LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (XIII). EL LARGO CAMINO HACIA LA SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL EN ALGECIRAS.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 1 de septiembre de 2025, pág. 13.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

En relación a la real orden de 23 de septiembre de 1845 del Ministerio de la Guerra, que se citaba en el artículo anterior, y que cuatro días después fue trasladada desde el Ministerio de la Gobernación de la Península, a los jefes políticos provinciales de Cádiz, Sevilla, Córdoba, Huelva, Granada y Jaén, es necesario referirse a otra real orden de éste, fechada el día 24 de dicho mes. Firmada por su titular, el ministro Pedro José Pidal Carniado, fue seguidamente trasladada por el subsecretario Juan Felipe Martínez Almagro al II duque de Ahumada, mariscal de campo Francisco Javier Girón Ezpeleta, inspector general de la Guardia Civil.

En ella se refería que enterada la reina Isabel II, “de la existencia de varias partidas de fuerza armada, que con los nombres de Compañías de Seguridad, Miñones, Escopeteros, Escuadras, Parrotes, Migueletes, y otros, mantienen las provincias con notable gravamen de los pueblos, y convencida de la utilidad de su extinción, desde el momento en que se complete el número de Guardia Civil de ambas armas, que está ya decretado, ha tenido a bien mandar; que para no dejar abandonada la pública seguridad, mientras dicha Guardia se organiza totalmente, se pongan de acuerdo el Ministerio de la Guerra, y esa Inspección, con éste de mi cargo, para llevar a efecto la indicada disolución y el aumento de la Guardia Civil“.

Debe significarse que la supresión de los Escopeteros de Andalucía fue una consecuencia directa de la implantación y expansión de la Guardia Civil. Ello fue sucediendo por el resto del territorio nacional, pues por fin el Reino, es decir, el Estado, había decidido expandir su propia fuerza de seguridad pública. 

Un ejemplo previo a las anteriores resoluciones expuestas, se encuentra en la real orden comunicada que fue dictada desde Madrid el 28 de marzo de 1845, por el conde de Vistahermosa, mariscal de campo Ángel García de Loygorri García de Tejada, entonces subsecretario del Ministerio de la Guerra. Estaba dirigida al inspector general de la Guardia Civil. Concretamente se le comunicaba que el ministro de la guerra (y presidente del gobierno), teniente general Ramón María Narváez Campos, había dicho al teniente general Manuel Mazarredo Mazarredo, anterior ministro y entonces capitán general de Castilla la Nueva (actualmente Castilla-La Mancha), que:

“Convencida S.M. de que tanto la unidad del servicio, como la economía del Erario, hacen ya innecesaria la conservación de la Compañía de Escopeteros de Ciudad Real, por hallarse la Guardia Civil destinada especialmente al mismo servicio que el que prestaba aquella, se ha servido resolver de conformidad con lo expuesto por el Supremo Tribunal de Guerra y Marina, en acordada de 24 de Enero último, que en fin de Abril del presente año quede extinguida dicha Compañía de Escopeteros, pudiendo sus individuos refundirse en el Cuerpo de Guardias Civiles, si reunen las condiciones necesarias, o cuando no, volver a la situación en que se hallaban al ingresar en la expresada Compañía“.

Hay que decir que si bien, la mayor parte de esos cuerpos provinciales y regionales de seguridad pública terminaron desapareciendo, definitiva o parcialmente en determinados periodos de tiempo, mientras que la Guardia Civil fue progresivamente aumentado sus efectivos y despliegues como fuerza de seguridad pública del Estado, lo cierto es que los Escopeteros de Andalucía, que tenían una muy honrosa historia, poco conocida lamentablemente, terminaron desapareciendo y sus miembros más aptos se integraron en la Benemérita.

