LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (XI). EL ORIGEN DE LA GUARDIA CIVIL EN EL CAMPO DE GIBRALTAR.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 18 de agosto de 2025, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

Cuando la Guardia Civil comenzó a desplegarse en 1845 por el Campo de Gibraltar, su misión principal era, como ya se ha venido exponiendo, la que hoy día denominamos como seguridad ciudadana, llamado anteriormente orden público o seguridad pública. Dicha misión, tras sucesivos fracasos e intentos frustrados o malogrados de anteriores instituciones policiales que habían ido desapareciendo por decisiones políticas, terminaría siendo asumida y cumplimentada exitosamente por primera vez, a nivel estatal en España, por la Benemérita. 

En este Campo de Gibraltar, parcialmente diferente en extensión geográfica de nuestra actual Comarca, existía entonces otro cuerpo militar, como era el de Carabineros del Reino, también encuadrado en el Ministerio de la Guerra pero dependiente para sus misiones del Ministerio de Hacienda. 

Dicho Cuerpo, implantado a nivel estatal desde 1829 y que había experimentado diversas remodelaciones orgánicas y territoriales, era responsable de la vigilancia fiscal de la costa campogibraltareña, del pequeño puerto de Algeciras, de la franja aduanera con la colonia británica asentada fraudulentamente en el Peñón desde principios del siglo anterior, así como de la lucha contra el contrabando, emanante principalmente desde Gibraltar. 

Por aquel entonces era impensable que casi un siglo después, tras una devastadora guerra civil 1936-1939, el Cuerpo de Carabineros desaparecería y pasaría a integrarse en el Cuerpo de la Guardia Civil. Concretamente, el preámbulo de la Ley de 15 de marzo de 1940, publicada dos días más tarde en el Boletín Oficial del Estado, dispondría que “en lo sucesivo, un Cuerpo único, el de la Guardia Civil, asumirá las funciones de vigilancia y represión del contrabando y el fraude, que hasta ahora estaban atribuidas al Cuerpo de Carabineros”. Su artículo 4º sería vital: “Se suprime la actual Inspección General de Carabineros, cuyos cometidos y funciones se agruparán en una sola Sección de la Dirección General de la Guardia Civil a cuyo Director General pasarán las atribuciones conferidas actualmente a la Inspección General del Cuerpo de Carabineros. El personal de este Cuerpo estará adscrito a los distintos servicios que por esta Ley se fijen como privativos del Cuerpo de la Guardia Civil, en la forma que, con arreglo a las aptitudes y condiciones de su personal, determine el Director General.” 

Ello daría lugar a que en nuestro caso concreto la hasta entonces 10ª Comandancia de Carabineros (Algeciras), daría lugar, primero, a que como consecuencia directa de dicha ley se reconvirtiera primero en la 66ª Comandancia Administrativa de la Guardia Civil (Algeciras) y seguidamente en la 134ª Comandancia de Costas de la Guardia Civil (Algeciras), principio de un largo etcétera que continúa hasta nuestros días. 

Es importante recordar lo especial de una circunstancia que entonces estuvo singularmente marcada por el contrabando procedente de la colonia británica asentada en el Peñón. Concretamente, de las 20 comandancias de Carabineros que existían al inicio de 1940, tras la importante reforma llevada a cabo a finales de 1935, integrando algunas de ellas dos o más provincias, tan sólo ha pervivido hasta nuestros días, encuadrada en el despliegue territorial de la Guardia Civil, la Comandancia de Algeciras con su Campo de Gibraltar. 

En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de una trascendental reforma que se llevó a cabo a nivel nacional en la Benemérita, se integró en una misma unidad, denominada entonces como la 337ª Comandancia Mixta de la Guardia Civil (Algeciras), a las fuerzas establecidas en nuestra Comarca, procedentes de ambos Cuerpos que no hay que olvidar que dado su carácter militar habían pertenecido al Ejército de Tierra. Por una parte se encontraba la antigua fuerza de Carabineros que había sido reconvertida en la citada 134ª Comandancia de Costas de la Guardia Civil (Algeciras), y por otra parte se hallaban los componentes de la 1ª Compañía de la Guardia Civil (Algeciras) de la 216ª Comandancia Rural (Cádiz), afectando concreta y territorialmente sólo a su 1ª Sección (Jimena de la Frontera) en el Campo de Gibraltar, ya que las otras dos cabeceras de sección estaban fijadas en Vejer de la Frontera y Cádiz. La otra compañía de dicha comandancia rural tenía establecida su cabecera en Villamartín y la de sus dos secciones en Olvera y Arcos de la Frontera.

