LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (IX). EL CONTRABANDO Y EL INICIO DE LA GUARDIA CIVIL.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 4 de agosto de 2025, pág. 9.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

Ya anteriormente se ha relatado que, a pesar de la felicitación de la joven reina Isabel II, no se ha localizado todavía el resumen de servicios prestados en cada provincia durante el año 1845 por el recién creado Instituto de la Guardia Civil. 

Ello puede ser debido a que creado por real decreto de 28 de marzo de 1844, pero organizado y puesto en marcha por el real decreto de 13 de mayo siguiente, cada uno aprobado por un gobierno diferente, había todavía muy pocas provincias, antes de finalizar dicho año, donde la Benemérita estaba desplegada y funcionando. Por dicha razón es posible que no se pudiera hacer una estadística a nivel nacional con el detalle de cada provincia.

En la provincia de Cádiz ya se expuso que llegados los primeros guardias civiles, junto a sus familias, a finales de diciembre de 1844, no comenzó oficialmente a practicarse servicio hasta el 9 de enero siguiente. También se expuso que la 4ª Sección, que finalmente fue reemplazada la de Infantería inicialmente prevista en el Campo de Gibraltar por otra de Caballería, tuvo que materializarse por la real orden de 20 de diciembre de 1844, detrayéndola de la provincia de Sevilla donde acababa de desplegarse. 

El mando de dicha sección le fue conferido al ya mentado alférez Juan Morillas Casas. Inicialmente estaba previsto que se estableciera en Algeciras, que era donde estaba asentada la máxima autoridad del Campo de Gibraltar, el comandante general del Ejército, mariscal de campo Juan de Lara Irigoyen, cuyo objetivo principal era recuperar el Peñón. Éste, ilegítimamente, y con engaño, había sido arrebatado por el Reino Unido a España abusando de su apoyo a uno de los bandos contendientes por la corona española.

A tal efecto, dado el peso y consecuencias que sigue teniendo en nuestro Campo de Gibraltar, transcurridos ya más de tres siglos, resulta interesante recordar y reproducir el siguiente texto, no exento de complejidad, difundido por nuestro Archivo Histórico Nacional: “La Guerra de Sucesión española fue un conflicto de orden internacional por la sucesión al trono de España tras la muerte de Carlos II, que duró de 1703 a 1713, si bien en Cataluña se prolongó hasta 1714 y en Mallorca hasta 1715. Supuso la instauración de los Borbones en España. Carlos II había testado a favor de Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luis XIV. Todos los soberanos de Europa reconocieron a Felipe de Anjou como rey de España, excepto el emperador Leopoldo de Austria. En ese momento, Francia tomó posiciones para defender las plazas fuertes de los Países Bajos españoles, con el consentimiento de su nieto. Esta ayuda fue tomada como una provocación por parte de Holanda y de Inglaterra, que se posicionaron al lado del Emperador. La guerra se inició en la frontera de Francia con estos países y posteriormente en la propia España, convirtiéndose en una guerra europea dentro de España, a la que se sumó una guerra civil entre los partidarios del Archiduque Carlos, defendido por Aragón, y los partidarios de Felipe de Anjou, defendido por Castilla. Si bien, en ambos territorios hubo defensores y detractores de ambos pretendientes. El final de dicha contienda supuso la entronización de Felipe V en España y el comienzo del reinado de una nueva dinastía, la de los Borbones”.

Regresando a 1845 y al periodo de inicio de la implantación y despliegue de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar, el alférez Morillas tuvo que fijar, por decisión superior, el mando de la mentada 4ª Sección en San Roque al ser más acorde a las necesidades iniciales del servicio encomendado, y no en Algeciras como iniciamente estaba previsto. Mientras tanto, si bien apenas un año después sería destinado a Sevilla, el jefe de la 3ª Compañía desplegada en la provincia gaditana era el primer capitán José María de Cisneros Lanuza. Éste, curiosamente, procedía originariamente de Artillería, y no de Infantería o Caballería, como era la procedencia de la mayoría de los primeros jefes provinciales de la Benemérita.

El caso es que si bien se conocen servicios puntuales de la Benemérita, acaecidos en la provincia gaditana durante 1845, incluidos en el Campo de Gibraltar, y que incluso fueron publicados en la prensa de la época, no se ha localizado todavía el resumen anual de los datos totales de delincuencia combatida por la Guardia Civil durante ese periodo. En cambio sí se conocen los datos completos correspondientes a partir del año siguiente, siendo bastante relevantes y significativos. No en vano se trataba del primer cuerpo de seguridad pública del Estado que realmente fue desplegado por todo el territorio nacional y que incluso terminaría haciéndolo pocos años después en las islas, entonces españolas, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Consecuente con ello, y dado ya el importante despliegue de la Guardia Civil en buena parte del territorio nacional, sí se publicaron los datos relativos a los servicios practicados durante el año 1846. Así hay constancia de que la Benemérita practicó 803 servicios en la provincia de Cádiz. Dicha cifra la situó en el cuarto puesto a nivel nacional, por detrás de Murcia (1.185), Sevilla (929) y Zaragoza (865). De esos 803 servicios, 214 correspondían a personas detenidas por la comisión de delitos, 543 por la comisión de faltas leves, 32 por desertar del Ejército, 12 por prófugos del servicio militar obligatorio y 19 por contrabando.

Esta última cifra, muy reducida, sobre detenciones de contrabandistas en una provincia que por culpa de la engañosa ocupación inglesa de la plaza española de Gibraltar, padecía muchísimo esa lacra, se debía a que entonces existía el Cuerpo de Carabineros, que tenía encomendada prioritariamente su persecución. Tal y como decía el duque de Ahumada en su Circular de 23 de abril de 1845, “que no se abandone el servicio ordinario del Cuerpo, para consagrarse exclusivamente a la persecución del contrabando, pero de manera ninguna que éste deje de perseguirse, siempre que en el curso ordinario de su servicio se encuentre con los contrabandistas, o el contrabando; siendo como es uno de los males, que más perjudican el país, y a cuyo remedio deben contribuir más eficazmente, todos los empleados públicos, y en especial aquellos, que tienen la exclusiva obligación, hacer guardar el cumplimiento de las leyes”.

(Continuará).

