LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CCLXXIV). LA REORGANIZACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL (58).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 5 de mayo de 2025, pág. 16.

El original está ilustrado con dos fotografías en blanco y negro.

 

En 1965 la 3ª Compañía de la 337ª Comandancia de la Guardia Civil (Algeciras) tenía su cabecera en la antigua casa-cuartel, desaparacida hace años, que estaba sita en la localidad campogibraltareña de San Roque. A su frente estaba entonces el capitán Julián del Campo Granados. Éste se trataba de un veterano oficial que había ingresado en 1932, al cumplir los 16 años de edad, en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid). 

Tres años más tarde, por orden de 16 de enero de 1935, de la Inspección General de la Guardia Civil, fue promovido al empleo de guardia 2º de infantería y destinado al 4º Tercio Móvil (Madrid). Al iniciarse en julio del año siguiente la sublevación militar, que al fracasar degeneró en guerra civil, combatió en el bando republicano cuando pertenecía al 14º Tercio (Madrid). Resultó herido en los primeros combates sostenidos en la Sierra de Guadarrama (Madrid) y fue ascendido como recompensa al empleo de cabo por orden del Ministerio de Gobernación, de 6 de agosto de 1936. Ello sería confirmado, por otra orden, de 25 de septiembre siguiente, pero ya como miembro de la Guardia Nacional Republicana, nueva denominación que con su consiguiente “reorganización”, se había dado a la Guardia Civil en dicho bando por decreto de 30 de agosto anterior. 

Por otra orden ministerial, de 21 de junio de 1938, fue ascendido al empleo de sargento, con antigüedad de 15 de abril de dicho año, pero ya entonces pertenecía al nuevo Cuerpo de Seguridad (Grupo Uniformado). El gobierno republicano, por decreto de 26 de diciembre de 1936, había dispuesto su creación como encargado de todas las funciones relacionadas con el mantenimiento del orden, vigilancia e investigación, procediendo a la disolución de los Cuerpos de la Guardia Nacional Republicana, Seguridad y Asalto, Vigilancia e Investigación y “Milicias de retaguardia, cualquiera que fuese su nombre y la entidad que las hubiese organizado”.

Finalizada la guerra civil, Julián del Campo fue depuesto al empleo de guardia 2º que tenía el 18 de julio de 1936, además de ser sometido al procedimiento de depuración entonces vigente, resolviéndose finalmente sin responsabilidad, si bien no se le computó a efectos de pensión el tiempo servido en el bando republicano. Pero, inesaquible al desaliento, proseguió su carrera militar, ascendió al empleo de cabo con antigüedad de 1 de marzo de 1942, y fue ascendiendo sucesivamente hasta que dos décadas después lo fue a capitán.

Continuando con el año 1965 hay que significar que esa 3ª Compañía (San Roque) estaba compuesta por tres líneas (secciones). Todo ello conforme al album fotográfico que entregó el teniente coronel Juan Antonio Fajardo Quero, jefe entonces de la citada Comandancia, al general de brigada Buenaventura Cano Portal, con motivo de su reciente ascenso a dicho empleo, procedente del mando como coronel jefe del 37º Tercio (Málaga). 

La primera línea (sección) tenía ubicada su jefatura en la mentada población de San Roque y a su frente se encontraba el teniente Santos Rivera Alonso. La segunda tenía su mando fijado en la casa-cuartel asentada en la finca de La Almoraima, sita en el término municipal de Castellar de la Frontera. Y la tercera estaba establecida en la población de Jimena de la Frontera.

De la línea de San Roque, dependían a su vez los puestos de San Roque, El Toril, Estación de San Roque y Los Barrios. De la línea de la Almoraima, dependían los puestos de La Almoraima y Castellar de la Frontera. Y de la línea de Jimena de la Frontera, dependían el puesto de esa localidad así como los de San Pablo de Buceite, Estación de Castellar de la Frontera y Estación de Jimena de la Frontera. 

