LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (VIII). LA ESTADÍSTICA CRIMINAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE ALGECIRAS.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 28 de julio de 2025, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en color.

Si bien todavía no se han localizado los datos de delincuencia combatida por la Guardia Civil en la provincia de Cádiz en 1845, sí se conocen los correspondientes a los años siguientes. 

A este respecto, y antes de detallar la estadística de la lucha contra la delincuencia provincial gaditana generada por la Benemérita, hay que reseñar los datos numéricos que se contabilizaban y difundían entonces sobre nuestra provincia. Concretamente en el tomo V del “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar”. La autoría de dicha obra corresponde a Pascual Madoz y fue editada en 1846 en Madrid.

Comentaba dicho autor en su exposición que nuestra provincia era una de las tres en que “modernamente” se había subdividido el antiguo “reino de Sevilla”. Exponía que en lo civil y administrativo era una provincia de primera clase, que en lo judicial correspondía a la Audiencia Territorial de Sevilla, y que en lo militar era una de las seis comandancias generales en que estaba entonces distribuida la Comandancia General de Andalucía.

Esta última afirmación, que podía inducir a error, quedaba aclarada en el párrafo siguiente al especificarse, respecto a la provincia gaditana, que, “la parte de la Península cuenta dos comandancias generales del Ejército, una en Algeciras, para el Campo de Gibraltar, a la que solo corresponden Algeciras, Tarifa, San Roque, Jimena, los Barrios y Castellar, y otra en Cádiz para el resto de la provincia”. Hay que recordar que por aquel entonces, La Línea de la Concepción y San Martín del Tesorillo no existían, perteneciendo sus demarcaciones a San Roque y Jimena de la Frontera, respectivamente.

Según la “Estadística criminal, núm. 1”, dedicada al personal juzgado y que constaba en el citado tomo V, correspondían al partido judicial de Algeciras, que comprendía entonces los términos municipales de Algeciras y Tarifa, un total de 59 acusados. De ellos 3 resultaron absueltos y 56 penados (45 presentes y 11 contumaces). De éstos, 29 eran reincidentes y de ellos 16 por el mismo delito mientras que 13 lo eran por otra infracción penal. Respecto a su sexo, 57 eran varones y solo 2 eran hembras, siendo 29 solteros y 30 casados. De ellos, 25 sabían leer y escribir pero 32 lo desconocían, habiendo otros 2 de los que no constaba dicha información. Relativo a su profesión u oficio, se hacía constar que los 59 acusados se dedicaban a “artes mecánicas” y ninguno procedía de “ciencias y artes liberales”. 

Dicha cuantía difería de los 63 acusados en el partido judicial de San Roque (San Roque, Los Barrios, Castellar y Jimena), donde 2 de ellos habían sido absueltos durante la instrucción y otros 2 por sentencia, siendo 59 condenados (41 presentes y 18 contumaces), si bien solo 2 eran reincidentes. De estos, uno por el mismo delito. Respecto a su sexo, 59 eran varones y solo 4 eran hembras, estando 34 en estado de soltería, 18 casados y de 11 no había constancia. De ellos, 11 sabían leer y escribir pero 34 lo desconocían, habiendo 18 de los que no constaba dicha información. Relativo a su oficio, se hacía constar que de los 63 acusados, 38 se dedicaban a “artes mecánicas”, 6 procedían de “ciencias y artes liberales”, y de 19 de ellos se desconocía dicha información.

Finalmente, del “resto” del Campo de Gibraltar (posiblemente se refería en este caso a Ceuta que tenía juzgado propio aunque administrativamente estaba entonces encuadrado en nuestra Comarca), había 34 acusados, de los que 3 habían sido absueltos durante la instrucción y otros 2 por sentencia, siendo 29 condenados (8 presentes y 21 contumaces), de los que 9 eran reincidentes, de ellos 3 por el mismo delito y 2 por otros diferentes. Respecto a su sexo, los 34 acusados eran varones, estando solo 2 en estado de soltería, 10 casados y de 22 no había constancia. De ellos, solo 7 sabían leer y escribir, 9 lo desconocían, existiendo otros 18 de los que no constaba dicha información. Relativo a su oficio, se hacía constar que de esos 34 acusados, 20 se dedicaban a “artes mecánicas”, ninguno a “ciencias y artes liberales”, y de 14 de ellos se desconocía dicha información.