Por otra parte, es importante destacar el lastre que entonces suponía para la economía española el grave problema del contrabando que penetraba ilegalmente en nuestra nación y que en nuestro Campo de Gibraltar tenía como principal foco la colonia británica de Gibraltar, asentada ilegítimamente en el Peñón. Aunque ya venía siendo afrontado por el Cuerpo de Carabineros del Reino, no tardó en implicarse en dicha lucha al de la Guardia Civil, si bien entonces su misión principal era y siguió siendo la seguridad pública.

De hecho, resulta de interés la real orden comunicada, de 21 de febrero de 1845,  dirigida por el referido ministro de la Gobernación de la Península, a todos los jefes políticos provinciales, incluído el de Cádiz, que fue trasladada por su ya citado subsecretario, al II duque de Ahumada como inspector general de la Benemérita.

“La Reina convencida íntimamente de lo necesario que es la cooperación activa de las autoridades civiles, y de sus dependientes para contribuir a la más pronta  y eficaz represión del contrabando que no menos cede en detrimento de las rentas públicas, y de los ingresos del Tesoro que en daño de la moralidad, el orden, y el sosiego de los pueblos, ha tenido a bien mandar: que V.S. haga las prevenciones oportunas a los Alcaldes de esas provincias, a fin de que auxilien con el apoyo de su autoridad, y aún de sus conocimientos locales a los Carabineros del Resguardo, y demás fuerza ocupada en este servicio, empleando también V.S. en el caso, y en los términos del art. 2º del Reglamento de 9 de octubre del año anterior, la Guardia Civil que se halle a las órdenes y disposiciones de ese Gobierno Político“.

Concretamente se refería al “Reglamento para el Servicio de la Guardia Civil“, aprobado por real decreto de dicha fecha. Ahí, tras establecerse que la Benemérita tenía por objeto la conservación del orden público, la protección de las personas y las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones, así como el auxilio que reclamase la ejecución de las leyes; se exponía el mentado artículo 2º: “Cuando lo permita el servicio de que habla el artículo anterior, podrá emplearse la Guardia Civil, como auxiliar, en cualquier otro servicio público que reclame la intervención de la fuerza armada“.

En nuestro Campo de Gibraltar, diferente entonces en composición y extensión territorial del actual, quedaba todavía un largo camino que recorrer. En 1845, en el término municipal de Algeciras, estaban ubicadas una compañía de Carabineros, que dependía de la Comandancia de dicho Cuerpo en la capital gaditana; y un puesto de la Guardia Civil dependiente de la sección de San Roque, y ésta, a su vez, de la compañía que el nuevo Cuerpo acababa de asentar su cabecera en la capital.

(Continuará).

 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (XII). LA INTEGRACIÓN DE ESCOPETEROS DE ANDALUCÍA EN LA GUARDIA CIVIL.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 25 de agosto de 2025, pág. 11.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

Por real decreto de 28 de marzo de 1844 se creó el Cuerpo de la Guardia Civil, siendo presidente del gobierno el político Luis González Bravo y López de Arjona, que por cierto había nacido en la capital gaditana durante la Guerra de la Independencia contra el invasor francés. Se trataba de iniciar la puesta en marcha de un novedoso proyecto de creación de una fuerza de seguridad pública de carácter estatal. 

Hay que significar que las creadas anteriormente habían ido siendo sucesivamente suprimidas, por unas u otras razones y por diferentes gobiernos, sin que verdaderamente llegasen a desplegarse y asentarse a lo largo y ancho del territorio nacional. Realmente se trataba de una delicada asignatura pendiente que hasta la creación de la Benemérita no se resolvió.

Para su puesta en marcha y organizar el nuevo Cuerpo se designó, por real orden de 15 de abril siguiente, al mariscal de campo Francisco Javier Girón Ezpeleta, II duque de Ahumada, que aunque de nacimiento pamplonés, pertenecía a una familia con importantes propiedades en las poblaciones gaditanas de Villamartín y Vejer de la Frontera. Nombrado por el gobierno anterior, continuó al frente de dicho proyecto, cuando a partir del 3 de mayo siguiente, el presidente del nuevo gobierno fue el granadino teniente general Ramón María Narváez Campos. Hay que significar que éste había sido diputado por la provincia de Cádiz en las elecciones de 1837.