En el acuartelamiento de San Roque constaban en el mentado album de 1965 el brigada Diego Fernández Martínez, el sargento Jacinto Martínez Fernández, así como los cabos 1º Santiago Montilla Mayo, Pedro Serrano Garcés, Francisco Rueda Agua y Manuel Ruiz Ruiz. Los guardias 1º eran Francisco de la Plata Lopera, Pedro González Carrillo y Manuel Menacho Mendoza. Y los guardias 2º eran José Cano Gutiérrez, José Pérez Moreno, Emiliano Morilla Moreno, Eugenio Rodríguez Sánchez, Antonio Gámez Díaz, Manuel Iglesias Ibáñez, Alejandro Batista Medina, Jesús Otero Rocamundi, Francisco Valadés Castilla, José Castañeda Montero, Antonio Campos Herrero y Antonio Porcuna Cantero. 

Respecto a la casa-cuartel existente en 1965, desaparecida hace muchos años y reemplazada por el actual acuartelamiento donde se encuentra el puesto principal de San Roque, hay que hacer algunas consideraciones, ya que en dicha localidad hubo desde muy antiguo, diversas casas-cuarteles de Carabineros y de la Guardia Civil.

En un capítulo muy anterior se expuso la contratación que se hizo el 17 de noviembre de 1898 del edificio existente entonces en el número 14 de la calle Herrería. Esta fue acordada entre el teniente coronel Manuel de la Barrera Fernández, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz, y Manuel de Casas Paradas, vecino de San Roque y representante de su propietario que era Miguel Caballero de Luna.

Posteriormente, dicho edificio, que continuó como casa-cuartel de la Benemérita, tuvo como propietario a Francisco Emilio Rendón Delgado, según la tarjeta de estadística del Cuerpo formalizada el 11 de junio de 1928. Y así continuó hasta que el 19 de febrero de 1947, se suscribió nuevo contrato entre el teniente Facundo Elvira Parpal, jefe entonces de la línea de San Roque, y Ramona López Riquelme, vecina de Algeciras. Ésta era propietaria del edificio sito en la calle Teniente Ojanguren, números 14 y 16, siendo la única ofertante presentada al concurso público. Había “necesidad de desalojar el cuartel actual, por su mal estado”.

(Continuará).

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CCLXXIII). LA REORGANIZACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL (57).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 28 de abril de 2025, pág. 13.

El original está ilustrado con dos fotografías en blanco y negro.

  

Otro de los puestos de la Guardia Civil del Campo de Gibraltar que actualmente ya no existen es el de Carteya, ubicado en el término municipal de San Roque y donde tambien había un reducido puesto de “Marinos”. Esta última era una especialidad heredada del Cuerpo de Carabineros para ejercer la vigilancia de las aguas de los puertos e inmediatas de las costas, que sería el antecedente histórico del actual Servicio Marítimo del benemérito Instituto.

Hasta la integración del Cuerpo de Carabineros en el de la Guardia Civil, por ley de 15 de marzo de 1940, dicho puesto, junto al de “Marinos”, pertenecía al primero de los Institutos citados y tenía la denominación de “Guadarranque”. Ambos puestos estaban encuadrados hasta entonces en la 3ª Compañía (Puente Mayorga) de la 10ª Comandancia de Carabineros (Algeciras) y pertenecían concretamente a la 1ª Sección (Puente Mayorga), junto a los puestos de Puente Mayorga así como los de su aduana y otro de “marinos”.

En el “Escalafón General del Cuerpo de Carabineros”, editado en 1936 antes de la guerra civil y elaborado por el brigada Eusebio Fernández Chimeno, se hacía constar respecto al de Guadarranque, que se trataba de un puesto de playa, “situado en el caserío de su nombre”. Por aquel entonces dicho núcleo poblacional tenía unos 250 habitantes. 