 

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (VIII). LA ESTADÍSTICA CRIMINAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE ALGECIRAS.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 28 de julio de 2025, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en color.

Si bien todavía no se han localizado los datos de delincuencia combatida por la Guardia Civil en la provincia de Cádiz en 1845, sí se conocen los correspondientes a los años siguientes. 

A este respecto, y antes de detallar la estadística de la lucha contra la delincuencia provincial gaditana generada por la Benemérita, hay que reseñar los datos numéricos que se contabilizaban y difundían entonces sobre nuestra provincia. Concretamente en el tomo V del “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar”. La autoría de dicha obra corresponde a Pascual Madoz y fue editada en 1846 en Madrid.

Comentaba dicho autor en su exposición que nuestra provincia era una de las tres en que “modernamente” se había subdividido el antiguo “reino de Sevilla”. Exponía que en lo civil y administrativo era una provincia de primera clase, que en lo judicial correspondía a la Audiencia Territorial de Sevilla, y que en lo militar era una de las seis comandancias generales en que estaba entonces distribuida la Comandancia General de Andalucía.

Esta última afirmación, que podía inducir a error, quedaba aclarada en el párrafo siguiente al especificarse, respecto a la provincia gaditana, que, “la parte de la Península cuenta dos comandancias generales del Ejército, una en Algeciras, para el Campo de Gibraltar, a la que solo corresponden Algeciras, Tarifa, San Roque, Jimena, los Barrios y Castellar, y otra en Cádiz para el resto de la provincia”. Hay que recordar que por aquel entonces, La Línea de la Concepción y San Martín del Tesorillo no existían, perteneciendo sus demarcaciones a San Roque y Jimena de la Frontera, respectivamente.

Según la “Estadística criminal, núm. 1”, dedicada al personal juzgado y que constaba en el citado tomo V, correspondían al partido judicial de Algeciras, que comprendía entonces los términos municipales de Algeciras y Tarifa, un total de 59 acusados. De ellos 3 resultaron absueltos y 56 penados (45 presentes y 11 contumaces). De éstos, 29 eran reincidentes y de ellos 16 por el mismo delito mientras que 13 lo eran por otra infracción penal. Respecto a su sexo, 57 eran varones y solo 2 eran hembras, siendo 29 solteros y 30 casados. De ellos, 25 sabían leer y escribir pero 32 lo desconocían, habiendo otros 2 de los que no constaba dicha información. Relativo a su profesión u oficio, se hacía constar que los 59 acusados se dedicaban a “artes mecánicas” y ninguno procedía de “ciencias y artes liberales”. 

Dicha cuantía difería de los 63 acusados en el partido judicial de San Roque (San Roque, Los Barrios, Castellar y Jimena), donde 2 de ellos habían sido absueltos durante la instrucción y otros 2 por sentencia, siendo 59 condenados (41 presentes y 18 contumaces), si bien solo 2 eran reincidentes. De estos, uno por el mismo delito. Respecto a su sexo, 59 eran varones y solo 4 eran hembras, estando 34 en estado de soltería, 18 casados y de 11 no había constancia. De ellos, 11 sabían leer y escribir pero 34 lo desconocían, habiendo 18 de los que no constaba dicha información. Relativo a su oficio, se hacía constar que de los 63 acusados, 38 se dedicaban a “artes mecánicas”, 6 procedían de “ciencias y artes liberales”, y de 19 de ellos se desconocía dicha información.

Finalmente, del “resto” del Campo de Gibraltar (posiblemente se refería en este caso a Ceuta que tenía juzgado propio aunque administrativamente estaba entonces encuadrado en nuestra Comarca), había 34 acusados, de los que 3 habían sido absueltos durante la instrucción y otros 2 por sentencia, siendo 29 condenados (8 presentes y 21 contumaces), de los que 9 eran reincidentes, de ellos 3 por el mismo delito y 2 por otros diferentes. Respecto a su sexo, los 34 acusados eran varones, estando solo 2 en estado de soltería, 10 casados y de 22 no había constancia. De ellos, solo 7 sabían leer y escribir, 9 lo desconocían, existiendo otros 18 de los que no constaba dicha información. Relativo a su oficio, se hacía constar que de esos 34 acusados, 20 se dedicaban a “artes mecánicas”, ninguno a “ciencias y artes liberales”, y de 14 de ellos se desconocía dicha información.

Se hacía constar también en la referida obra de Pascual Madoz, que se estimaba entonces la población de la provincia de Cádiz en 342.694 “almas”, siendo 851 el número total de acusados judicialmente. Respecto al número de “delitos de homicidio y de heridas”, se cifró la cantidad de 287, una proporción estadística que resultaba sorprendentemente inferior a casi el resto de las provincias españolas en relación a la cuantía de su población. 

El partido judicial donde se había perpetrado el mayor número de “crímenes de sangre” de toda la provincia gaditana, en relación al número de habitantes, fue el de San Roque, que contaba entonces con 18.121 “almas”, donde por cierto se dio el único caso de la provincia en el que se empleó el veneno para la perpetración del crimen. La estadística arrojaba la cifra de un delito “de sangre” por cada 442 personas censadas en el partido judicial, mientras que el segundo en encabezar dicha tasa de criminalidad en la provincia era Sanlúcar de Barrameda, que daba la cifra de un “crímen de sangre” por cada 616 personas de dicho partido judicial. Curiosamente, en esta tipología delictiva, la ciudad de Cádiz presentaba una de las cifras más reducidas, “con notable diferencia”, de un delito de este tipo por cada 5.380 habitantes, “proporción que coloca a esta hermosa ciudad entre las más morigeradas de España, a pesar de los contratiempos que su riqueza ha experimentado”. 

Por otra parte, y con la precaución de la obtención real de los datos estadísticos entonces publicados, significar que el número de “almas” del partido judicial de Algeciras se cifraba entonces en 32.595. Debía padecer una cifra baja de “crímenes de sangre” ya que no se especificaba la cuantía concreta en el cómputo provincial, por lo que se supone que no debía ser especialmente significativa.

La imparcial y rigurosa actuación de la Guardia Civil en la provincia gaditana en general, y en el Campo de Gibraltar en particular, con el municipio de Algeciras a su cabeza, donde terminaría asentándose desde San Roque el mando de la Benemérita, arrojaría unas cifras sobre la delincuencia más reales que las conocidas hasta entonces.

