante de puesto, que terminó falleciendo dos días más tarde en el hospital militar de Cádiz, estaba casado con Ramona González Milán y fruto de su matrimonio tenían dos hijos llamados Mercedes y Juan Manuel. El guardia 2º García Chuecos, que falleció también en Cádiz, el 4 de febrero siguiente, tras una larga y dolorosa agonía, estaba casado con Ignacia López de la Calle Palacio y tenían cuatro hijos llamados José, María, Pilar y Francisco. El guardia 2º García Rodríguez estaba casado con María Moreno de Castro y no tenían hijos. Y el guardia 2º Salvo Pérez estaba casado con Eulalia González Utar y entonces tenían todavía sólo un hijo llamado José.

En los expedientes instruidos, tanto a Salvo como a los otros tres defensores del benemérito Instituto, sólo consta la referencia genérica de la atención que prestaron las mujeres a los dos malheridos. En los numerosos testimonios recogidos en los mismos, entre los que hay incluso varios vecinos de Casas Viejas, no se encuentran los de las esposas por la sencilla razón de que ninguno de los dos instructores, tanto el ya citado capitán Incera como el de igual empleo, Federico Montero Lozano, auxiliado éste por el sargento Claudio Luengo Pizarro, en calidad de secretario, no lo creyeron necesario.

Pero tampoco lo hizo el juez especial de la causa núm. 12/1933, capitán de Artillería Julio Ramos Hermoso, destinado en el Regimiento de Costa núm. 1 de Cádiz, que instruyó el procedimiento judicial militar para depurar las responsabilidades penales de los atacantes a la casa-cuartel. Debió estimar que con las declaraciones tomadas a los guardias 2º García Rodríguez y Salvo Pérez era más que suficiente para acreditar los hechos vividos en el interior del acuartelamiento.

Consecuente con lo anterior, cuando se celebró durante los días 25 y 26 de junio de 1934 el consejo de guerra contra 26 vecinos procesados de Casas Viejas, acusados de participar en el ataque a la casa-cuartel, no se citó como testigos a las esposas de los guardias civiles. Tampoco el presidente del tribunal militar, teniente coronel de Infantería Ernesto Marina Arias, destinado en el Regimiento de Infantería núm. 27 de Cádiz, ni el fiscal, auditor de 3ª del Cuerpo Jurídico Militar Juan Lázaro Fernández, asimilado a teniente y destinado en la Fiscalía de la 2ª División Orgánica, debieron considerar que su testimonio fuera relevante.

  

Seguramente pensaron que si durante la instrucción del procedimiento no se había estimado necesario no lo sería entonces durante la vista oral, pues para ello era suficiente el testimonio de los dos guardias civiles supervivientes. Costumbres de la época que actualmente no se hubieran repetido y que privó conocer no sólo la identidad concreta de todos los familiares que estuvieron en la casa-cuartel durante el ataque sino también su relato sobre la angustia y terror que debieron padecer mientras atendían a los heridos moribundos y temían por sus propias vidas.

También hay que tener en cuenta que lo que realmente centró toda la atención mediática, informativa, judicial y política, fue el posterior asesinato de los doce vecinos de la aldea cuando estaban detenidos y engrilletados por el capitán Manuel Rojas Feigenspan y sus guardias de Asalto. Tan brutal crimen relegó a un segundo plano el que se perpetró contra los guardias civiles y sus familias.

En la prensa de la época, la revista “Mundo Gráfico”, en su número 1.107, correspondiente al 18 de enero de 1933, publicó una fotografía con el rostro de la esposa del guardia 2º García Rodríguez, poniendo en valor el auxilio prestado a los dos malheridos. También publicó la fotografía del hueco hecho a golpes en la alacena del tabique colindante con el inmueble vecino, para poder refugiarse en él. Prácticamente publicaron lo mismo las revistas “Nuevo Mundo” (núm. 2.028 el día 20) y “Crónica” (núm. 167 el día 22). 

Aquellas familias horrorizadas pasaron a través del agujero abierto en la pared a la vivienda de Sebastiana Rodríguez Pérez-Blanco. Según contrato suscrito el 1º de abril de 1898, el propietario del edificio alquilado por el ayuntamiento para su uso como casa-cuartel era Antonio Vela Pérez-Blanco. Lo firmaron el alcalde de Medina Sidonia, Luis Lara Sánchez, y el teniente coronel José Gay González, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. La renta anual ascendía en 1933 a 720 pesetas.

(Continuará).