Dicho puesto contaba, según se hacía constar, con un brigada, un cabo, un carabinero de 1ª clase y catorce carabineros de 2ª clase. El acuartelamiento tenía ocho pabellones para personal casado y alojamiento para ocho carabineros solteros. Su demarcación tenía 2.100 metros de extensión sobre la playa y comprendía por levante desde los Junquillos, y por poniente hasta el río Guadarranque inclusive. El correo lo recibía por San Roque, donde estaba la estación del ferrocarril más próxima.

En dicho acuartelamiento se encontraba también un puesto de “Marinos”, con tres carabineros de mar, que se alojaban en aquél, y que estaba dotado de una falúa a remo. Tenía a su cargo, auxiliado por la fuerza de infantería anteriormente citada, la vigilancia y reconocimiento de las embarcaciones y personal cuando entraba en el río Guadarranque.

Cuando ambos puestos, junto al resto de los que constituían la mentada 10ª Comandancia de Carabineros (Algeciras), se integraron en la Benemérita, pasaron a formar parte primero de la 66ª Comandancia Administrativa de la Guardia Civil (Algeciras), reconvertida, tras la Orden de 22 de agosto de 1940, del Ministerio del Ejército, y la Instrucción General núm. 3, de 20 de febrero de 1941, de la Dirección General de la Guardia Civil, en la 134ª Comandancia de Costas de la Guardia Civil. 

Posteriormente, como consecuencia de una nueva reorganización de la Guardia Civil, motivada por decreto de 21 de diciembre de 1943, del Ministerio del Ejército, y que entró en vigor el 1º de marzo de 1944, la 216ª Comandancia Rural (Cádiz), que era la antigua comandancia benemérita provincial gaditana antes de 1940, así como la 234ª Comandancia de Costas (Cádiz) y la 134ª Comandancia de Costas (Algeciras), que eran las antiguas comandancias gaditanas de Carabineros, desaparecieron todas como tales.

Surgidas las nuevas 237ª Comandancia Mixta (Cádiz) y 337ª Comandancia Mixta (Algeciras), que pronto perderían la denominación de “Mixta”, todas las unidades ubicadas en el Campo de Gibraltar, quedaron encuadradas en la última comandancia citada. Entre ellas los mentados puestos de Guadarranque y de “Marinos”. 

Transcurridas más de dos décadas ambos puestos modificaron su denominación por la de Carteya. Posteriormente, por Decreto 2352/1968, de 16 de agosto, se declaró conjunto histórico artístico el enclave arqueológico de Carteya. Fue fundado por los cartagineses en el siglo IV a.C., y cuando Roma venció a Cartago en las Guerras Púnicas, en el siglo III a.C., los romanos fueron mejorando aquella población. Dado que la descendencia de la guarnición romana y las hispanas del lugar no tenía reconocida la ciudadanía romana, Carteya envió una comisión de representantes a Roma y terminó por conseguir del Senado, en el año 171 a.C., la concesión del título de “Colonia Libertinorum Carteia”, que figura como “la primera colonia latina fuera de suelo itálico”.

El comandante del puesto de Carteya en 1965 era el sargento Guillermo Cuadrado Borrallo, anterior cabo 1º en la aduana de La Línea de la Concepción. Había ingresado en la Guardia Civil, por orden de 27 de enero de 1943, del Ministerio del Ejército, procedente de soldado del Grupo de Tropas de Intendencia núm. 1 (Madrid), siendo destinado a la 2ª Comandancia Móvil (Sevilla).

El resto de componentes eran el cabo 1º Serafín Navarro Escribano, así como los guardias civiles de 2ª clase Pablo Salcedo Bernal, Luis del Moral Moreno, Eulalio Jiménez Drago, Lorenzo García Heredia, José García Marfil, José Rahona Martín, José Ojeda Villanueva, Juan López Fernández Pacheco, Antonio Malagón Escribano, Mariano Fernández Ortiz, José Moreno Ternero, Rafael Piedras Rojas, Miguel Blanco López, Rafael Segura Martín y Miguel Medina Bueno.