(Continuará). 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (VII). EL LARGO CAMINO SOBRE LOS DATOS DE LA DELINCUENCIA COMÚN.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 21 de julio de 2025, pág. 15.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

 

Cuando en el Campo de Gibraltar se hablaba de orden público a mediados del siglo XIX, hoy día llamada seguridad ciudadana, hay que referirse necesariamente a la Guardia Civil. De hecho, hoy día, la mayor parte de la extensión territorial de la Comarca sigue estando bajo su dependencia en dicha materia.

Centrándonos en la situación existente en el año 1845, que fue cuando el nuevo Cuerpo de la Benemérita comenzó a desplegarse y ejercer sus funciones en el Campo de Gibraltar de entonces, hay que resaltar la dependencia gubernativa y operativa que tenía aquella 4ª Sección de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz. Al publicarse su implantación, su cabecera se fijó inicialmente en Algeciras, si bien dicha jefatura, por necesidades del servicio, se ubicó en San Roque durante los primeros años del despliegue. Inicialmente en la ciudad algecireña sólo se estableció un puesto.

Los cometidos de la Benemérita en materia de orden público no llegaron a ser entonces realmente competencia del jefe superior político de la provincia gaditana, brigadier Manuel Lassala Solera, que sí los ejercía en el resto de la misma, sino del mariscal de campo Juan de Lara Irigoyen, comandante general del Campo de Gibraltar. 

Ello fue debido a las singulares atribuciones de éste, que excedían con mucho, del ámbito de lo estrictamente militar, afectando a la esfera administrativa, fiscal, policial y política, en detrimento de las potestades del mentado jefe superior político de Cádiz, fruto de la legislación vigente entonces. Nuestra Comarca nunca fue un territorio fácil y en aquella época, menos aún. Muy interesante resulta la lectura del extenso trabajo titulado “Historia del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar”, cuyo autor es el coronel de Artillería (r) Rafael Vidal Delgado, doctor en Historia Contemporánea, que fue publicado en 1999 por la editorial madrileña Deimos, en las “Actas VIII Jornadas Nacionales de Historia Militar: Milicia y sociedad en la baja Andalucía (siglos XVIII y XIX)”, que fueron celebradas el año anterior en Sevilla.

Respecto a la “delincuencia” que padecía entonces la provincia gaditana, y su Campo de Gibraltar, no queda más remedio que diferenciar entre la “revolucionaria” y la “común”, pues el gobierno de entonces, con anterioridad al despliegue de la Guardia Civil, realzaba la importancia de la primera mientras no tenía apenas en cuenta la segunda, lo cual se demostraría bien pronto, gracias a la acción de la Benemérita, que era un profundo y evidente error.

Evidentemente las preocupaciones oficiales del citado jefe superior político de Cádiz eran diferentes de los dos comandantes generales del Ejército que había en la provincia. No obstante hay que significar que las competencias del comandante general del Campo de Gibraltar, asentado en Algeciras, eran mayores que las de su compañero de armas establecido en la capital gaditana, al asumir varias de las que ejercía en el resto de la provincia como jefe superior político el mentado Manuel Lassala Solera.

Su frase de que la provincia de Cádiz, “sea afortunadamente una de aquellas en que apenas es conocido el crímen”, refiriéndose a la “delincuencia común”, no puede tomarse en serio, como pronto demostraría la Guardia Civil. 

Tal vez Manuel Lassala, en su función de máxima autoridad política de Cádiz, estuviera tan preocupado por la “delincuencia revolucionaria”, que tanto había padecido y seguía padeciendo nuestra provincia, afectando directa y gravemente a la seguridad del Estado, que no le diera la debida importancia a la “delincuencia común”.

De hecho, cuando el 3 de junio de 1844 se había dirigido por primera vez a los alcaldes de la provincia, tras tomar posesión de su cargo como jefe superior político, les escribió asegurándoles que gobernaría con justicia, “manteniendo con extrema firmeza el orden público”, tal y como publicó la Gaceta de Madrid ocho días más tarde.

Y cinco meses más tarde, concretamente el 5 de noviembre, había difundido en el Boletín Oficial de la Provincia, publicado dos días después, y en la prensa local, reproducido cinco días más tarde por la Gaceta de Madrid, un durísimo aviso a los posibles revolucionarios, “que son enemigos de la paz y de todo Gobierno, hacen continuos esfuerzos para alterar el orden público, y rechazados por la cordura, por la sensatez y por la fidelidad de la nación, no rehusan en su despecho hasta el mismo asesinato”, previniéndoles de que “el momento en que intentasen la ejecución de sus crímenes sería el de su exterminio”, así como intentando hacerles comprender que estaba resuelto a “destruirlos con ejemplar escarmiento, si en cualquier punto intentan suminirnos en nuevos trastornos”. 

No obstante, la entrada en eficacia de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz, al igual que ocurriría en el resto de España, no tardaría en cuestionar aquellas palabras del jefe político, respecto a la verdadera cifra de la criminalidad común. Ésta, seguramente permanecía oculta por que no existía hasta entonces un cuerpo de seguridad, jerarquizado, disciplinado y desplegado por toda la provincia, con capacidad legal de instruir diligencias para su posterior entrega a las autoridades judiciales competentes, constituyendo ello una de las claves de su éxito. Con el despliegue y actuación de la Benemérita se terminó por tener conocimiento fidedigno y real de la delincuencia común, es decir, aquella que no era “delincuencia política”, que era la que realmente preocupaba entonces a los gobernantes.

El primer año del que se disponen de los resúmenes numéricos de los servicios policiales prestados, es decir, de estadísticas, globales y concretas, de la actuación de la Guardia Civil en materia de seguridad pública, tanto en España en general como en la provincia de Cádiz en particular, es 1846. Por supuesto que hay datos policiales de épocas anteriores de diferentes cuerpos, entidades, instituciones, corporaciones, etc., pero ninguno de ellos tuvo entidad ni despliegue de ámbito nacional ni provincial en sentido estricto, como sí sucedió con la Benemérita.