Retrocediendo en el tiempo y regresando a los tiempos fundacionales, el primer inspector general de la Guardia Civil, el II Duque de Ahumada -mariscal de campo Francisco Javier Girón Ezpeleta- siempre atento a evitar la dejación del principio de autoridad y de funciones, así como dispuesto a prevenir cualquier posibilidad de corrupción –que tanto daño había hecho al prestigio de otros cuerpos policiales anteriores- entre aquellos de sus hombres que prestaran servicio en zonas proclives al contrabando, como era el caso de la provincia gaditana y su Campo de Gibraltar, dictó, a nivel nacional, la Circular de 23 de abril de 1845. En ella se ordenaba que la Guardia Civil, en el transcurso de su servicio ordinario, debía “perseguir con el mayor celo, vigilancia, actividad y sobre todo pureza, cuantos fraudes se cometan contra las Reales órdenes vigentes relativas al contrabando”.

Al objeto de que no pudiera existir duda alguna sobre la honestidad de la fuerza actuante, dicha circular continuaba disponiendo, que debía “procederse en estos casos con la mayor circunspección, para no dar lugar a la menor sospecha de soborno, que será castigada en la Guardia Civil del modo más público, ejemplar y severo posible”.

No obstante, para evitar que ello pudiera interpretarse como una prioridad respecto a la función propia de velar por la seguridad pública que tenía encomendada el benemérito Instituto, el II Duque de Ahumada aclaró en dicha circular, “que no se abandone el servicio ordinario del Cuerpo, para consagrarse exclusivamente a la persecución del contrabando, pero de manera ninguna que éste deje de perseguirse, siempre que en el curso ordinario de su servicio se encuentre con los contrabandistas, o el contrabando; siendo como es uno de los males, que más perjudican el país, y a cuyo remedio deben contribuir más eficazmente, todos los empleados públicos, y en especial aquellos, que tienen la exclusiva obligación, hacer guardar el cumplimiento de las leyes”.

(Continuará).

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (X). LA PROGRESIVA IMPLANTACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL (1845-1848).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 11 de agosto de 2025, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

Prosiguiendo con la estadística criminal del año 1846, publicada en la Circular núm. 229, de 20 de febrero de 1847, de la 3ª Sección de la Inspección General del benemérito Instituto, que fue recogida en la “Recopilación de las Reales Órdenes y Circulares de interés general para la Guardia Civil, expedidas en todo el año de 1847, por los Ministerios de la Guerra y Gobernación, y por el Inspector General de la misma, arreglada de su orden en la Secretaría de la Inspección General”, hay que significar que el número de presuntos criminales detenidos por la Benemérita en la provincia de Cádiz fue de 214.

Dicha cifra, que puede parecer reducida si no se enmarca en el contexto estadístico nacional de la Benemérita, donde el II duque de Ahumada estaba impulsando que se fuera desplegando la Guardia Civil por toda España, e integrada por los mejores hombres, debidamente seleccionados, aunque ello implicase no cubrir en su totalidad las plantillas legalmente aprobadas, situaba a la provincia de Cádiz en el cuarto puesto a nivel nacional. Nuestra provincia, en dicha estadística de 1846, se encontraba a la par que la provincia de Granada, que había efectuado igual número de detenciones. Por delante tan sólo estaban las provincias de Badajoz (266), Sevilla (243) y Zaragoza (225).

Las estadísticas correspondientes al año siguiente -1847- son más contundentes respecto al índice de criminalidad en la provincia de Cádiz y van potenciando el grado de eficacia de la Guardia Civil a medida que se van desplegando. Para ello resulta de gran interés el resumen numérico, por tipología, de los servicios prestados en dicho año, que consta en la Circular núm. 326, de fecha 30 de enero de 1848, realizada por la 3ª Sección de la Inspección General de la Benemérita. Dichos datos fueron publicados en la “Recopilación de las Reales Órdenes y Circulares de interés general para la Guardia Civil, expedidas en todo el año de 1848, por los Ministerios de la Guerra y Gobernación, y por el Inspector General de la misma”.