Según una antigua ficha de 1982, de inventario-urbana de la Dirección General del Patrimonio del Estado, dicha casa-cuartel ya estaba desalojada, “por mal estado de habitabilidad”, y suprimido como puesto. Estaba rodeada, a izquierda, derecha y fondo, por la “zona-marítima-terrestre”. 

Procedente en 1940, “del extinguido Cuerpo de Carabineros”, tenía una superficie construida de 401’90 metros cuadrados, sobre un terreno de 419’65 metros cuadrados. Fue inscrita por primera vez el 17 de mayo de 1966 en el Registro de la Propiedad de San Roque, a petición del teniente general Ángel Ramírez de Cartagena Marcaida, director general de la Guardia Civil.

(Continuará).

 

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (CCLXXII). LA REORGANIZACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL (56).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 21 de abril de 2025, pág. 14.

El original está ilustrado con dos fotografías en blanco y negro.

 

En el año 1965 algunas unidades de la 337ª Comandancia de la Guardia Civil (Algeciras), que tenían sus casas-cuarteles en el término municipal de San Roque, estaban encuadradas en la 2ª Compañía (La Línea de la Concepción).

La razón era que, tanto en el desaparecido Cuerpo de Carabineros como en el de la Guardia Civil, el servicio encomendado siempre motivaba la organización de sus despliegues territoriales. 

La principal diferencia había sido que en Carabineros algunos puestos desplegados en el término municipal sanroqueño dependían de las Comandancias de Estepona o de Málaga, en vez de la Comandancia de Algeciras. En cambio, en la Guardia Civil, los puestos del Campo de Gibraltar, en la provincia gaditana, siempre habían estado encuadrados en la Comandancia de Cádiz o en la Comandancia de Algeciras, según épocas. La única excepción, ya relatada, fue entre 1944 y 1948, que supuso duplicar la extensión de la Comandancia de Algeciras, al integrar unidades territoriales de las Comandancias de Cádiz y de Málaga. 

Centrados ya en 1965, dicho año comenzó como jefe de la línea de Campamento, que integraba los puestos de Puente Mayorga y de Carteya, más el de Marinos ubicado en esta casa-cuartel, el teniente Santos Gómez Sáenz. Sin embargo, al pasar éste a la línea de San Juan de Aznalfarache, de la 138ª Comandancia (Sevilla), antes de la confección del album fotográfico obsequiado por el teniente coronel Juan Antonio Fajardo Quero, jefe de la 337ª Comandancia (Algeciras), al general de brigada Buenaventura Cano Portal, la línea de Campamento se encontraba vacante. Ésta sería ocupada muy entrado el año siguiente, por el recién ascendido Alfredo Martínez Mayo, que procedía de brigada. 

Si constaban destinados entonces en Puente Mayorga, el sargento Teodoro de Miguel Díaz, el cabo Miguel Jiménez Rivera y los guardias civiles de 2ª clase José Prieto Montesino, Juan Palomino Cortés, Francisco Fuentes Hurtado, Pedro Moraga Quevedo, Brígido Sánchez Ávila, Antonio Sánchez Alcaide, Jorge Montes Urbano, Joaquín Ortiz Muñoz, Julián Andrades Vázquez, Francisco Morales Fructos, Antonio Bustos Ramos, Antonio Ortega Díaz, Isidro Martín López y Antonio Martínez Muñoz Soriano.

De justicia es citar que un hijo ya nacido entonces del mentado guardia 2º Fuentes, es el actual director de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, tratándose del coronel Francisco Fuentes Delgado, perteneciente a la XLIII Promoción de la Academia General Militar, y que en el empleo anterior fue jefe de la Comandancia de Córdoba. Todo un orgullo y una satisfacción haber conocido su inmensa categoría humana y profesional.

Hay que significar que dicho acuartelamiento procedía del Cuerpo de Carabineros. Hasta su reconversión como Guardia Civil, nunca había existido una casa-cuartel de la Benemérita en dicha barriada sanroqueña, velándose por su seguridad ciudadana desde el entonces vecino puesto sanroqueño de Campamento, creado en 1925. 