Se hacía constar también en la referida obra de Pascual Madoz, que se estimaba entonces la población de la provincia de Cádiz en 342.694 “almas”, siendo 851 el número total de acusados judicialmente. Respecto al número de “delitos de homicidio y de heridas”, se cifró la cantidad de 287, una proporción estadística que resultaba sorprendentemente inferior a casi el resto de las provincias españolas en relación a la cuantía de su población. 

El partido judicial donde se había perpetrado el mayor número de “crímenes de sangre” de toda la provincia gaditana, en relación al número de habitantes, fue el de San Roque, que contaba entonces con 18.121 “almas”, donde por cierto se dio el único caso de la provincia en el que se empleó el veneno para la perpetración del crimen. La estadística arrojaba la cifra de un delito “de sangre” por cada 442 personas censadas en el partido judicial, mientras que el segundo en encabezar dicha tasa de criminalidad en la provincia era Sanlúcar de Barrameda, que daba la cifra de un “crímen de sangre” por cada 616 personas de dicho partido judicial. Curiosamente, en esta tipología delictiva, la ciudad de Cádiz presentaba una de las cifras más reducidas, “con notable diferencia”, de un delito de este tipo por cada 5.380 habitantes, “proporción que coloca a esta hermosa ciudad entre las más morigeradas de España, a pesar de los contratiempos que su riqueza ha experimentado”. 

Por otra parte, y con la precaución de la obtención real de los datos estadísticos entonces publicados, significar que el número de “almas” del partido judicial de Algeciras se cifraba entonces en 32.595. Debía padecer una cifra baja de “crímenes de sangre” ya que no se especificaba la cuantía concreta en el cómputo provincial, por lo que se supone que no debía ser especialmente significativa.

La imparcial y rigurosa actuación de la Guardia Civil en la provincia gaditana en general, y en el Campo de Gibraltar en particular, con el municipio de Algeciras a su cabeza, donde terminaría asentándose desde San Roque el mando de la Benemérita, arrojaría unas cifras sobre la delincuencia más reales que las conocidas hasta entonces.

(Continuará). 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (VII). EL LARGO CAMINO SOBRE LOS DATOS DE LA DELINCUENCIA COMÚN.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 21 de julio de 2025, pág. 15.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

 

Cuando en el Campo de Gibraltar se hablaba de orden público a mediados del siglo XIX, hoy día llamada seguridad ciudadana, hay que referirse necesariamente a la Guardia Civil. De hecho, hoy día, la mayor parte de la extensión territorial de la Comarca sigue estando bajo su dependencia en dicha materia.

Centrándonos en la situación existente en el año 1845, que fue cuando el nuevo Cuerpo de la Benemérita comenzó a desplegarse y ejercer sus funciones en el Campo de Gibraltar de entonces, hay que resaltar la dependencia gubernativa y operativa que tenía aquella 4ª Sección de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz. Al publicarse su implantación, su cabecera se fijó inicialmente en Algeciras, si bien dicha jefatura, por necesidades del servicio, se ubicó en San Roque durante los primeros años del despliegue. Inicialmente en la ciudad algecireña sólo se estableció un puesto.

Los cometidos de la Benemérita en materia de orden público no llegaron a ser entonces realmente competencia del jefe superior político de la provincia gaditana, brigadier Manuel Lassala Solera, que sí los ejercía en el resto de la misma, sino del mariscal de campo Juan de Lara Irigoyen, comandante general del Campo de Gibraltar. 

Ello fue debido a las singulares atribuciones de éste, que excedían con mucho, del ámbito de lo estrictamente militar, afectando a la esfera administrativa, fiscal, policial y política, en detrimento de las potestades del mentado jefe superior político de Cádiz, fruto de la legislación vigente entonces. Nuestra Comarca nunca fue un territorio fácil y en aquella época, menos aún. Muy interesante resulta la lectura del extenso trabajo titulado “Historia del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar”, cuyo autor es el coronel de Artillería (r) Rafael Vidal Delgado, doctor en Historia Contemporánea, que fue publicado en 1999 por la editorial madrileña Deimos, en las “Actas VIII Jornadas Nacionales de Historia Militar: Milicia y sociedad en la baja Andalucía (siglos XVIII y XIX)”, que fueron celebradas el año anterior en Sevilla.