Fruto del intenso trabajo de reorganización realizado por el II duque de Ahumada, se dictó el 13 de mayo siguiente un nuevo real decreto, que modificó sustanciosamente el anterior de 28 de marzo, organizando y poniendo ya en funcionamiento el nuevo Cuerpo de la Guardia Civil. Ello supondría el inicio de su intensa actividad policial, dotada de un inequívoco carácter militar, destacándose que no tenía entonces el Reino de España, es decir, el Estado, otra fuerza corporativa de seguridad pública.

Tal y como ya se anticipaba en el real decreto de 26 de enero de 1844, que organizaba el nuevo Ramo de Protección y Seguridad Pública, el ministro de la Gobernación de la Península, que entonces era el madrileño marqués de Peñaflorida, José Justiniani Ramírez de Arellano, mientras que el de Guerra era el teniente general bilbaíno Manuel de Mazarredo y Mazarredo, propondría, “con la urgencia que el servicio público reclama, la organización de una fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades“. 

Hay que significar que, por supuesto, existían en el ámbito militar estatal terrestre, el “Ejército permanente“ y la “Milicia Nacional“, que todavía tenían entonces legalmente impuesto un importante papel en el mantenimiento de la seguridad pública, además de sus misiones castrenses específicas. Pero también hay que insistir en que el Reino de España carecía verdaderamente de un Cuerpo estatal de seguridad pública, a pesar de los diversos y meritorios intentos de los diferentes cuerpos e instituciones que se habían ido creando y desapareciendo a lo largo del tiempo.

En cambio, sí que existían en aquella España rural de entonces, otros cuerpos de carácter policial, pero de ámbito local y con unas misiones limitadas, desplegados en determinadas localidades, no muchas lamentablente, que los sufragaban ellas mismas. Si bien su entidad poblacional era muy distante de las que hoy dia conocemos, era muy necesaria su actividad y presencia. De hecho, en determinados lugares se había dado lugar, desde tiempos anteriores, a la creación de cuerpos de seguridad pública que no sólo excedían del ámbito municipal o comarcal, sino que habían llegado a tener una implantación provincial e incluso regional. 

La pregunta que inmediatamente se suscita es qué sucedió con estos últimos cuerpos, de los cuales, en Andalucía, sólo quedan ya referencias en algunos libros de historia y cuyas vicisitudes descansan en las estanterías de archivos y bibliotecas. Uno de ellos es el de los “Escopeteros de Andalucía“, cuya actividad y presencia quedó ocasionalmente recogida en la prensa de la época, dejando constancia de ello en la provincia de Cádiz, su Campo de Gibraltar y Algeciras en particular, significandose que algunos de sus miembros pasaron a formar parte de la Guardia Civil.

Para ello es importante referirse a la real orden comunicada, de 27 de septiembre de 1845, suscrita por el subsecretario del Ministerio de la Gobernación de la Península, el almeriense Juan Felipe Martínez Almagro, y que fue trasladada al II duque de Ahumada, como inspector general de la Guardia Civil.

En dicha fecha, y desde el mentado ministerio, se había trasladado a los jefes políticos provinciales (figura antecesora de los antiguos gobernadores civiles y actuales subdelegados del Gobierno, recogida en la Constitución aprobada en Cádiz el 19 de marzo de 1812), de Cádiz, Sevilla, Córdoba, Huelva, Granada y Jaén, lo comunicado cuatro días antes, mediante real orden, por el ministro de la Guerra, que era entonces el mismo presidente del gobierno (es decir, el teniente general Ramón María Narváez Campos), al de Gobernación de la Península, el asturiano marqués de Pidal, Pedro José Pidal Carniado. Éste, por cierto, a raíz de la invasión francesa de los “Cien Mil Hijos de San Luis“ en 1823, para devolver el poder absolutista al rey Fernando VII, vivió clandestinamente en las ciudades de Cádiz y El Puerto de Santa María, hasta que fue indultado en 1828.