En el “Escalafón General del Cuerpo de Carabineros”, editado en 1936 y elaborado por el brigada Eusebio Fernández Chimeno, se especificaba que dicha unidad, se encontraba encuadrada entonces en la 10ª Comandancia de Carabineros (Algeciras) de la 5ª Zona (Málaga).

Por aquel entonces, Puente Mayorga era la residencia del capitan jefe de compañía de Carabineros así como de uno de sus tenientes jefe de sección. Por aquel entonces era un poblado de 960 habitantes. La carretera pasaba a unos dos kilómetros de Campamento y el correo se recibía por San Roque, que tenía la estación ferroviaria más próxima. A unos dos kilómetros y medio existía una oficina de correos que disponía de telégrafo, teléfono y giro postal.

En dicho acuartelamiento estaban un brigada y un carabinero como escribientes de la compañía. Por otra parte el puesto disponía solo vivienda para un casado y siete solteros, teniendo una plantilla de otro brigada, un cabo, un corneta y trece carabineros. La vigilancia se ejercía sobre una línea costera de 2.164 metros, desde Punta Mala hasta el “antiguo almacén de Juan Pino”, por levante, y desde el “Almacén Central” hasta los Junquillos, por poniente.

Además existía entonces en la barriada otro puesto que desaparecería y que tenía la vigilancia de los 176 metros que existían entre los citados almacenes. Un cabo, un carabinero de 1ª y cuatro de 2ª, que vivían en casas particulares, prestaban servicio en la aduana de 3ª clase allí existente, donde se despachaba la importación de carbón mineral procedente de la colonia británica de Gibraltar y corcho en bruto. Igualmente intervenía en operaciones nacionales, con excepción del azúcar, alcoholes y tejidos. Afecto a dicha aduana estaba también el puesto de la “Rada”, con dos carabineros de mar y una embarcación a remo, para el reconocimiento de las que se acercasen a dicha costa.

Posteriormente, según una antigua ficha de inventario-urbana de la Dirección General del Patrimonio del Estado, la casa-cuartel principal estaba en la calle Cervantes nº 25, entre las calles Numancia, Constitución y Antonio Rodríguez López. Conforme a un escrito del teniente general algecireño Ángel Ramírez de Cartagena Marcaida, director general de la Guardia Civil, remitido para su inscripción por primera vez en el Registro de la Propiedad de San Roque, dicho acuartelamiento había pertenecido al “extinguido Cuerpo de Carabineros”. Inscrito el 17 de mayo de 1966 tenía dos plantas levantadas sobre un solar de 211´37 metros cuadrados. Actualmente rehabilitado es de propiedad ajena a la Guardia Civil.

(Continuará).

 

TRIBUNA. EL “PETAQUEO” O SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS NARCOLANCHAS.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 15 de abril de 2025, pág. 14.

El original está ilustrado con dos fotografías en blanco y negro.

El coronel Núñez pide que sea delito comprar y tener gasolina para las narcolanchas

 

El pasado 11 de abril se publicaba en “Europa Sur” un interesante artículo redactado por su director, Javier Chaparro, y que trataba sobre uno de los principales problemas que padece nuestra provincia. Se titulaba “Los jueces de la Audiencia de Cádiz acuerdan considerar delito el petaqueo de gasolina tras un intenso debate”. Se continuaba diciendo que “El Plenillo de magistrados de lo Penal asume las tesis de la Fiscalía Antidroga y de la Sección 7ª de Algeciras para luchar contra el narcotráfico”.

 

Según se exponía, la Audiencia de Cádiz ponía coto al almacenamiento y transporte de combustible para los narcos. Se proseguía afirmando que a partir de ese momento, los magistrados adscritos a dicho órgano considerarían que el petaqueo de gasolina es una actividad delictiva de acuerdo con el artículo 568 del Código Penal, que considera que los responsables de dicha actividad ponen en riesgo consciente y voluntario la seguridad colectiva.