Respecto a la “delincuencia” que padecía entonces la provincia gaditana, y su Campo de Gibraltar, no queda más remedio que diferenciar entre la “revolucionaria” y la “común”, pues el gobierno de entonces, con anterioridad al despliegue de la Guardia Civil, realzaba la importancia de la primera mientras no tenía apenas en cuenta la segunda, lo cual se demostraría bien pronto, gracias a la acción de la Benemérita, que era un profundo y evidente error.

Evidentemente las preocupaciones oficiales del citado jefe superior político de Cádiz eran diferentes de los dos comandantes generales del Ejército que había en la provincia. No obstante hay que significar que las competencias del comandante general del Campo de Gibraltar, asentado en Algeciras, eran mayores que las de su compañero de armas establecido en la capital gaditana, al asumir varias de las que ejercía en el resto de la provincia como jefe superior político el mentado Manuel Lassala Solera.

Su frase de que la provincia de Cádiz, “sea afortunadamente una de aquellas en que apenas es conocido el crímen”, refiriéndose a la “delincuencia común”, no puede tomarse en serio, como pronto demostraría la Guardia Civil. 

Tal vez Manuel Lassala, en su función de máxima autoridad política de Cádiz, estuviera tan preocupado por la “delincuencia revolucionaria”, que tanto había padecido y seguía padeciendo nuestra provincia, afectando directa y gravemente a la seguridad del Estado, que no le diera la debida importancia a la “delincuencia común”.

De hecho, cuando el 3 de junio de 1844 se había dirigido por primera vez a los alcaldes de la provincia, tras tomar posesión de su cargo como jefe superior político, les escribió asegurándoles que gobernaría con justicia, “manteniendo con extrema firmeza el orden público”, tal y como publicó la Gaceta de Madrid ocho días más tarde.

Y cinco meses más tarde, concretamente el 5 de noviembre, había difundido en el Boletín Oficial de la Provincia, publicado dos días después, y en la prensa local, reproducido cinco días más tarde por la Gaceta de Madrid, un durísimo aviso a los posibles revolucionarios, “que son enemigos de la paz y de todo Gobierno, hacen continuos esfuerzos para alterar el orden público, y rechazados por la cordura, por la sensatez y por la fidelidad de la nación, no rehusan en su despecho hasta el mismo asesinato”, previniéndoles de que “el momento en que intentasen la ejecución de sus crímenes sería el de su exterminio”, así como intentando hacerles comprender que estaba resuelto a “destruirlos con ejemplar escarmiento, si en cualquier punto intentan suminirnos en nuevos trastornos”. 

No obstante, la entrada en eficacia de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz, al igual que ocurriría en el resto de España, no tardaría en cuestionar aquellas palabras del jefe político, respecto a la verdadera cifra de la criminalidad común. Ésta, seguramente permanecía oculta por que no existía hasta entonces un cuerpo de seguridad, jerarquizado, disciplinado y desplegado por toda la provincia, con capacidad legal de instruir diligencias para su posterior entrega a las autoridades judiciales competentes, constituyendo ello una de las claves de su éxito. Con el despliegue y actuación de la Benemérita se terminó por tener conocimiento fidedigno y real de la delincuencia común, es decir, aquella que no era “delincuencia política”, que era la que realmente preocupaba entonces a los gobernantes.

El primer año del que se disponen de los resúmenes numéricos de los servicios policiales prestados, es decir, de estadísticas, globales y concretas, de la actuación de la Guardia Civil en materia de seguridad pública, tanto en España en general como en la provincia de Cádiz en particular, es 1846. Por supuesto que hay datos policiales de épocas anteriores de diferentes cuerpos, entidades, instituciones, corporaciones, etc., pero ninguno de ellos tuvo entidad ni despliegue de ámbito nacional ni provincial en sentido estricto, como sí sucedió con la Benemérita.