Prosiguiendo con la mentada real orden, se daba cuenta que la reina Isabel II había quedado enterada, por la comunicación que el 16 de julio de 1845 había dirigido el inspector general de la Guardia Civil, al ministro de la Guerra, que el Tercer Tercio de dicho Cuerpo, cuya cabecera estaba en Sevilla, y comprendía las compañías desplegadas en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, se hallaba “tan completamente organizado, que tiene en el día la fuerza de 320 hombres de Infantería, y 120 de Caballería“.

Por tal motivo, se consideraba por la propia reina, “innecesaria ya la Compañía de Escopeteros de Andalucía“. Concretamente, se ha servido resolver, que con arreglo a lo prevenido en la Real orden de 18 de Julio del año próximo pasado, se disuelva desde luego la expresada Compañía, pudiendo sus individuos refundirse en el referido Cuerpo de Guardias Civiles, siempre que reunan las circunstancias necesarias, y debiendo sus Oficiales, volver a la situación en que se hallaban, al ingresar en aquella“.          

(Continuará).

 

LA SANIDAD DE LA ARMADA EN LA CATÁSTROFE DE CÁDIZ EN 1947 (y 4).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CÁDIZ" el 18 de agosto de 2025, pág. 10.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

Por cuarto año consecutivo, desde las páginas del “Diario de Cádiz”, y con motivo de cumplirse el LXXVIII aniversario de la trágica “Explosión”, acaecida la noche del 18 de agosto de 1947 en la “Base de Defensas Submarinas”, se vuelve a poner en justo valor el inestimable y desconocido servicio prestado por los miembros del entonces Cuerpo de Sanidad de la Armada, a los vecinos de la ciudad de Cádiz. 

Con este artículo se termina el breve relato, pero inmensa gesta, de la impagable labor realizada en circunstancias tremendamente difíciles, y con escasos medios, que practicaron en nuestra ciudad y en San Fernando, los médicos y sanitarios de nuestra entonces llamada Marina de Guerra. Todo ello sin desdecir el magnifico servicio realizado por sus compañeros del Cuerpo de Sanidad del Ejército de Tierra, cuyo número y despliegue era menor al que tenía en esta zona la Armada, así como la extraordinaria y también meritoria labor que desarrollaron en el ámbito civil, los médicos, sanitarios y su personal auxiliar, masculino y femenino. 

¡Qué buenos libros de memorias vividas, incluidas experiencias vistas y sufridas, hubiéramos podido leer ahora si algunas de aquellas personas, de todos esos sectores de la Sanidad militar y civil, se hubieran animado y atrevido a escribirlos. Lamentablemente los protagonistas se limitaron, en el mejor de los casos, a relatarlo en el ámbito familiar y amistades más íntimas, parte de lo cual, junto a los interesantes pero escuetos informes oficiales, apenas difundidos, es lo que nos ha terminado llegando. También es cierto que entonces se carecía por un lado de libertad de expresión, no sólo en el ámbito militar, y por otra parte, hoy día, casi ochenta años después, siguen persistiendo muchas incógnitas sobre la “Explosión”.

Ya dije en el primer artículo, publicado hace tres años, comenzando a rememorar la benemérita actuación de aquellos hombres, que su meritoria labor daría para varios libros. Mientras tanto, es de justicia seguir recordándolos. Desgraciadamente ya no contamos con testimonios personales de quienes en silencio cumplieron con su deber sanitario, pero al menos tenemos copia de los informes que emitieron los mandos militares de las unidades navales y terrestres en las que se hallaban encuadrados.

Así, en esta ocasión, hay que citar nuevamente al comandante médico Ernesto Fernández Ruiz, destinado en el “Cuartel de Instrucción”, y que ya fue expresamente mencionado en el artículo publicado el año pasado al detallarse los servicios prestados en los informes emitidos por el capitán de corbeta Rafael Prat Fossi, jefe de la “Base y Flotilla de L.A.S.”. 