 

Concretamente dicho artículo pena la tenencia o el depósito de sustancias o aparatos inflamables, incendiarios o asfixiantes, o sus componentes, así como su fabricación, tráfico o transporte, o suministro de cualquier forma, no autorizado por las leyes o la autoridad competente. Las penas de prisión son en tal caso, de cuatro a ocho años, si se trata de sus promotores y organizadores, así como de tres a cinco años para los que hayan cooperado a su formación. 

 

Todo lo expuesto, me hizo recordar ciertas palabras de mi discurso pronunciado cinco años y medio antes, el 12 de octubre de 2019, en la Plaza Alta de Algeciras, con motivo del acto oficial de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, cuando entonces era jefe de la Comandancia de la Guardia Civil campogibraltareña.

 

Hay que significar que no se trataba de un acto más, sino que se volvía a poner en valor, públicamente, el 175 aniversario de la fundación de nuestro benemérito Instituto, “lo cual nos convierte en la institución policial de ámbito estatal más antigua de España y del Campo de Gibraltar”, tal y como dije entonces y sigo manteniendo. En aquel discurso, que fue reproducido íntegramente por “Europa Sur” en Internet, dije: 

 

“La muy eficaz acción de la Guardia Civil en coordinación con la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera está obteniendo muy importantes resultados en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, es necesario que se nos continúe dotando de más herramientas legales para poder proseguir con eficacia y éxito la lucha contra el narcotráfico. Esa asignatura pendiente son las redes logísticas de suministro de combustible a las embarcaciones de alta velocidad utilizadas por las redes criminales del narcotráfico. Buena parte de los alijos de droga que había en nuestra costa han sido sustituidos por embarques de docenas de petacas repletas con millares de litros de combustible para su uso por las narcolanchas. Dicho combustible, tras ser adquirido en diversas estaciones de servicio, es almacenado temporalmente en viviendas y edificios habitados. 

 

Posteriormente es trasladado en furgonetas hasta los puntos de embarque, con el consiguiente y gravísimo peligro que reviste para la seguridad de los ciudadanos en caso de producirse un siniestro. Sin embargo, cuando se intervienen policialmente 1.000, 2.000 o 3.000 litros de combustible en el interior de viviendas, furgonetas o embarcaciones, si no se puede acreditar su trazabilidad con el narcotráfico, son tan solo infracciones administrativas. Al ser los autores insolventes y no ser titulares de los bienes intervenidos para su depósito o traslado, se suele traducir en una impunidad absoluta.

 

Dichas conductas deberían estar penalizadas y no como viene sucediendo actualmente, que salvo que se acredite su vinculación directa con el narcotráfico, quedan sin reproche penal alguno. Es necesario que nuestra legislación penal tipifique las conductas consistentes en almacenar y trasladar millares de litros de combustible, sin que tenga que acreditarse su expreso consumo en embarcaciones cargadas de droga.”

 

Lo he vuelto ahora a leer y sigue tristemente teniendo plena vigencia, salvo que actualmente se interviene en ocasiones hasta más de 5.000 mil litros de combustible y ya se ha dictado alguna sentencia judicial, quedando a la espera de su firmeza, tras la resolución de los recursos que se interpongan. 

 

Afortunadamente ya no es solo una firme opinión de los que desde el punto de vista policial y judicial están frente al narcotráfico, así como de muchos colectivos sociales más, sin olvidar a nuestros medios de comunicación.

 

Es evidente que lamentablemente todavía queda un largo camino que recorrer pero resulta alentador que cada vez hay más decisión y firmeza en hacer frente a este grave problema, el cual hace tiempo que no es sólo del Campo de Gibraltar sino que se ha ido extendiendo a otros lugares, no sólo de la provincia gaditana, sino de Andalucía y otras partes de nuestro territorio nacional.