Con fecha 14 de enero de 1846 se elevó al Ministerio de la Guerra, un estado general de los servicios prestados durante el mismo por el nuevo Cuerpo en todas las provincias, lo cual fue valorado muy positivamente por Isabel II, “que ha visto con sumo gusto el buen comportamiento de la Guardia Civil, y los positivos resultados que ha producido”. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible localizar el detalle de dicho resumen.

(Continuará). 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (VI). EL INICIO DEL DESPLIEGUE EN EL CAMPO DE GIBRALTAR.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 14 de julio de 2025, pág. 14.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

 

Puede llamar la atención que al tratarse en el artículo anterior el primer escrito oficial por el que el jefe superior político de la provincia de Cádiz, brigadier Manuel Lassala Solera, dirigió el 8 de enero de 1845 a los alcaldes donde se habían establecido las primeras casas-cuarteles del nuevo Cuerpo de la Guardia Civil, así como los términos municipales donde se iba a prestar servicio a partir del día siguiente, apenas hiciera mención del Campo de Gibraltar. 

Ello se debía principalmente a que, si bien formaba parte de la provincia gaditana, quien de verdad mandaba entonces allí y tenía la máxima responsabilidad en los principales temas de interés para la Benemérita, era el comandante general asentado en Algeciras. Es cierto que ya no se combatía militarmente contra el Reino Unido para poder recuperar la soberanía española de la colonia británica del Peñón, pero tampoco se renunciaba a aquella pequeña porción de nuestro territorio nacional.

Como ya se expuso anteriormente, la 4ª Sección de la Guardia Civil en la provincia gaditana iba a asentar inicialmente su jefatura en la ciudad de Algeciras y estaba previsto que fuera de Infantería, como las otras tres secciones desplegadas en la misma, todo ello conforme la real orden de 25 de noviembre de 1844. Sin embargo, por real orden de 20 de diciembre siguiente, se dispuso que la sección de la Guardia Civil a desplegar en el Campo de Gibraltar, fuese de Caballería, procedente de la ya establecida en la provincia de Sevilla. 

Inicialmente se dispuso que el despliegue de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz cubriera en una primera fase toda ella a excepción de su sierra, que años más tarde se terminaría por cubrir. La razón de ello no fue otra que la de ir cohesionando los efectivos disponibles en los municipios que fueran factibles. Las plantillas inicialmente aprobadas no llegaron a cubrirse en su totalidad, dado el rigor de la selección que se exigió a los aspirantes, ya que se selecciono sólo a los mejores, medida que se acreditó posteriormente como muy necesaria en el nuevo Cuerpo que tendría el honor como su principal divisa. 

El duque de Ahumada tenía claro que el nuevo Cuerpo militar que se había creado, como Fuerza de Seguridad del Estado, tenía que desplegarse con firmeza y fortaleza por todo el territorio nacional, así como que el personal seleccionado debía tener una fiabilidad de honestidad y profesionalidad absoluta. Tal y como posteriormente diría la “Cartilla del Guardia Civil”, aprobada por real orden de 20 de diciembre de 1845, el honor perdido no se recuperaría jamás, es decir, no habría una segunda oportunidad para quien fuera considerado indigno de seguir perteneciendo a la Benemérita, por sus acciones u omisiones perpetradas.

Los anteriores cuerpos de carácter policial del Estado creados con anterioridad, civiles o militares, no habían llegado nunca a desplegarse por todas las provincias ni sus localidades, por grandes o pequeñas que fueran, ni habían tenido un grado de cohesión, exigencia e integridad moral y profesional como el benemérito Cuerpo que acababa de crearse. Su presencia en la provincia de Cádiz no sería precisamente una excepción y para que pudiera terminar de desplegarse por su sierra, aún tendrían que pasar algunos años.

La compleja orografía del Campo de Gibraltar y su singularidad social, que además contaba con una colonia británica empotrada en su demarcación, influyeron decisivamente en la conformación, primero de una sección de la Guardia Civil, después en una compañía, y finalmente en una comandancia, tras integrar la Benemérita en sus filas, la existente de Carabineros. 