Con fecha 14 de enero de 1846 se elevó al Ministerio de la Guerra, un estado general de los servicios prestados durante el mismo por el nuevo Cuerpo en todas las provincias, lo cual fue valorado muy positivamente por Isabel II, “que ha visto con sumo gusto el buen comportamiento de la Guardia Civil, y los positivos resultados que ha producido”. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible localizar el detalle de dicho resumen.

(Continuará). 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (VI). EL INICIO DEL DESPLIEGUE EN EL CAMPO DE GIBRALTAR.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 14 de julio de 2025, pág. 14.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

 

Puede llamar la atención que al tratarse en el artículo anterior el primer escrito oficial por el que el jefe superior político de la provincia de Cádiz, brigadier Manuel Lassala Solera, dirigió el 8 de enero de 1845 a los alcaldes donde se habían establecido las primeras casas-cuarteles del nuevo Cuerpo de la Guardia Civil, así como los términos municipales donde se iba a prestar servicio a partir del día siguiente, apenas hiciera mención del Campo de Gibraltar. 

Ello se debía principalmente a que, si bien formaba parte de la provincia gaditana, quien de verdad mandaba entonces allí y tenía la máxima responsabilidad en los principales temas de interés para la Benemérita, era el comandante general asentado en Algeciras. Es cierto que ya no se combatía militarmente contra el Reino Unido para poder recuperar la soberanía española de la colonia británica del Peñón, pero tampoco se renunciaba a aquella pequeña porción de nuestro territorio nacional.

Como ya se expuso anteriormente, la 4ª Sección de la Guardia Civil en la provincia gaditana iba a asentar inicialmente su jefatura en la ciudad de Algeciras y estaba previsto que fuera de Infantería, como las otras tres secciones desplegadas en la misma, todo ello conforme la real orden de 25 de noviembre de 1844. Sin embargo, por real orden de 20 de diciembre siguiente, se dispuso que la sección de la Guardia Civil a desplegar en el Campo de Gibraltar, fuese de Caballería, procedente de la ya establecida en la provincia de Sevilla. 

Inicialmente se dispuso que el despliegue de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz cubriera en una primera fase toda ella a excepción de su sierra, que años más tarde se terminaría por cubrir. La razón de ello no fue otra que la de ir cohesionando los efectivos disponibles en los municipios que fueran factibles. Las plantillas inicialmente aprobadas no llegaron a cubrirse en su totalidad, dado el rigor de la selección que se exigió a los aspirantes, ya que se selecciono sólo a los mejores, medida que se acreditó posteriormente como muy necesaria en el nuevo Cuerpo que tendría el honor como su principal divisa. 

El duque de Ahumada tenía claro que el nuevo Cuerpo militar que se había creado, como Fuerza de Seguridad del Estado, tenía que desplegarse con firmeza y fortaleza por todo el territorio nacional, así como que el personal seleccionado debía tener una fiabilidad de honestidad y profesionalidad absoluta. Tal y como posteriormente diría la “Cartilla del Guardia Civil”, aprobada por real orden de 20 de diciembre de 1845, el honor perdido no se recuperaría jamás, es decir, no habría una segunda oportunidad para quien fuera considerado indigno de seguir perteneciendo a la Benemérita, por sus acciones u omisiones perpetradas.

Los anteriores cuerpos de carácter policial del Estado creados con anterioridad, civiles o militares, no habían llegado nunca a desplegarse por todas las provincias ni sus localidades, por grandes o pequeñas que fueran, ni habían tenido un grado de cohesión, exigencia e integridad moral y profesional como el benemérito Cuerpo que acababa de crearse. Su presencia en la provincia de Cádiz no sería precisamente una excepción y para que pudiera terminar de desplegarse por su sierra, aún tendrían que pasar algunos años.

La compleja orografía del Campo de Gibraltar y su singularidad social, que además contaba con una colonia británica empotrada en su demarcación, influyeron decisivamente en la conformación, primero de una sección de la Guardia Civil, después en una compañía, y finalmente en una comandancia, tras integrar la Benemérita en sus filas, la existente de Carabineros. 

El primer jefe de aquella 4ª Sección de la Benemérita campogibraltareña, que comenzó a desplegarse a principios de 1845, fue el alférez de Caballería de la Guardia Civil Juan Morillas Casas. Es cierto que por necesidades del servicio terminó por ubicar su jefatura durante los primeros años en la población de San Roque, en vez de la de Algeciras, donde inicialmente se había previsto. Sin embargo, uno de sus puestos subordinados sí se estableció en la mentada ciudad algecireña. 

Hay que significar que ésta, era entonces una ciudad muy distinta y diferente de la que hoy día conocemos, con muchísima menos población que la actualmente existente, y donde estaba ya asentada desde hacía décadas, procedente de San Roque, la máxima autoridad militar, y política realmente, del Campo de Gibraltar. No hay que olvidar que como consecuencia de la existencia de la mentada colonia británica, la cual España nunca había dejado de intentar recuperarla, existían dos comandancias generales del Ejército establecidas en la provincia, transformadas posteriormente en gobiernos militares: la de Cádiz y la del Campo de Gibraltar.

A comienzos de 1845, con la llegada y despliegue de la mentada 4ª Sección de la Guardia Civil, el comandante general asentado en Algeciras era el mariscal de campo (general de división) Juan de Lara Irigoyen, natural de Vigo (Pontevedra) y futuro ministro del Ejército. Éste había sido nombrado anteriormente, por el gobierno provisional de entonces, y por decreto de 13 de agosto de 1843, comandante general de Cádiz, sustituyendo al de igual clase Antonio Ordoñez Villanueva, que había sido nombrado “Segundo Cabo de Andalucía” en la plaza de Sevilla. Hay que significar que éste último había nacido por cierto en Algeciras y poco antes había ocupado muy brevemente la Comandancia General del Campo de Gibraltar. 

El mariscal de campo Juan de Lara, transcurrido poco más de un año, y bajo otro gobierno diferente, fue nombrado comandante general del Campo de Gibraltar, relevando al teniente general Felipe Montes Flores, nacido en Cádiz. El general vigués tomó posesión de su nuevo cargo el 21 de diciembre de 1844 en una solemne ceremonia celebrada en Algeciras. Su presencia y actuación durante los primeros años de la presencia de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar fue fundamental. Media década después, por real decreto de 28 de enero de 1850, “atendiendo a los servicios, mérito y circunstancias”, fue nombrado capitán general de Navarra, en reemplazo del teniente general Antonio Urbiztondo Eguía, marqués de la Solana, nacido en San Sebastián (Guipúzcoa).