Así, concretamente, durante el año 1847 se realizaron por la Benemérita en nuestra provincia un total de 1.335 servicios, situándola en esta ocasión en el primer puesto a nivel nacional, seguida de las provincias de Málaga (1.114) y de Huesca (1.018). De esos 1.335 servicios, 218 correspondían a personas detenidas por la comisión de delitos, 1.016 por la comisión de faltas leves, 61 por desertar del Ejército, 40 por prófugos del servicio militar obligatorio y 11 por contrabando. Por número de presuntos criminales detenidos (218), se encontraba ocupando el tercer puesto a nivel nacional, estando por delante tan sólo Sevilla (289) y Málaga (249).

En las estadísticas de 1848, con una plantilla de guardias civiles más reforzada y con un mayor despliegue territorial, que supuso el aumento del número de localidades que contaban con casas-cuarteles en la provincia de Cádiz, en general, y en el Campo de Gibraltar en particular, son todavía mucho más resolutivas respecto a su eficacia. De hecho, nuestra provincia llegó a ser expresamente distinguida, por el propio duque de Ahumada en la correspondiente circular anual, “por el mayor número de aprehensiones de criminales”. 

Concretamente fue publicado en el resumen numérico de los servicios prestados por provincia en el año 1848, de la Circular núm. 476, de 14 de marzo de 1849, dimanante de la mentada 3ª Sección de la Inspección General de la Benemérita. Conforme a su contenido, durante el mentado 1848, se realizaron en la provincia de Cádiz un total de 2.103 servicios, permaneciendo en el primer puesto a nivel nacional, seguida a mucha distancia de las provincias de Huesca (1.446) y de Málaga (1.246). De esos 2.103 servicios, 471 correspondían a personas detenidas por la comisión de delitos, 1.464 por la comisión de faltas leves, 113 por desertar del Ejército, 55 por prófugos del servicio militar obligatorio y 15 por contrabando. Por número de supuestos criminales detenidos (471), se situaba también en el primer puesto a nivel nacional, seguida a bastante distancia de Málaga (347) y Sevilla (339).

Antes de entrar a valorar la criminalidad en la provincia de Cádiz, debe realizarse una aclaración respecto a la cifra tan reducida de detenciones de contrabandistas practicadas por la Guardia Civil, máxime cuando por culpa de la ocupación inglesa de la plaza de Gibraltar desde el año 1704 y la impunidad que ello generaba, se padecía muchísimo más esa lacra, ya que desde allí partía el principal contrabando que sufríamos.

La verdadera razón de ello hay que recordar que se debía a que entonces existía otro Cuerpo que tenía encomendada prioritariamente la persecución del contrabando, como era el de Carabineros del Reino. Encuadrado en el Ejército, y por lo tanto también de naturaleza militar como la Guardia Civil, dependía para el servicio del Ministerio de Hacienda. Disponía en la provincia de Cádiz, de una muy considerable fuerza en proporción a la incipiente Benemérita. 

Por aquél entonces había en la provincia de Cádiz, con cabecera en su capital, una sola Comandancia de Carabineros, para la vigilancia de la primera línea de costa y segunda línea de interior. Quedaban entonces más de tres décadas para crearse la Comandancia de Algeciras. Estaba integrada en enero de 1845, según la obra de Madoz, por un comandante 1º, un comandante 2º, 6 capitanes, 14 tenientes, 15 subtenientes, 6 sargentos 1º, 35 sargentos 2º, 35 cabos 1º, 617 carabineros de infantería y 136 de caballería, mientras que para la vigilancia y resguardo en los puertos, disponían de 12 cabos patrones y 98 carabineros de mar.

Es decir, un total de 976 hombres, lo cual suponía prácticamente multiplicar por siete la plantilla que tenía entonces la Guardia Civil. Y todo ello sin contabilizarse el personal del denominado Resguardo Marítimo, ajeno a Carabineros, encargado de perseguir el contrabando en la mar y que contaba con un vapor, 2 bergantines, 13 faluchos y 12 barquillas, con la consiguiente dotación de oficiales de la Armada, patrones y demás operarios que a cada buque correspondían. El mando correspondía entonces a un “comandante de división”, cuya autoridad se extendía por las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga.