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LIV). PROPUESTA DE LA CRUZ LAUREADA DE SAN FERNANDO AL CABO PEDRO SALVO PÉREZ (1935).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 15 de febrero de 2021, pág. 20.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

 

En el Boletín Oficial de la Guardia Civil núm. 14 de 13 de mayo de 1935, se publicó la Orden General del Cuerpo, dada en Madrid el 25 de abril anterior, abriendo expediente de juicio contradictorio para el ingreso en la Orden Militar de San Fernando, a favor del ya cabo Pedro Salvo Pérez, natural de San Roque.

En dicho boletín oficial se publicaron cinco órdenes generales, todas ellas dictadas por el inspector general del benemérito Instituto, general de división Miguel Cabanellas Ferrer. La primera estaba dedicada a ensalzar el ofrecimiento altruista que había realizado el Patronato de los “Asilos de San Juan y Santa María” del Orfanato Nacional, ubicado en la localidad madrileña de El Pardo. Se trataba de un establecimiento de beneficencia del Estado que acogía a niñas y niños huérfanos entre 4 y 10 años de edad. Los trágicos sucesos revolucionarios del mes de octubre de 1934 habían costado la vida a 111 miembros de la Guardia Civil, además de 182 heridos, en su mayor parte en Asturias. El Patronato había ofertado, “espontánea y generosamente”, 20 plazas para aquellos que habían perdido a sus padres en dichos sucesos, defendiendo el orden y la ley.

Las otras cuatro órdenes generales estaban dedicadas a la apertura de expedientes individuales a los cuatro heroicos defensores de la casa-cuartel de Casas Viejas. El juez instructor de todos ellos, capitán de la Guardia Civil Federico Montero Lozano, había tomado ya las declaraciones que tanto él, como su antecesor, capitán Pablo Incera Vidal, nombrado por Orden General de 5 de abril de 1933, habían considerado oportunas en averiguación de los méritos contraídos.

Concluidas las actuaciones lo elevó el 11 de abril de 1935, dos años después de su inicio, al inspector general del Cuerpo como autoridad que había ordenado su instrucción, siendo entonces el general de brigada de Artillería Cecilio Bedia de la Cavallería.

Conforme lo dispuesto en el reglamento entonces vigente, la autoridad ordenante procedió dos semanas más tarde a su publicación en la correspondiente orden general, exhortando a los generales, jefes y oficiales, clases e individuos de tropa del Ejército, Marina e Institutos o Cuerpos armados que supieran algo en contrario o capaz de modificar la apreciación de los hechos publicados, a que se presentasen a declarar ante el juez instructor en el plazo de diez días.

La apertura del juicio contradictorio había sido solicitada mediante instancia por el propio interesado, entonces guardia 2º de infantería. El expediente estaba encabezado con la orden de proceder y el parte-informe que había elevado el coronel Ricardo Salamero Ortiz, jefe del 16ª Tercio (Málaga), en el que estaba encuadrada la Comandancia de Cádiz, como responsable interino de la 2ª Zona, tras el cese del general de brigada Manuel Gómez García por su presunta vinculación en la intentona golpista de agosto anterior.

Dicho escrito comenzaba exponiendo: “El expresado Guardia defendió la Casa-cuartel del Puesto de Casas Viejas en unión de otro solo Guardia, despues de haber quedado fuera de combate el Sargento que lo mandaba y otro individuo; continuando ellos dos solos la defensa, que ejecutaron con valor y tesón ejemplar durante el lapso de tiempo comprendido entre las siete de la mañana que empezó el asedio, hasta la una y treinta de la tarde, cercados por gran número de revolucionarios armados que tenían rodeado el edificio y deseaban apoderarse de sus armamentos, hasta que a dicha hora llegaron refuerzos del Cuerpo, procedentes de Medina Sidonia, que hicieron huir a los rebeldes y los auxiliaron a todos, habiendo resultado dicho Guardia herido levemente de arma de fuego en una pierna”.

Continuaba informando que el guardia 2º Salvo era de estado casado, con un hijo, y 32 años de edad, contando 16 años, 3 meses y 9 días de servicio en el Cuerpo así como que carecía de notas desfavorables en su historial, observando buena conducta y mereciendo buen concepto.

 

Entre los documentos que se aportaron al expediente destacaban cuatro sendas felicitaciones del director general de la Guardia Civil, teniente general Juan Zubia Bassecourt, cuando se encontraba destinado en el puesto de Algeciras. 