Concretamente Ernesto Fernández volvió a ser citado en el informe suscrito el 25 de agosto de 1947 por el teniente de navío José María de la Guardia Oya, comandante del guardacostas “Uad-Kert”, que se encontraba fondeado en el muelle del Arsenal de “La Carraca” en San Fernando. En el citado informe se exponía teóricamente la actuación puntual de algunos miembros de la dotación de dicho buque, “que actuó en los trabajos de salvamento realizados con motivo del siniestro de Cádiz”, si bien se terminaba afirmando que, “por encontrarse el buque en la Carraca no hubo más individuos de la dotación que actuaran en estos trabajos”.

El mentado comandante médico no se encontraba destinado en dicho guardacostas pero fue citado expresamente en ese informe por el comandante de ese buque, ya que ambos se encontraban en Cádiz al producirse la explosión. Si bien inicialmente cada uno estaba por separado en sus ocupaciones particulares ajenas al servicio, el oficial del Cuerpo General de la Armada trasladó en coche a dicho comandante de Sanidad Militar hasta la base de “Defensas Submarinas”. Allí llegaron aproximadamente sobre las 22’30 horas, separándose seguidamente para cumplir cada uno sus cometidos profesionales de ayuda en la catástrofe.

En el caso del teniente de navío, detalló todas sus actuaciones en diversos lugares para prestar su ayuda, “dedicándose a sacar víctimas principalmente de la casa cuna”, que estaba próxima. Luego regresó a la entrada de “Defensas Submarinas”, para “poner orden en la evacuación de bajas en vehículos ayudado por un médico civil y un Sanitario 2º”, si bien no los identificó en su informe, por lo que seguramente no los debía conocer.

En el informe suscrito también el citado 25 de agosto por el alférez de navío Francisco Rodríguez Pérez, como jefe del “Taller de Electricidad” del Arsenal de La Carraca, comenzó su exposición diciendo que al escuchar la explosión se encontraba en San Fernando. Inmediatamente se presentó en la “Capitanía General” al segundo jefe de Estado Mayor, capitán de fragata José María Noval Bruzola, así como al capitán de corbeta Hermenegildo Sillero del Hoyo, ayudante de Marina de San Fernando y jefe de los Servicios de Transmisiones y Electricidad de Cádiz. Tal y como consta en el informe que suscribió, “voluntariamente montó en un coche de un Médico y se traslado a Cádiz”. Realizó numerosas actividades de auxilio en la zona de la explosión, pero una vez más nos quedamos sin saber quien era aquel médico que le llevó y se desplazó hasta allí para asistir a las víctimas de la “Explosión”.

La mayor parte de los informes oficiales, de carácter clasificado, que fueron emitidos entonces por los mandos superiores de la Armada sobre tan luctuoso hecho que costó aproximadamente centenar y medio de vidas humanas, así como unos cinco mil heridos de diversa consideración, en su mayor parte civiles, exponen cuestiones diferentes pero complementarias.

La investigación judicial sobre los presuntos responsables y los hechos acaecidos, tuvo una instrucción penal inicial por la jurisdicción ordinaria que pronto quedó subsumida por la jurisdicción militar. No se llegó a depurar responsabilidades, pues no se pudo, o tal vez no se quiso llegar hasta el final. Lamentablemente es muy difícil determinar con rigor y exactitud que es lo que realmente propició aquella tragedia. Se conoce lo que sucedió tras la “Explosión” y consta también como diversos mandos de la Armada habían propuesto, con anterioridad, el traslado de aquellas minas submarinas fuera de la ciudad. De hecho, estaba previsto que así se hiciera por razones de seguridad ya que no se debía almacenar ese material explosivo en una instalación militar enclavada en una ciudad. Sin perjuicio de la verdad, lo cierto es que todo el personal de la Sanidad, civil y militar, se entregó a cumplir con su deber. 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (XI). EL ORIGEN DE LA GUARDIA CIVIL EN EL CAMPO DE GIBRALTAR.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 18 de agosto de 2025, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