(Continuará).

 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (IX). EL CONTRABANDO Y EL INICIO DE LA GUARDIA CIVIL.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 4 de agosto de 2025, pág. 9.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

Ya anteriormente se ha relatado que, a pesar de la felicitación de la joven reina Isabel II, no se ha localizado todavía el resumen de servicios prestados en cada provincia durante el año 1845 por el recién creado Instituto de la Guardia Civil. 

Ello puede ser debido a que creado por real decreto de 28 de marzo de 1844, pero organizado y puesto en marcha por el real decreto de 13 de mayo siguiente, cada uno aprobado por un gobierno diferente, había todavía muy pocas provincias, antes de finalizar dicho año, donde la Benemérita estaba desplegada y funcionando. Por dicha razón es posible que no se pudiera hacer una estadística a nivel nacional con el detalle de cada provincia.

En la provincia de Cádiz ya se expuso que llegados los primeros guardias civiles, junto a sus familias, a finales de diciembre de 1844, no comenzó oficialmente a practicarse servicio hasta el 9 de enero siguiente. También se expuso que la 4ª Sección, que finalmente fue reemplazada la de Infantería inicialmente prevista en el Campo de Gibraltar por otra de Caballería, tuvo que materializarse por la real orden de 20 de diciembre de 1844, detrayéndola de la provincia de Sevilla donde acababa de desplegarse. 

El mando de dicha sección le fue conferido al ya mentado alférez Juan Morillas Casas. Inicialmente estaba previsto que se estableciera en Algeciras, que era donde estaba asentada la máxima autoridad del Campo de Gibraltar, el comandante general del Ejército, mariscal de campo Juan de Lara Irigoyen, cuyo objetivo principal era recuperar el Peñón. Éste, ilegítimamente, y con engaño, había sido arrebatado por el Reino Unido a España abusando de su apoyo a uno de los bandos contendientes por la corona española.

A tal efecto, dado el peso y consecuencias que sigue teniendo en nuestro Campo de Gibraltar, transcurridos ya más de tres siglos, resulta interesante recordar y reproducir el siguiente texto, no exento de complejidad, difundido por nuestro Archivo Histórico Nacional: “La Guerra de Sucesión española fue un conflicto de orden internacional por la sucesión al trono de España tras la muerte de Carlos II, que duró de 1703 a 1713, si bien en Cataluña se prolongó hasta 1714 y en Mallorca hasta 1715. Supuso la instauración de los Borbones en España. Carlos II había testado a favor de Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luis XIV. Todos los soberanos de Europa reconocieron a Felipe de Anjou como rey de España, excepto el emperador Leopoldo de Austria. En ese momento, Francia tomó posiciones para defender las plazas fuertes de los Países Bajos españoles, con el consentimiento de su nieto. Esta ayuda fue tomada como una provocación por parte de Holanda y de Inglaterra, que se posicionaron al lado del Emperador. La guerra se inició en la frontera de Francia con estos países y posteriormente en la propia España, convirtiéndose en una guerra europea dentro de España, a la que se sumó una guerra civil entre los partidarios del Archiduque Carlos, defendido por Aragón, y los partidarios de Felipe de Anjou, defendido por Castilla. Si bien, en ambos territorios hubo defensores y detractores de ambos pretendientes. El final de dicha contienda supuso la entronización de Felipe V en España y el comienzo del reinado de una nueva dinastía, la de los Borbones”.

Regresando a 1845 y al periodo de inicio de la implantación y despliegue de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar, el alférez Morillas tuvo que fijar, por decisión superior, el mando de la mentada 4ª Sección en San Roque al ser más acorde a las necesidades iniciales del servicio encomendado, y no en Algeciras como iniciamente estaba previsto. Mientras tanto, si bien apenas un año después sería destinado a Sevilla, el jefe de la 3ª Compañía desplegada en la provincia gaditana era el primer capitán José María de Cisneros Lanuza. Éste, curiosamente, procedía originariamente de Artillería, y no de Infantería o Caballería, como era la procedencia de la mayoría de los primeros jefes provinciales de la Benemérita.