La primera, fechada el 23 de febrero de 1921, era “por su brillante comportamiento en la inundación habida en la aldea de Palmones por desbordamiento de los ríos Guadarranque y Palmones, en los días 12 al 15 del actual, cooperando en unión de sus compañeros a salvar de las corrientes del agua a los habitantes de ella, y sus enseres”.

La segunda, datada el 24 de enero de 1922, fue por un benemérito servicio prestado en Algeciras. Se le concedió “por lo noble y acertadamente que procedió, secundando las órdenes de su Capitán, extrayendo de entre los escombros de un edificio que se derrumbó cuando estaba en construcción, a once obreros que en él trabajaban”.

La tercera correspondía al 24 de julio de ese mismo año, “por los relevantes servicios prestados en la feria de Algeciras, en unión de la demás fuerza, granjeándose el elogio de las Autoridades civiles”.

La cuarta, formulada el 8 de enero de 1923, fue “por el celo y actividad desplegados en conseguir descubrir y detener a los autores de un robo con escalo cometido el 22 del anterior, en el domicilio de Juan Jiménez Gómez, vecino de Algeciras, rescatando todos los efectos robados”. 

La declaraciones que fueron prestándose a lo largo del expediente fueron de gran interés, aunque no tuvieron trascendencia pública, para conocer lo que realmente aconteció durante el ataque en el interior de la casa-cuartel, un pequeño edificio de dos plantas en régimen de alquiler. Gracias al contenido de las mismas se supo que el pabellón de Pedro Salvo se convirtió en el principal baluarte de la resistencia. Situada en la planta superior, dominaba perfectamente la plaza y la calle frontera al acuartelamiento.

En la manifestación prestada por el otro superviviente, guardia 2º Manuel García Rodríguez, se detallaba como subió al dormitorio de Salvo, abrió la ventana lateral derecha y rodilla en tierra disparó con su fusil contra los atacantes, recibiendo un impacto de perdigones en la mejilla izquierda. A su espalda estaba el guardia 2º Román García Chuecos que al igual que el sargento Manuel García Álvarez, cayeron mortalmente heridos por el fuego de los atacantes. Transcurrido un rato cesó temporalmente el tiroteo, momento que aprovechó para gritar a Salvo, que estaba en la planta baja defendiendo la puerta de entrada, para que subiera y le ayudase con los heridos.

Según relató, entre los dos acostaron a Román, que presentaba un impacto de gravedad en la cabeza, en la cama de Salvo. Dejó a éste la defensa desde la ventana y él pasó a hacerlo desde el descansillo de la escalera, lugar que dominaba la parte posterior del edificio, al objeto de evitar que los atacantes pudieran materializar el asalto por esa zona.

Mientras tanto el sargento, que inicialmente había caido al suelo tras recibir un disparo en la cabeza comenzando a sangrar, se levantó y se puso a alentarles y darles ánimos, negándose a acostarse en la cama, a pesar de las reiteradas peticiones de ambos guardias. 

(Continuará).

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LIII). EL TESTIMONIO DEL CABO PEDRO SALVO PÉREZ SOBRE EL ATAQUE DE CASAS VIEJAS (1933).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 8 de febrero de 2021, pág. 10.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

El 21 de mayo de 1934 comenzó la vista oral de la causa instruida contra el capitán de Artillería Manuel Rojas Feigenspan, acusado de ser el responsable del asesinato, por fuerzas de Asalto del Cuerpo de Seguridad, de doce vecinos de Casas Viejas cuando se encontraban detenidos. 

Uno de los testigos principales fue el ya cabo Pedro Salvo Pérez, natural de San Roque y superviviente del ataque anarquista contra la casa-cuartel el 11 de enero de 1933. Al inicio del juicio estaba destinado en el puesto de Minas de El Castillo de las Guardas, perteneciente a la Comandancia de Sevilla, si bien se encontraba concentrado en el puesto de Algeciras de la Comandancia de Cádiz.

Su celebración, que levantó gran expectación en la prensa de la época, fue en la audiencia provincial de Cádiz, cuya jurisdicción comprendía entonces trece partidos judiciales. Sus cabezas y pueblos eran: Algeciras (Algeciras, Ceuta y Tarifa), Arcos de la Frontera (Arcos, Algar, Bornos, Espera, Prado del Rey y Villamartín), Cádiz, Chiclana de la Frontera (Chiclana, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera), Grazalema (Grazalema, Benaocaz, El Bosque, Ubrique y Villaluenga del Rosario), Jerez de la Frontera (dos partidos dada su gran extensión), Medina Sidonia (Medina, Alcalá de los Gazules y Paterna de Rivera), Olvera (Olvera, Alcalá del Valle, Algodonales, El Gastor, Puerto Serrano, Setenil, Torre Alháquime y Zahara), Puerto de Santa María (El Puerto, Puerto Real y Rota), San Fernando, Sanlúcar de Barrameda (Sanlúcar, Chipiona y Trebujena) y San Roque (San Roque, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios y Castellar de la Frontera).