(Continuará). 

 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (V). EL INICIO DEL DESPLIEGUE EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 7 de julio de 2025, pág. 15.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

El 8 de enero de 1845, jornada anterior al inicio del despliegue y primeros servicios que comenzó a prestar la Guardia Civil en la provincia gaditana, el jefe superior político de la misma, brigadier Manuel Lassala Solera, dirigió un escrito a los alcaldes de las poblaciones en las que se iban a instalar las primeras casas-cuarteles del benemérito Instituto, así como en aquellas localidades, en las que empezarían a ejercer su vigilancia. 

Dicho escrito tuvo gran difusión, ya que no sólo fue publicado al día siguiente en la primera y segunda página del Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, y dos días más tarde, 11 de enero, por la prensa local gaditana, concretamente en la tercera página de “El Comercio”, sino incluso también por la propia Gaceta de Madrid del día 20 de enero, en su segunda página. Ello constituyó, a nivel nacional, la primera noticia que se divulgó en este último medio, sobre el primer despliegue territorial de una unidad provincial de la Guardia Civil, que todavía no se llamaba “Comandancia”.

“Habiendo llegado a esta ciudad parte de la guardia civil de infantería destinada a esta provincia, sale en el día de mañana a desempeñar su importante servicio según y en el modo que al pie se indica.

 

La guardia civil es el brazo de protección y seguridad que el Gobierno ofrece al hombre honrado, y lo es de persecución y de temor para el delincuente y de mal vivir. El esmero con que se ha atendido al personal del cuerpo, y los servicios que ya ha prestado en algunas provincias, aseguran llenará cumplidamente la intención paternal que S.M. se ha propuesto al dignarse mandar su creación en beneficio de la pública seguridad.

 

Al revistar la expresada fuerza he recordado a sus individuos los deberes de protección que tienen que cumplir, la circunspección y decoro que siempre les debe acompañar, y les he dicho también la buena índole, el carácter honrado y las prendas recomendables que distinguen a los pueblos de la provincia, y que hace sea afortunadamente una de aquellas en que apenas es conocido el crimen. Encargo a V.S. muy particularmente que por cuantos medios estén a su alcance proporcione todos los auxilios, datos y noticias a los jefes e individuos de la guardia civil, a fin de que más fácilmente llenen el servicio de su instituto, en la que hará V.S. un recomendable servicio al país, y muy digno del celo y cualidades que a V.S. adornan.”

 

A continuación de dicho escrito, se detallaba la distribución orgánica y el despliegue territorial inicial de las tres secciones de infantería de la Guardia Civil por buena parte de la provincia.

La 1ª Sección pasaba a establecerse en Cádiz, prestando su servicio en el interior de la capital y extendiéndose su acción hasta la ciudad de San Fernando, inclusive. Hay que significar que, según se publicaba en la tercera página del periódico “El Comercio”, fechado el 1 de enero de 1845, se había dispuesto, por orden del mentado jefe superior político de la provincia, fechada el 30 de diciembre anterior, la ciudad de Cádiz, había quedado dividida, “para mejor servicio del público”, en dos distritos de seguridad pública. El primero estaba integrado por los barrios de Extramuros, Merced, Pópulo, Escuelas y Correo, mientras que el segundo, lo estaba por los de San Francisco y San Carlos, Cortes, Constitución y Hércules, Hospicio, Palma y Libertad.

 

La 2ª Sección quedaba ubicaba en Jerez de la Frontera, responsabilizándose principalmente de la seguridad del “camino principal” que se dirige a Sevilla. También debía recorrer constantemente los caminos hacia los términos municipales de Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María y demás direcciones que se considerasen convenientes, poniéndose en comunicación con la 1ª y 3ª secciones limítrofes.

 

La 3ª Sección se instaló en la localidad de Medina Sidonia, vigilando especialmente los pinares de Chiclana de la Frontera, y extendiéndose hacia los términos municipales de Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera. Así mismo debía de estar “en comunicación con la fuerza de caballería del mismo cuerpo”, situada en Algeciras y la 2ª Sección.

 

El escrito del gobierno superior político de la provincia finalizaba con una nota que contenía dos puntos. En el primero se disponía que el “jefe principal del cuerpo”, es decir, el primer capitán José María Cisneros Lanuza, debía de dar las instrucciones que estimase convenientes para el mejor servicio de su unidad. Y en el segundo, que los ayuntamientos de Cádiz, Jerez de la Frontera y Medina Sidonia, debían proporcionar la oportuna casa-cuartel para el alojamiento de las citadas secciones, todo ello con arreglo al artículo 19 del real decreto fundacional, de 13 de mayo de 1844: “Los ayuntamientos de los pueblos a que se destinasen puestos fijos de la guardia civil les proporcionarán casas cuarteles en que vivir con sus familias, si las tuvieren, dándoseles por el Estado el correspondiente utensilio”.

Analizando tan breve pero conciso y detallado escrito, se considera conveniente realizar algunas reflexiones y consideraciones. En primer lugar, debe entenderse que el 8 de enero de 1845, fecha en la que se dirige el escrito a los alcaldes afectados, al igual que ya estaba en la capital, la fuerza de la Guardia Civil para iniciar al día siguiente y por primera vez, su servicio, también debía encontrarse en las localidades de Jerez de la Frontera y Medina Sidonia. Posiblemente no estuvieran todavía completas las plantillas, habida cuenta lo expuesto con anterioridad, pero desde luego sí que existían efectivos suficientes para comenzar a realizar las misiones encomendadas en la normativa fundacional.

Surge la duda, por la referencia tan vaga con que se menciona, respecto a la presencia de la “Sección de Caballería”, y cuya demarcación asignada se entiende que sería el Campo de Gibraltar, con residencia en Algeciras, aunque finalmente se fijó, y permaneció durante los años siguientes, la cabecera de dicha unidad en San Roque, estableciéndose sólo un puesto, de caballería, en la ciudad algecireña. 