El caso es que si bien se conocen servicios puntuales de la Benemérita, acaecidos en la provincia gaditana durante 1845, incluidos en el Campo de Gibraltar, y que incluso fueron publicados en la prensa de la época, no se ha localizado todavía el resumen anual de los datos totales de delincuencia combatida por la Guardia Civil durante ese periodo. En cambio sí se conocen los datos completos correspondientes a partir del año siguiente, siendo bastante relevantes y significativos. No en vano se trataba del primer cuerpo de seguridad pública del Estado que realmente fue desplegado por todo el territorio nacional y que incluso terminaría haciéndolo pocos años después en las islas, entonces españolas, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Consecuente con ello, y dado ya el importante despliegue de la Guardia Civil en buena parte del territorio nacional, sí se publicaron los datos relativos a los servicios practicados durante el año 1846. Así hay constancia de que la Benemérita practicó 803 servicios en la provincia de Cádiz. Dicha cifra la situó en el cuarto puesto a nivel nacional, por detrás de Murcia (1.185), Sevilla (929) y Zaragoza (865). De esos 803 servicios, 214 correspondían a personas detenidas por la comisión de delitos, 543 por la comisión de faltas leves, 32 por desertar del Ejército, 12 por prófugos del servicio militar obligatorio y 19 por contrabando.

Esta última cifra, muy reducida, sobre detenciones de contrabandistas en una provincia que por culpa de la engañosa ocupación inglesa de la plaza española de Gibraltar, padecía muchísimo esa lacra, se debía a que entonces existía el Cuerpo de Carabineros, que tenía encomendada prioritariamente su persecución. Tal y como decía el duque de Ahumada en su Circular de 23 de abril de 1845, “que no se abandone el servicio ordinario del Cuerpo, para consagrarse exclusivamente a la persecución del contrabando, pero de manera ninguna que éste deje de perseguirse, siempre que en el curso ordinario de su servicio se encuentre con los contrabandistas, o el contrabando; siendo como es uno de los males, que más perjudican el país, y a cuyo remedio deben contribuir más eficazmente, todos los empleados públicos, y en especial aquellos, que tienen la exclusiva obligación, hacer guardar el cumplimiento de las leyes”.

(Continuará).

 

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (VIII). LA ESTADÍSTICA CRIMINAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE ALGECIRAS.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 28 de julio de 2025, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en color.

Si bien todavía no se han localizado los datos de delincuencia combatida por la Guardia Civil en la provincia de Cádiz en 1845, sí se conocen los correspondientes a los años siguientes. 

A este respecto, y antes de detallar la estadística de la lucha contra la delincuencia provincial gaditana generada por la Benemérita, hay que reseñar los datos numéricos que se contabilizaban y difundían entonces sobre nuestra provincia. Concretamente en el tomo V del “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar”. La autoría de dicha obra corresponde a Pascual Madoz y fue editada en 1846 en Madrid.

Comentaba dicho autor en su exposición que nuestra provincia era una de las tres en que “modernamente” se había subdividido el antiguo “reino de Sevilla”. Exponía que en lo civil y administrativo era una provincia de primera clase, que en lo judicial correspondía a la Audiencia Territorial de Sevilla, y que en lo militar era una de las seis comandancias generales en que estaba entonces distribuida la Comandancia General de Andalucía.

Esta última afirmación, que podía inducir a error, quedaba aclarada en el párrafo siguiente al especificarse, respecto a la provincia gaditana, que, “la parte de la Península cuenta dos comandancias generales del Ejército, una en Algeciras, para el Campo de Gibraltar, a la que solo corresponden Algeciras, Tarifa, San Roque, Jimena, los Barrios y Castellar, y otra en Cádiz para el resto de la provincia”. Hay que recordar que por aquel entonces, La Línea de la Concepción y San Martín del Tesorillo no existían, perteneciendo sus demarcaciones a San Roque y Jimena de la Frontera, respectivamente.

Según la “Estadística criminal, núm. 1”, dedicada al personal juzgado y que constaba en el citado tomo V, correspondían al partido judicial de Algeciras, que comprendía entonces los términos municipales de Algeciras y Tarifa, un total de 59 acusados. De ellos 3 resultaron absueltos y 56 penados (45 presentes y 11 contumaces). De éstos, 29 eran reincidentes y de ellos 16 por el mismo delito mientras que 13 lo eran por otra infracción penal. Respecto a su sexo, 57 eran varones y solo 2 eran hembras, siendo 29 solteros y 30 casados. De ellos, 25 sabían leer y escribir pero 32 lo desconocían, habiendo otros 2 de los que no constaba dicha información. Relativo a su profesión u oficio, se hacía constar que los 59 acusados se dedicaban a “artes mecánicas” y ninguno procedía de “ciencias y artes liberales”. 