El primer jefe de aquella 4ª Sección de la Benemérita campogibraltareña, que comenzó a desplegarse a principios de 1845, fue el alférez de Caballería de la Guardia Civil Juan Morillas Casas. Es cierto que por necesidades del servicio terminó por ubicar su jefatura durante los primeros años en la población de San Roque, en vez de la de Algeciras, donde inicialmente se había previsto. Sin embargo, uno de sus puestos subordinados sí se estableció en la mentada ciudad algecireña. 

Hay que significar que ésta, era entonces una ciudad muy distinta y diferente de la que hoy día conocemos, con muchísima menos población que la actualmente existente, y donde estaba ya asentada desde hacía décadas, procedente de San Roque, la máxima autoridad militar, y política realmente, del Campo de Gibraltar. No hay que olvidar que como consecuencia de la existencia de la mentada colonia británica, la cual España nunca había dejado de intentar recuperarla, existían dos comandancias generales del Ejército establecidas en la provincia, transformadas posteriormente en gobiernos militares: la de Cádiz y la del Campo de Gibraltar.

A comienzos de 1845, con la llegada y despliegue de la mentada 4ª Sección de la Guardia Civil, el comandante general asentado en Algeciras era el mariscal de campo (general de división) Juan de Lara Irigoyen, natural de Vigo (Pontevedra) y futuro ministro del Ejército. Éste había sido nombrado anteriormente, por el gobierno provisional de entonces, y por decreto de 13 de agosto de 1843, comandante general de Cádiz, sustituyendo al de igual clase Antonio Ordoñez Villanueva, que había sido nombrado “Segundo Cabo de Andalucía” en la plaza de Sevilla. Hay que significar que éste último había nacido por cierto en Algeciras y poco antes había ocupado muy brevemente la Comandancia General del Campo de Gibraltar. 

El mariscal de campo Juan de Lara, transcurrido poco más de un año, y bajo otro gobierno diferente, fue nombrado comandante general del Campo de Gibraltar, relevando al teniente general Felipe Montes Flores, nacido en Cádiz. El general vigués tomó posesión de su nuevo cargo el 21 de diciembre de 1844 en una solemne ceremonia celebrada en Algeciras. Su presencia y actuación durante los primeros años de la presencia de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar fue fundamental. Media década después, por real decreto de 28 de enero de 1850, “atendiendo a los servicios, mérito y circunstancias”, fue nombrado capitán general de Navarra, en reemplazo del teniente general Antonio Urbiztondo Eguía, marqués de la Solana, nacido en San Sebastián (Guipúzcoa).

(Continuará). 

 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (V). EL INICIO DEL DESPLIEGUE EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 7 de julio de 2025, pág. 15.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

El 8 de enero de 1845, jornada anterior al inicio del despliegue y primeros servicios que comenzó a prestar la Guardia Civil en la provincia gaditana, el jefe superior político de la misma, brigadier Manuel Lassala Solera, dirigió un escrito a los alcaldes de las poblaciones en las que se iban a instalar las primeras casas-cuarteles del benemérito Instituto, así como en aquellas localidades, en las que empezarían a ejercer su vigilancia. 

Dicho escrito tuvo gran difusión, ya que no sólo fue publicado al día siguiente en la primera y segunda página del Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, y dos días más tarde, 11 de enero, por la prensa local gaditana, concretamente en la tercera página de “El Comercio”, sino incluso también por la propia Gaceta de Madrid del día 20 de enero, en su segunda página. Ello constituyó, a nivel nacional, la primera noticia que se divulgó en este último medio, sobre el primer despliegue territorial de una unidad provincial de la Guardia Civil, que todavía no se llamaba “Comandancia”.

“Habiendo llegado a esta ciudad parte de la guardia civil de infantería destinada a esta provincia, sale en el día de mañana a desempeñar su importante servicio según y en el modo que al pie se indica.

 

La guardia civil es el brazo de protección y seguridad que el Gobierno ofrece al hombre honrado, y lo es de persecución y de temor para el delincuente y de mal vivir. El esmero con que se ha atendido al personal del cuerpo, y los servicios que ya ha prestado en algunas provincias, aseguran llenará cumplidamente la intención paternal que S.M. se ha propuesto al dignarse mandar su creación en beneficio de la pública seguridad.