(Continuará).

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (IV). PRESENTACIÓN OFICIAL EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 30 de junio de 2025, pág. 11.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

La magnífica impresión que causó entre el público asistente a la primera revista de la fuerza del nuevo Cuerpo de la Guardia Civil, pasada el 5 de enero de 1845 en la capital gaditana, presidida por el brigadier Manuel Lassala Solera, jefe superior político de la provincia, antecedente histórico de las figuras del gobernador civil y actual subdelegado del Gobierno en la provincia, quedó reflejada entonces en la prensa local.

En la tercera página del periódico gaditano “El Comercio”, publicado un día después, podía leerse lo siguiente, entre otros párrafos sobre el primer acto institucional de la Benemérita en Cádiz: “Se halla bajo un pie brillante, perfectamente equipada y en el mejor estado de disciplina: sus individuos han sido sacados todos de los cuerpos del ejército: es gente robusta y escogida, y no dudamos que con su conducta irreprehensible sabrán dar importancia y brillo a una institución que, apenas creada, ha empezado a producir en muchos puntos del reino ventajas considerables”.

A continuación el artículo relataba la emotiva alocución que el brigadier Lassala había dirigido a aquellos guardias civiles que se mantenían en posición militar de firmes, “inculcándoles los deberes que están llamados a cumplir”, y recordándoles que el Cuerpo al que pertenecían, “es un elemento de protección para todos los ciudadanos, y que debe por lo mismo amparar y defender las propiedades, el orden, la paz, todo lo que ofrece seguridad y reposo a los pueblos y a las personas”. Finalizó sus palabras afirmando que sería inflexible con aquellos guardias civiles que se apartasen de sus deberes. La experiencia padecida en las instituciones de seguridad pública anteriores, planeaba entonces sobre la conciencia de todos. La rígida disciplina militar sería una característica fundamental en dicho Cuerpo, muy diferente de los que le habían precedido.

En la crónica periodística se terminaba diciendo que era de desear que “la fuerza existente en Cádiz se aumente pronto hasta el número que debe tener”, lo cual indicaba que la plantilla inicialmente prevista no estaba todavía completa. Su fundador, el duque de Ahumada, no quería completar la plantilla con cualquier personal, sino que ingresasen los mejores y que tuvieran el honor como principal divisa. 

También se animaba en dicho artículo a los licenciados del Ejército, que reunieran los requisitos reglamentarios, para que solicitasen su ingreso en la Guardia Civil, “donde hallarán un puesto honroso que está considerado un premio debido a los que han tenido ocasión de ser útiles a su patria en el servicio más activo del ejército”.

Sobre esta falta parcial de personal y la invitación animosa a los licenciados, hay que destacar que ya se había remitido el 16 de octubre de 1844 un escrito desde la secretaría de estado y despacho del Ministerio de la Guerra, al capitán general de Andalucía. Al objeto de que la organización del nuevo Cuerpo de la Guardia Civil, se llevase, “a efecto lo antes posible por el beneficio que de su institución debe reportar para la tranquilidad pública y el bien general”, debía invitarse, “por cuantos medios le sugiera su celo, a los soldados licenciados que existan en el distrito de la Capitanía general a su cargo, para que entren en dicho Cuerpo, con tal que reúnan las circunstancias requeridas al efecto”. 

Diez días más tarde, se trasladaba dicho escrito al comandante general de la provincia de Cádiz y éste a su vez al jefe político de la misma para su publicación, el 7 de noviembre, en el boletín oficial de la provincia. Los interesados debían remitir por conducto reglamentario la copia de su licencia absoluta, que con los correspondientes informes de conducta emitidos, se le hiciera llegar al coronel José de Castro, primer jefe del Tercer Tercio de la Guardia Civil, ubicado en Sevilla, y de donde dependía la fuerza de la Benemérita de la provincia gaditana, a cuyo frente estaba el primer capitán José María de Cisneros Lanuza.

Hay que significar que el acto público de la revista pasada el mentado 5 de enero de 1845 fue en realidad una ceremonia de presentación, por el representante político del Gobierno de la nación, ante la sociedad gaditana, del nuevo Cuerpo que iba a comenzar a velar por la seguridad de los habitantes de la provincia, tanto en el interior de las poblaciones como en los caminos.

No en vano, la Guardia Civil era verdaderamente aquella “fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades”, que ya se había propuesto en el real decreto de 26 de enero de 1844, al objeto de llenar el gran vacío que existía y se reconocía expresamente en el ámbito de la seguridad pública del Estado.

Se trataba realmente de la primera fuerza de orden público y seguridad del Estado, nacida con verdadera vocación de permanencia y futuro, aprendidas las lecciones anteriores, fallidas más por intereses políticos que por otras razones, y por la que el gobierno de la nación apostaba con toda firmeza, no dando concesión alguna a posibilidad de fracasos como los sufridos en el pasado.

Es por ello, que el jefe político de la provincia, cuya procedencia militar debió seguramente fortalecer su convicción en la responsabilidad y éxito de la nueva herramienta de seguridad pública que se ponía en sus manos, puso todo su empeño en darla a conocer y apoyarla pública y oficialmente. No es de extrañar que posteriormente fuera gobernador militar de Cádiz y capitán general de Sevilla, entre los diversos e importantes cargos que tuvo.

El 6 de enero de 1845 la Guardia Civil volvió a acaparar nuevamente la atención del público gaditano, siendo elogiada expresamente a la mañana siguiente por la prensa local, destacando nuevamente lo publicado por “El Comercio”, cuya crónica sería reproducida una semana después en la Gaceta de Madrid. Esta vez fue con ocasión de la ya mentada gran parada militar de todos los cuerpos de la guarnición de la plaza, que se había celebrado con motivo de la Pascua Militar, festividad instaurada en 1782, por Carlos III con ocasión de la reconquista de la isla española de Menorca a los ingleses.

(Continuará).

 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (III). LA LLEGADA A LA PROVINCIA DE CÁDIZ.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 23 de junio de 2025, pág. 16.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

La inminente llegada del nuevo Cuerpo de la Guardia Civil, a finales de 1844, a la provincia de Cádiz, como 3ª Compañía del Tercer Tercio (Sevilla), provocó una elogiosa y positiva reacción de la prensa local y provincial. Realmente la lamentable situación que venía padeciéndose en materia de seguridad pública, contribuyó eficazmente a ello. 