El palacio de justicia gaditano, derribado hace ya más de cincuenta años, estaba ubicado en la entonces denominada plaza Rafael Guillén, dedicada a un alcalde republicano de Cádiz en el siglo XIX. Antigua plaza de la Reina es la actual Martínez Campos. La audiencia provincial tenía sólo dos salas. La primera despachaba las causas instruidas en los partidos judiciales de Cádiz, San Fernando, Chiclana, Grazalema, San Roque y Medina Sidonia, mientras que la segunda veía las de Jerez, Puerto de Santa María, Arcos, Algeciras, Olvera y Sanlúcar. Casas Viejas era entonces una pedanía de Medina.

El cabo Salvo prestaría declaración como testigo en las tres causas judiciales que hubo sobre Casas Viejas así como ante una comisión parlamentaria que se constituyó para investigar sobre los sucesos. Sin embargo, la manifestación prestada en un procedimiento interno instruido por la Guardia Civil, es prácticamente desconocida. 

Se trató del expediente de juicio contradictorio abierto a favor del sargento Manuel García Álvarez, comandante del puesto de Casas Viejas, muerto a consecuencia de los disparos recibidos durante el ataque. Su apertura fue dispuesta mediante Orden General del Cuerpo fechada el 5 de abril de 1933, por el inspector general de la Guardia Civil, general de brigada de Artillería Cecilio Bedia de la Cavallería. 

La viuda del referido sargento, Ramona González Milán, había instanciado “en súplica de que se le conceda a su difunto esposo el ingreso en la Orden Militar de San Fernando”. Ésta, conforme al reglamento entonces vigente, tenía por objeto premiar los “heroicos servicios militares de campaña”. 

La defensa de la casa-cuartel de Casas Viejas por cuatro componentes del benemérito Instituto frente a una numerosa turba armada, había sido incluida en el decreto del Ministerio de la Guerra, de 18 de enero de 1933, declarándolo “hecho de guerra”.

Como instructor del expediente se nombró al capitán Pablo Incera Vidal, jefe del escuadrón de caballería en Jerez, posteriormente continuado por el de igual empleo, Federico Montero Lozano, destinado en el 4º Tercio Móvil (Madrid) y futuro jefe de la compañía de Jerez.

Mucho se ha difundido sobre los asesinatos de los campesinos por Rojas y los suyos pero poco de la muerte de los dos guardias civiles. La declaración del cabo Salvo en el expediente fue reproducida en la Orden General de 25 de abril de 1935.

Ante el capitán Incera manifestó que sobre las seis horas del 11 de enero de 1933, hallándose acostado en su habitación, oyó en la puerta de su pabellón unos golpes, al mismo tiempo que le decían con insistencia que se armase y saliese enseguida porque se hallaban copados. Acto seguido se preparó y bajó al patio, donde se hallaban su sargento y el guardia 2º Manuel García Rodríguez, disponiéndose aquél a salir al exterior del cuartel para verificar un reconocimiento, lo cual realizó acompañado del declarante. 

Según relató, al volver la esquina izquierda del cuartel sonó a su espalda, es decir, frente a la fachada principal, un disparo de escopeta. Se volvió rápidamente y efectuó dos disparos con su fusil en dirección a una casa en construcción, donde observó gente armada con escopetas. Había resultado herido en una pierna por perdigones, con carácter leve y no sería atendido hasta las veinte horas de ese mismo día.

Al ser contestado desde el edificio que había enfrente con dos disparos más, se replegó junto a su sargento al interior del acuartelamiento. Cuando estaban cerrando la puerta del mismo, hicieron desde el exterior una nueva descarga contra ella si bien no produjo daño alguno. 

Una vez dentro del cuartel recibió orden de su sargento para que permaneciera en el patio defendiendo la puerta de entrada mientras los otros tres componentes del puesto se prestaban a hacerlo desde las ventanas de la planta superior. Permaneció allí hasta que avisado por el guardia 2º Manuel García de que arriba había heridos, subió a prestarle auxilio, encontrándose al sargento que había sido alcanzado de un disparo, al parecer de gravedad. Estaba todavía de pie en el interior del pabellón del declarante. También vio al guardia 2º Ramón García Chuecos, tendido en el suelo y con una herida en la cabeza de aspecto también grave. 