Dicha cuantía difería de los 63 acusados en el partido judicial de San Roque (San Roque, Los Barrios, Castellar y Jimena), donde 2 de ellos habían sido absueltos durante la instrucción y otros 2 por sentencia, siendo 59 condenados (41 presentes y 18 contumaces), si bien solo 2 eran reincidentes. De estos, uno por el mismo delito. Respecto a su sexo, 59 eran varones y solo 4 eran hembras, estando 34 en estado de soltería, 18 casados y de 11 no había constancia. De ellos, 11 sabían leer y escribir pero 34 lo desconocían, habiendo 18 de los que no constaba dicha información. Relativo a su oficio, se hacía constar que de los 63 acusados, 38 se dedicaban a “artes mecánicas”, 6 procedían de “ciencias y artes liberales”, y de 19 de ellos se desconocía dicha información.

Finalmente, del “resto” del Campo de Gibraltar (posiblemente se refería en este caso a Ceuta que tenía juzgado propio aunque administrativamente estaba entonces encuadrado en nuestra Comarca), había 34 acusados, de los que 3 habían sido absueltos durante la instrucción y otros 2 por sentencia, siendo 29 condenados (8 presentes y 21 contumaces), de los que 9 eran reincidentes, de ellos 3 por el mismo delito y 2 por otros diferentes. Respecto a su sexo, los 34 acusados eran varones, estando solo 2 en estado de soltería, 10 casados y de 22 no había constancia. De ellos, solo 7 sabían leer y escribir, 9 lo desconocían, existiendo otros 18 de los que no constaba dicha información. Relativo a su oficio, se hacía constar que de esos 34 acusados, 20 se dedicaban a “artes mecánicas”, ninguno a “ciencias y artes liberales”, y de 14 de ellos se desconocía dicha información.

Se hacía constar también en la referida obra de Pascual Madoz, que se estimaba entonces la población de la provincia de Cádiz en 342.694 “almas”, siendo 851 el número total de acusados judicialmente. Respecto al número de “delitos de homicidio y de heridas”, se cifró la cantidad de 287, una proporción estadística que resultaba sorprendentemente inferior a casi el resto de las provincias españolas en relación a la cuantía de su población. 

El partido judicial donde se había perpetrado el mayor número de “crímenes de sangre” de toda la provincia gaditana, en relación al número de habitantes, fue el de San Roque, que contaba entonces con 18.121 “almas”, donde por cierto se dio el único caso de la provincia en el que se empleó el veneno para la perpetración del crimen. La estadística arrojaba la cifra de un delito “de sangre” por cada 442 personas censadas en el partido judicial, mientras que el segundo en encabezar dicha tasa de criminalidad en la provincia era Sanlúcar de Barrameda, que daba la cifra de un “crímen de sangre” por cada 616 personas de dicho partido judicial. Curiosamente, en esta tipología delictiva, la ciudad de Cádiz presentaba una de las cifras más reducidas, “con notable diferencia”, de un delito de este tipo por cada 5.380 habitantes, “proporción que coloca a esta hermosa ciudad entre las más morigeradas de España, a pesar de los contratiempos que su riqueza ha experimentado”. 

Por otra parte, y con la precaución de la obtención real de los datos estadísticos entonces publicados, significar que el número de “almas” del partido judicial de Algeciras se cifraba entonces en 32.595. Debía padecer una cifra baja de “crímenes de sangre” ya que no se especificaba la cuantía concreta en el cómputo provincial, por lo que se supone que no debía ser especialmente significativa.

La imparcial y rigurosa actuación de la Guardia Civil en la provincia gaditana en general, y en el Campo de Gibraltar en particular, con el municipio de Algeciras a su cabeza, donde terminaría asentándose desde San Roque el mando de la Benemérita, arrojaría unas cifras sobre la delincuencia más reales que las conocidas hasta entonces.

(Continuará).