La vigilancia fiscal de costas, fronteras y puertos se había comenzado a afrontar eficazmente con el extenso “Real decreto organizando el Cuerpo de Carabineros de costas y fronteras para impedir el contrabando”, de 9 de marzo de 1829, que contaba con 169 artículos, “Señalado de la Real mano de S.M.”, el rey Fernando VII, y que comenzaba diciendo: “Mi soberana consideración se ha fijado muchas veces sobre los medios que pudieran impedir la escandalosa extensión del contrabando, que la inmoralidad de los tiempos ha ensanchado con evidente imprudencia en mengua de las costumbres y menosprecio de las leyes.”

Tras el real decreto de 25 de noviembre de 1834 pasó a denominarse “Cuerpo de Carabineros de Real Hacienda”, donde la Institución y sus miembros fueron desposeídos del carácter militar que poseían, si bien conservó la organización militar de compañías y secciones así como la nomenclatura de los empleos igual a la del Ejército.

Finalmente, y tras diversos trasiegos y controversias de todo tipo, reflejada en variada normativa, se procedió, por real decreto de 11 de noviembre de 1842, a la organización del Cuerpo de Carabineros del Reino, dictándose al inicio de su artículo 1º, que: “El actual cuerpo de carabineros de Hacienda pública recibirá una organización fuerte, especial y militar”, pasando a depender del Ministerio de Hacienda y de la inspección general creada por real decreto de 6 de agosto anterior.

Bien encaminada entonces, a nivel nacional, el resguardo fiscal y la lucha contra el contrabando, existía entonces en la provincia de Cádiz, la 10ª Comandancia de Carabineros que tenía su cabecera en la capital gaditana, cuyo territorio cubría la provincia de Cádiz “y línea de Gibraltar”, comprendiendo “desde Sanlúcar de Barrameda y Bonanza por la costa de la bahía de Chiclana, Beger (sic), al Campo de San Roque y límites de la provincia de Málaga”. Hay que significar que quedaban entonces algo más de tres décadas y media para que la realidad de los hechos promoviese la creación de la Comandancia de Carabineros de Algeciras, que asumió la vigilancia del Campo de Gibraltar y la lucha contra el contrabando procedente de la colonia británica.

Mientras tanto, al inicio de 1844, se continuaba pendiente de afrontar, seria y eficazmente, el problema de la seguridad pública, otro de los graves problemas que padecía España por aquel entonces. Los periódicos gaditanos de la época habían venido haciéndose eco en sus páginas, de los brillantes y eficaces servicios que venía ya realizando el recién creado Cuerpo de la Guardia Civil en otras provincias, contra las bandas de delincuentes y demás forajidos que por aquel entonces asolaban España. 

Fruto de dichos éxitos policiales fue la publicación, el 15 de diciembre de 1844, del siguiente comentario, entre otros más, en la segunda página del periódico gaditano “El Comercio”, que se conserva en nuestras bibliotecas y redes sociales: “La Guardia Civil principia a producir resultados ventajosos: muchos pueblos la bendicen ya por sus importantes servicios, y es indudable que si continúa prestándolos con actividad, llegará a acreditarse y a ser una institución querida del país, por la protección e inmensos beneficios que ha de proporcionarle.”

Antes de finalizar 1844, se publicó el 31 de diciembre en “El Comercio”, que en la orden de plaza del gobierno militar de Cádiz, se había dispuesto que el personal de la Guardia Civil ya presente en la ciudad, mientras parte del nuevo Cuerpo proseguía aposentándose en otras localidades de la provincia, debía pasar la revista de comisario a las 11’30 horas del 2 de enero de 1845, tras los jefes y oficiales de Estado Mayor y aquellos que se encontraran en situación de reemplazo.

Tres días más tarde, el jefe superior político de la provincia, brigadier Manuel Lassala Solera, pasó la primera revista a la fuerza del nuevo Cuerpo que había llegado a la capital días antes. Conforme al artículo 11 del Reglamento para el servicio de la Guardia Civil, aprobado por real decreto de 9 de octubre de 1844, sus componentes dependían de dicha autoridad, salvo en “operaciones y movimientos militares que hayan de hacerse para la ejecución del servicio”.

Ese acto público de la revista pasada el 5 de enero de 1845 fue en realidad una ceremonia de presentación, por el representante político del Gobierno de la nación, ante la sociedad gaditana, del nuevo Cuerpo que iba a comenzar a velar por la seguridad de los habitantes de la provincia, tanto en las poblaciones como en los caminos.

No en vano, la Guardia Civil era verdaderamente aquella “fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades”, que ya se había propuesto en el real decreto de 26 de enero de 1844, al objeto de llenar el gran vacío que existía en el ámbito de la seguridad pública.

Se trataba de la primera fuerza de orden público y seguridad del Estado, nacida hace ya 181 años, con verdadera vocación de permanencia y futuro, aprendidas las lecciones anteriores de otros cuerpos policiales que habían ido desapareciendo como tales, y por la que el gobierno de la nación apostaba con toda firmeza, no dando concesión alguna a posibilidad de fracasos como los sufridos en el pasado.

Es por ello, que el jefe político de la provincia, cuya procedencia militar debió seguramente fortalecer su convicción en la responsabilidad y éxito de la nueva herramienta de seguridad pública que se ponía en sus manos, puso todo su empeño en darla a conocer y apoyarla pública y oficialmente. 

A la mañana siguiente, 6 de enero de 1845, la Guardia Civil volvió a acaparar la atención del público gaditano, siendo citada expresamente por la prensa local, tal y como pudo leerse en “El Comercio” al día siguiente, y reproducido en la Gaceta de Madrid una semana después. Esta vez fue con ocasión de la gran parada militar de todos los cuerpos de la guarnición de la plaza, que se había celebrado con motivo de la Pascua Militar, festividad instaurada en 1782, por Carlos III con ocasión de la reconquista de la isla española de Menorca a los ingleses.

(Continuará).

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (II). LA PREPARACIÓN DEL DESPLIEGUE.

 Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en EUROPA SUR el 16 de junio de 2025, pág. 15.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

Cuando el entonces nuevo Cuerpo de la Guardia Civil comenzó a finales de diciembre de 1844 a desplegarse en la provincia de Cádiz, y seguidamente en el Campo de Gibraltar de entonces, el jefe superior político, figura antecesora del gobernador civil y del actual subdelegado del gobierno, el cual ya tiene bastantes menos atribuciones que aquél, era el brigadier Manuel Lassala Solera.

Se trataba de un interesante y robusto personaje militar, concretamente de Infantería, que en la Primera Guerra Carlista (1833-1840) fue un activo mando carlista, pero que tras el Convenio de Vergara, firmado en Oñate (Guipúzcoa) el 31 de agosto de 1839, terminó convirtiéndose en isabelino, combatiendo contra sus antiguos compañeros.

Nacido en Barcelona el 5 de diciembre de 1801 e ingresado nueve años más tarde en el Ejército, en calidad de cadete menor de edad, hay que significar que había sido autor del libro “Historia política del partido carlista, de sus divisiones, de su gobierno, de sus ideas y del Convenio de Vergara”, editado en 1841, en la madrileña Imprenta de la Viuda de Jordán e Hijos.

Para quien quiera saber algo más sobre su biografía genérica, significar que se publicó en otoño de 2021, en la “Revista de historia Jerónimo Zurita”, un interesante trabajo escrito por Joan-Xavier Quintana Segalà, doctor en Historia Contemporánea.

El caso, es que siendo nombrado jefe superior político de Cádiz, por real decreto de 19 de mayo de 1844, procedente de Alicante donde había sido comandante general de la provincia, se hizo cargo de su nueva responsabilidad en la capital gaditana el 3 de junio siguiente. En su primer escrito dirigido a todos los alcaldes “de los ayuntamientos constitucionales” de nuestra provincia, puso en valor el mantenimiento, “con extrema firmeza el orden público, y procurando cuantas ventajas sean posibles a esta hermosa y tan benemérita provincia”.

Muy poco antes de la llegada y despliegue de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz, incluido su Campo de Gibraltar, que ya sabía que se iba a producir próximamente, dirigió a la población, concretamente el 5 de noviembre de 1844, un duro comunicado contra quienes no acatasen el orden y la ley, ejemplo de la situación que se estaba padeciendo:

“Habitantes de la provincia de Cádiz: Hombres sin creencias políticas, hombres que nada les une al país, hombres que solo me irán en las revueltas, y que son enemigos de la paz y de todo Gobierno, hacen continuos esfuerzos para alterar el orden público, y rechazados por la cordura, por la sensatez y por la fidelidad de la nación, no rehusan en su despacho hasta el mismo asesinato. En todas las partes se les sigue, y el momento en que intentasen la ejecución de sus crímenes sería el de su exterminio; la tiranía de los motines ha concluido para siempre; la ley, la tolerancia, el respeto a todas las creencias políticas por extremadas que ellas sean, y el bien del país son y serán el distintivo del Gobierno de S.M., y yo, su delegado político en esta provincia me complazco en manifestarlo, en asegurar a todos que nada será bastante a alterar el público reposo, y en hacer comprender a los revolucionarios de oficio que tengo resuelto destruirlos con ejemplar escarmiento, si en cualquier punto intentan sumirnos en nuevos trastornos. Habitantes de la provincia, cuenta para todo con vuestros patrióticos sentimientos el brigadier jefe político, Manuel Lassala”.

Cuando se difundió este comunicado, que fue seguidamente reproducido, primero en la prensa gaditana, concretamente, entre otros, en el periódico “El Comercio”, y posteriormente, el día 12 siguiente, en la “Gaceta de Madrid”, que era el boletín oficial del estado de la época, los guardias civiles que irían destinados a la provincia de Cádiz, se encontraban ya instruyéndose en la provincia de Sevilla.

Dos años más tarde, en agosto de 1846, Manuel Lassala fue nombrado jefe superior político de la provincia de Barcelona. Una década después regresó a Cádiz, reincorporado nuevamente a la carrera militar y ostentando ya el empleo de mariscal de campo. Sería nombrado, por real decreto de 7 de noviembre de 1856, gobernador militar de la plaza y provincia de Cádiz. Desempeñó dicho cargo hasta que por otro real decreto de 5 de julio siguiente, se le confirió el mando de la capitanía general de Andalucía, con residencia en Sevilla, donde permanecería hasta que por real decreto de 9 de mayo de 1858 fue relevado.

Tras diversas visicitudes personales y profesionales volvería nuevamente a ser destinado por real decreto de 11 de marzo de 1867, como capitán general de Andalucía, donde por real decreto de 10 de octubre siguiente sería promovido al empleo de teniente general. Permaneció allí hasta que por otro real decreto de 7 de julio de 1868, fue nombrado director general del Cuerpo de Administración Militar.

En total, en lo que nos afecta, fue jefe superior político de la provincia de Cádiz, gobernador militar de la misma y dos veces, capitán general de Andalucía. Lamentablemente, desde el punto de vista histórico, a pesar de su impresionante e interesante hoja de servicios, no se ha escrito todavía suficientemente sobre él, y menos sobre su interesante etapa historiográfica en tierras gaditanas.

Volviendo al periodo de implantación de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz hay que resaltar que Manuel Lassala tuvo una acertada visión sobre la idoneidad de tan novedoso Cuerpo, dándole todo su apoyo y poniéndolo en valor ante la sociedad gaditana y el resto de instituciones civiles y militares de la provincia.

Es muy de destacar que el 8 de enero de 1845, dirigió un escrito a los alcaldes de las poblaciones en las que se iban a instalar las primeras casas-cuarteles del benemérito Instituto, así como en aquellas localidades en las que comenzarían a prestar servicio.

En su texto destacaba que: “La Guardia Civil es el brazo de protección y seguridad que el Gobierno ofrece al hombre honrado, y lo es de persecución y de temor para el delincuente y de mal vivir. El esmero con que se ha atendido al personal del Cuerpo, y los servicios que ya ha prestado en algunas provincias, aseguran llenará cumplidamente la intención paternal que S.M. se ha propuesto al dignarse mandar su creación en beneficio de la pública seguridad”.

(Continuará).