 

Al revistar la expresada fuerza he recordado a sus individuos los deberes de protección que tienen que cumplir, la circunspección y decoro que siempre les debe acompañar, y les he dicho también la buena índole, el carácter honrado y las prendas recomendables que distinguen a los pueblos de la provincia, y que hace sea afortunadamente una de aquellas en que apenas es conocido el crimen. Encargo a V.S. muy particularmente que por cuantos medios estén a su alcance proporcione todos los auxilios, datos y noticias a los jefes e individuos de la guardia civil, a fin de que más fácilmente llenen el servicio de su instituto, en la que hará V.S. un recomendable servicio al país, y muy digno del celo y cualidades que a V.S. adornan.”

 

A continuación de dicho escrito, se detallaba la distribución orgánica y el despliegue territorial inicial de las tres secciones de infantería de la Guardia Civil por buena parte de la provincia.

La 1ª Sección pasaba a establecerse en Cádiz, prestando su servicio en el interior de la capital y extendiéndose su acción hasta la ciudad de San Fernando, inclusive. Hay que significar que, según se publicaba en la tercera página del periódico “El Comercio”, fechado el 1 de enero de 1845, se había dispuesto, por orden del mentado jefe superior político de la provincia, fechada el 30 de diciembre anterior, la ciudad de Cádiz, había quedado dividida, “para mejor servicio del público”, en dos distritos de seguridad pública. El primero estaba integrado por los barrios de Extramuros, Merced, Pópulo, Escuelas y Correo, mientras que el segundo, lo estaba por los de San Francisco y San Carlos, Cortes, Constitución y Hércules, Hospicio, Palma y Libertad.

 

La 2ª Sección quedaba ubicaba en Jerez de la Frontera, responsabilizándose principalmente de la seguridad del “camino principal” que se dirige a Sevilla. También debía recorrer constantemente los caminos hacia los términos municipales de Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María y demás direcciones que se considerasen convenientes, poniéndose en comunicación con la 1ª y 3ª secciones limítrofes.

 

La 3ª Sección se instaló en la localidad de Medina Sidonia, vigilando especialmente los pinares de Chiclana de la Frontera, y extendiéndose hacia los términos municipales de Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera. Así mismo debía de estar “en comunicación con la fuerza de caballería del mismo cuerpo”, situada en Algeciras y la 2ª Sección.

 

El escrito del gobierno superior político de la provincia finalizaba con una nota que contenía dos puntos. En el primero se disponía que el “jefe principal del cuerpo”, es decir, el primer capitán José María Cisneros Lanuza, debía de dar las instrucciones que estimase convenientes para el mejor servicio de su unidad. Y en el segundo, que los ayuntamientos de Cádiz, Jerez de la Frontera y Medina Sidonia, debían proporcionar la oportuna casa-cuartel para el alojamiento de las citadas secciones, todo ello con arreglo al artículo 19 del real decreto fundacional, de 13 de mayo de 1844: “Los ayuntamientos de los pueblos a que se destinasen puestos fijos de la guardia civil les proporcionarán casas cuarteles en que vivir con sus familias, si las tuvieren, dándoseles por el Estado el correspondiente utensilio”.

Analizando tan breve pero conciso y detallado escrito, se considera conveniente realizar algunas reflexiones y consideraciones. En primer lugar, debe entenderse que el 8 de enero de 1845, fecha en la que se dirige el escrito a los alcaldes afectados, al igual que ya estaba en la capital, la fuerza de la Guardia Civil para iniciar al día siguiente y por primera vez, su servicio, también debía encontrarse en las localidades de Jerez de la Frontera y Medina Sidonia. Posiblemente no estuvieran todavía completas las plantillas, habida cuenta lo expuesto con anterioridad, pero desde luego sí que existían efectivos suficientes para comenzar a realizar las misiones encomendadas en la normativa fundacional.

Surge la duda, por la referencia tan vaga con que se menciona, respecto a la presencia de la “Sección de Caballería”, y cuya demarcación asignada se entiende que sería el Campo de Gibraltar, con residencia en Algeciras, aunque finalmente se fijó, y permaneció durante los años siguientes, la cabecera de dicha unidad en San Roque, estableciéndose sólo un puesto, de caballería, en la ciudad algecireña. 

(Continuará).