Seguidamente entre él y el guardia 2º Manuel García le llevaron a la cama del declarante, insistiendo al sargento para que también se acostase, cosa que no pudieron conseguir ya que se negaba a ello. Se dedicó entonces a seguir defendiendo la fachada delantera del cuartel desde una de las ventanas, puesto que desde el exterior continuaban haciendo disparos. Mientras tanto su compañero defendía la parte posterior. 

Transcurrido algún tiempo, el sargento, que constantemente les había estado dando ánimos e instrucciones, comenzó a decaer, sin duda debido a la gravedad de la herida y la pérdida de sangre que había sufrido, por lo que entre los dos guardias le trasladaron a la cama donde se encontraba el otro herido. Una vez lo dejaron acostado continuaron atendiendo la defensa del acuartelamiento, hasta que aproximadamente transcurridas unas cuatro horas llegaron fuerzas del Cuerpo al mando del sargento Rafael Anarte Viera, “librándoles de la situación crítica en que se hallaban”. 

Anteriormente, en evitación de que los que intentaban asaltar la casa-cuartel, consiguiesen hacerse con los fusiles de los dos heridos mortales, habían procedido a quitarles los cerrojos y esconderlos, dejándolos así inutilizados.

Los familiares que vivían en la casa-cuartel (inmueble alquilado) habían podido refugiarse en el edificio contiguo tras abrir un boquete en la pared que los separaba. 

(Continuará).

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LII). LA HISTORIA DEL GUARDIA PEDRO SALVO PÉREZ. SUPERVIVIENTE DE CASAS VIEJAS (1933).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 1º de febrero de 2021, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 

Pedro Salvo Pérez nació en San Roque el 21 de noviembre de 1900. Treinta y dos años después sería uno de los cuatro miembros del benemérito Instituto que sufrió el ataque anarquista al puesto de Casas Viejas y uno de sus dos supervivientes.

Su madre, Juana, le dio a luz en la casa-cuartel de la Guardia Civil sita en el núm. 14 de la calle Herrería. Su padre era entonces el cabo José Salvo Viera, muy conocido por todos ya que antes de ascender en 1896, llevaba más de diez años destinado como guardia 2º en San Roque. De hecho, ha sido citado en algunos capítulos correspondientes al siglo XIX y principios del XX por su participación en diversos servicios policiales relevantes y actuaciones beneméritas.

Al quedarse Pedro huérfano de padre cuando todavía era un niño, le fue solicitado por su madre entrar en el Colegio de Guardias Jóvenes, ubicado en la localidad madrileña de Valdemoro. Posteriormente lo solicitaría también para su hermano pequeño Juan, nacido en Tarifa. 

Los orígenes de dicho centro se remontan a la real orden de 1º de abril de 1853 por la que la reina Isabel II dispuso su creación, a propuesta del duque de Ahumada, como “Compañía de Guardias Jóvenes”, con el propósito de “premiar en los hijos las virtudes de los padres”. 

Cuando Pedro ingresó el 22 de marzo de 1913, con tan sólo doce años de edad, acababa de entrar en vigor su nuevo reglamento orgánico. Había sido aprobado por real orden circular del ministerio de la Guerra, de fecha 15 de julio anterior.

Conforme a su artículo 1º, el Colegio tenía por objeto, “educar a los huérfanos e hijos de los Jefes, Oficiales e individuos de tropa que hayan servido o presten sus servicios en la Guardia Civil o deseen ser guardias segundos en las Comandancias del Cuerpo a la edad que se determine;  cursar los estudios de las carreras y profesiones que más adelante se señalan; aprender un oficio o ingresar en un Cuerpo del Ejército como voluntario en las condiciones reglamentarias, para cuyo efecto se les dará en dicho Colegio las enseñanzas precisas a fin de que estén en condiciones de poder optar al ascenso a cabo. Por último, ampliar los estudios profesionales de la Guardia Civil para salir del Colegio en condiciones de ascender a cabos a los dos años de práctica en un puesto”. 

Pedro fue filiado inicialmente como “guardia joven de menor edad”, que eran aquellos comprendidos entre los 8 y los 15 años. Al cumplir 16 y hasta que alcanzó los 19 años de edad, continuó en el Colegio como “guardia joven de mayor edad”, siéndole este último periodo de abono como servicio activo. 

