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miércoles, 12 de mayo de 2021

LA GUARDIA CIVIL EN SAN ROQUE (LXVI) LA MUERTE DEL GUARDIA BERNARDINO (1936).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 10 de mayo de 2021pág. 11.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro. 


Tal y como consta en la documentación del Archivo General Militar, ni el teniente de Infantería Rafael Torres del Real rindió el cuartel “Diego Salinas” ni su esposa Amelia Onetto Heredia, junto al hijo de ambos, fueron fusilados como represalia. 

Al igual que ocurrió aquella mañana del 27 de julio de 1936, con las amenazas de ejecutar a la familia del brigada de la Guardia Civil Julián Colodrero Vergara, si no se rendía la casa-cuartel, tampoco se cumplieron. Torres, siendo capitán del Batallón de Infantería Ceriñola núm. 6, fallecería el 13 de septiembre de 1938 a consecuencia de heridas sufridas en acción de guerra.

La llegada a San Roque de las fuerzas de auxilio procedentes de Algeciras, tras ser avisadas del ataque, provocó la desbandada de la columna gubernamental de Málaga. Su composición era muy variopinta y nada cohesionada dado que había sido organizada sobre la marcha. Estaba formada principalmente por militantes del Frente Popular y Carabineros de diferentes localidades. 

Carecía de la necesaria disciplina y adiestramiento así como de un mando único que dirigiera en condiciones las operaciones. Falto de planeamiento, su mayor error fue no dedicar su esfuerzo principal a atacar la casa-cuartel de la Guardia Civil y el acuartelamiento de Infantería, ambos con escasos defensores. En cambio, buena parte de sus efectivos recorrieron las calles, realizaron registros, practicaron incautaciones de diversos efectos y llevaron a cabo detenciones entre personal civil afecto a los sublevados, algunos de los cuales fueron ejecutados en la vía pública. 

Aquel error terminaría dando lugar a que la llegada de la citada columna de auxilio provocase, no sólo la estampida mencionada de las fuerzas gubernamentales hacia Málaga sino también una muy dura represión entre una población que era mayoritariamente contraria a la sublevación.

Hasta ese 27 de julio no se había derramado sangre en San Roque. Desde el día 19 estaba declarado el estado de guerra tras la llegada a la localidad de una columna del II Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas núm. 3 de Ceuta. A su mando estaba el comandante de Infantería Rodrigo Amador de los Ríos Cabezón, quien tras resultar herido grave el 3 de septiembre siguiente en el frente de Toledo, fallecería el 24 de diciembre siguiente en el frente de Madrid, recién ascendido a teniente coronel. 

Los más comprometidos con el Frente Popular huyeron de San Roque por temor a represalias, se destituyeron a las autoridades municipales y se practicaron algunas detenciones pero no llegaron a producirse fusilamientos. El alcalde Luis Ortega López, posteriormente juzgado y condenado, sería sustituido por el alférez de la Guardia Civil José Sánchez Velasco, retirado por cumplir la edad reglamentaria. Siendo suboficial había sido comandante de puesto de San Roque y como ya se relató en un capítulo anterior tuvo un trágico final aquel 27 de julio. 

Al mando de la columna de auxilio que sobre las 11 horas de esa jornada llegó a San Roque, iba el teniente coronel Manuel Coco Rodríguez, segundo jefe del Regimiento de Infantería Pavía núm. 7. Era quien verdaderamente había encabezado la sublevación militar en la comarca. Su coronel, Emilio March López del Castillo, ajeno a la conspiración ya que acaba de ser destinado a Algeciras, mantuvo una postura inicial de tibieza. El 8 de octubre siguiente sería cesado de dicho mando y del de la Comandancia Militar del Campo de Gibraltar. Fue sustituido por el de mismo empleo, Francisco de María Borbón y de la Torre.

El grueso de dicha columna de auxilio estaba integrado por componentes del III Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache núm. 4, al mando del comandante de Infantería Enrique Rodríguez de la Herrán. La noticia de su llegada, a sangre y fuego, causó pavor en la columna de Málaga cuyos componentes huyeron sin orden ni concierto.

El asesinato en las calles de San Roque de varias personas que habían sido detenidas en sus domicilios por considerarlas partidarias de la sublevación militar, motivaría seguidamente una brutal represión, mucho más numerosa en víctimas y muy prolongada en el tiempo. Del detalle de lo sucedido ya dio cuenta el cronista oficial Antonio Pérez Girón en su libro citado en un capítulo anterior.

Entre las muertes producidas aquella mañana, hubo algunas que ambos bandos achacarían al contrario, fruto del intercambio indiscriminado de disparos. Tal fue el caso del guardia civil retirado Bernardino Romero Romero, de 72 años de edad, natural de la localidad malagueña de Cortes y que había prestado sus servicios en la Benemérita gaditana hasta el 30 de octubre de 1916. La historiografía lo cita en el relato de víctimas como un “anciano” o “pensionista”, omitiéndose que había pertenecido al benemérito Instituto.

Según consta en el Registro Civil de San Roque su defunción fue inscrita el 30 de julio de 1936 por el secretario interino del juzgado municipal, Nicolás García Linares, siendo titular del mismo Francisco Vicente Montero Frowein. El fallecimiento se había producido tres días antes en su domicilio, sito en el número 8, piso alto, de la calle del Santísimo. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Dicha inscripción se practicó en virtud de lo ordenado por el juez de instrucción de San Roque, Rafael González de Lara Martínez, actuando como testigos Eleuterio Pérez Manzaneque y Cecilio Enríquez Morilla.

Un escrito firmado el 3 de agosto siguiente por el teniente coronel Vicente González García, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, dirigido al inspector general del Cuerpo en Valladolid, aclara más las circunstancias de la muerte del guardia 2º Bernardino. Según el informe, entre las 6 y las 11 horas del 27 de julio anterior, “fue muerto violentamente a tiros de arma de fuego larga y corta, por turbas marxistas, que irrumpieron en la Ciudad de San Roque de esta provincia, procedentes de Málaga y pueblos costeros hasta el próximo Guadiaro, compuesta de elementos civil y militar todos armados”. Dicha versión contradice la de que resultó muerto por el disparo con fusil de un soldado regular índígena al asomarse al balcón de su casa.

El hecho de que su fallecimiento se produjera por disparos de arma larga y corta hace pensar que pudo ser ejecutado con fusil y rematado con pistola, tal y como ocurrió en otros casos. Al contrario que pasó con otras personas cuyos cadáveres quedaron abandonados en la vía pública, su cuerpo agonizante pudo haber sido trasladado por familiares al interior del domicilio, por ocurrir en sus inmediaciones.

El propósito de dicho oficio era documentar el fallecimiento del referido guardia civil retirado ya que era miembro de la Asociación de Socorros Mútuos de Tropa del Cuerpo. Su viuda se llamaba Ana Lagares Torres y los huérfanos eran Manuela, Bernardo, Rosa y Juan, de 21, 20, 18 y 13 años de edad, respectivamente. Habría de transcurrir más de un año para que sus herederos pudieran percibir la derrama correspondiente, consistente en 3.000 pesetas, equivalente al sueldo de un guardia 2º de infantería en activo durante unos diez meses aproximadamente. Hay que significar que dicha derrama se percibía cualquiera que fuese la causa de la muerte del asociado.

(Continuará).

 

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