Por fin, tras prestar juramento de fidelidad a la bandera el 12 de octubre de 1919, festividad de la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar, fue nombrado el 1º de diciembre siguiente guardia civil de 2ª clase, de infantería. Seguidamente fue destinado al puesto de la capital en la Comandancia de Cádiz, si bien apenas permaneció allí cinco meses. El 28 de abril siguiente se incorporaba al puesto de Algeciras, su nuevo destino, regresando así al Campo de Gibraltar de su niñez.

Cumplido el primer compromiso de cuatro años de servicio en el Cuerpo volvió a reengancharse por otros cuatro más, siendo entonces destinado el 24 de mayo de 1923 a la Comandancia de Navarra, donde permanecería casi dos años. Salvo un mes que fue concentrado a Barcelona como refuerzo del orden público, el resto del tiempo estuvo sucesivamente destinado en los puestos de Urdax, Almandoz, Monreal y Artajona.

Estando destinado en el primero de ellos hizo uso del arma reglamentaria en el transcurso del servicio contra un paisano que resultó herido de un disparo. Ello motivó la correspodiente incoación de un procedimiento penal militar, al objeto de depurar las correspondientes responsabilidades. Practicadas las diligencias pertinentes fue procesado por un delito de lesiones menos graves. Sin embargo quedó extinguida la acción penal antes de enjuiciarse, al resultar beneficiado por las medidas de gracia dispuestas en el polémico real decreto de 4 de julio de 1924, de la presidencia del Directorio Militar.

Tal y como encabezaba su exposición, tras finalizar “el proceso sustanciado contra el Alto Mando en Marruecos con motivo de los trágicos sucesos de julio de 1921”, era muy necesaria la concesión de “una amplia amnistía”. La masacre de millares de soldados españoles en Annual a manos de kabilas rifeñas había motivado la exigencia y depuración de responsabilidades conforme al código de justicia militar. Pero para que no pareciera que sólo se trataba de exculpar a los mandos encartados se dispuso enmascararlo en un “amplísimo indulto, aplicable no sólo a los sentenciados y procesados por causas originadas en el desastre de 1921, sino a otros que están encomendados a la justicia por delitos políticos o de prensa y aun comunes”.

En marzo de 1926 causó alta nuevamente en el puesto de Cádiz, tras ser destinado a la comandancia gaditana, volviendo a reengancharse por cuatro años más. Durante poco más de un año coincidiría con su hermano Juan, que había estado destinado en el puesto de Conil de la Frontera y concentrado en Melilla. 

El 15 de abril de 1928 contrajo matrimonio con la joven Eulalia González Utar, natural de Algeciras, con quien tendría tres hijos llamados José, Miguel y Eulalia. En la revista de junio pasó destinado al puesto de Casas Viejas, donde prestaría servicio hasta los trágicos sucesos acaecidos en enero de 1933 ya relatados en capítulos anteriores, en los que resultó herido leve en una pierna. 

Después de lo sucedido pasó destinado en la siguiente revista de febrero al puesto de Algeciras hasta el mes de junio. Tras haber sido declarado por decreto de 18 de enero, hecho de guerra lo acaecido en Casas Viejas, Pedro fue ascendido por orden del Ministerio de la Gobernación, de 5 de junio siguiente, al empleo de cabo.

Si bien fue destinado seguidamente a la provincia de Sevilla, siéndole sucesivamente asignados los puestos de Lora del Río, Las Pajanosas, Badolatosa y Minas de El Castillo de las Guardas, realmente nunca llegó a incorporarse ya que por decisión de la Inspección General se mantuvo concentrado, sin derecho a pluses, hasta noviembre de 1934 en el puesto de Algeciras.

En la revista del mes siguiente fue destinado formalmente a la Comandancia de Cádiz, siéndole asignado el puesto de Torrealháquime. Encontrándose allí en junio de 1935 le sería notificada la resolución del “Expediente de resarcimiento con motivo del destrozo que sufrió el mobiliario durante los sucesos ocurridos en el Puesto de Casas Viejas el año 1933, al evitar el asalto de la Casa Cuartel por los revolucionarios”. La indemnización concedida por los daños sufridos en los muebles de su pabellón, utilizados como parapetos en las ventanas contra los disparos, fue de 385 pesetas. Su sueldo mensual era entonces de unas 300 pesetas. 

El 1º de julio de 1935 pasaría destinado al puesto de Algeciras. Ya para entonces había prestado declaración en los tres juicios celebrados. 

(Continuará).