Cuando la Guardia Civil comenzó a desplegarse en 1845 por el Campo de Gibraltar, su misión principal era, como ya se ha venido exponiendo, la que hoy día denominamos como seguridad ciudadana, llamado anteriormente orden público o seguridad pública. Dicha misión, tras sucesivos fracasos e intentos frustrados o malogrados de anteriores instituciones policiales que habían ido desapareciendo por decisiones políticas, terminaría siendo asumida y cumplimentada exitosamente por primera vez, a nivel estatal en España, por la Benemérita. 

En este Campo de Gibraltar, parcialmente diferente en extensión geográfica de nuestra actual Comarca, existía entonces otro cuerpo militar, como era el de Carabineros del Reino, también encuadrado en el Ministerio de la Guerra pero dependiente para sus misiones del Ministerio de Hacienda. 

Dicho Cuerpo, implantado a nivel estatal desde 1829 y que había experimentado diversas remodelaciones orgánicas y territoriales, era responsable de la vigilancia fiscal de la costa campogibraltareña, del pequeño puerto de Algeciras, de la franja aduanera con la colonia británica asentada fraudulentamente en el Peñón desde principios del siglo anterior, así como de la lucha contra el contrabando, emanante principalmente desde Gibraltar. 

Por aquel entonces era impensable que casi un siglo después, tras una devastadora guerra civil 1936-1939, el Cuerpo de Carabineros desaparecería y pasaría a integrarse en el Cuerpo de la Guardia Civil. Concretamente, el preámbulo de la Ley de 15 de marzo de 1940, publicada dos días más tarde en el Boletín Oficial del Estado, dispondría que “en lo sucesivo, un Cuerpo único, el de la Guardia Civil, asumirá las funciones de vigilancia y represión del contrabando y el fraude, que hasta ahora estaban atribuidas al Cuerpo de Carabineros”. Su artículo 4º sería vital: “Se suprime la actual Inspección General de Carabineros, cuyos cometidos y funciones se agruparán en una sola Sección de la Dirección General de la Guardia Civil a cuyo Director General pasarán las atribuciones conferidas actualmente a la Inspección General del Cuerpo de Carabineros. El personal de este Cuerpo estará adscrito a los distintos servicios que por esta Ley se fijen como privativos del Cuerpo de la Guardia Civil, en la forma que, con arreglo a las aptitudes y condiciones de su personal, determine el Director General.” 

Ello daría lugar a que en nuestro caso concreto la hasta entonces 10ª Comandancia de Carabineros (Algeciras), daría lugar, primero, a que como consecuencia directa de dicha ley se reconvirtiera primero en la 66ª Comandancia Administrativa de la Guardia Civil (Algeciras) y seguidamente en la 134ª Comandancia de Costas de la Guardia Civil (Algeciras), principio de un largo etcétera que continúa hasta nuestros días. 

Es importante recordar lo especial de una circunstancia que entonces estuvo singularmente marcada por el contrabando procedente de la colonia británica asentada en el Peñón. Concretamente, de las 20 comandancias de Carabineros que existían al inicio de 1940, tras la importante reforma llevada a cabo a finales de 1935, integrando algunas de ellas dos o más provincias, tan sólo ha pervivido hasta nuestros días, encuadrada en el despliegue territorial de la Guardia Civil, la Comandancia de Algeciras con su Campo de Gibraltar. 

En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de una trascendental reforma que se llevó a cabo a nivel nacional en la Benemérita, se integró en una misma unidad, denominada entonces como la 337ª Comandancia Mixta de la Guardia Civil (Algeciras), a las fuerzas establecidas en nuestra Comarca, procedentes de ambos Cuerpos que no hay que olvidar que dado su carácter militar habían pertenecido al Ejército de Tierra. Por una parte se encontraba la antigua fuerza de Carabineros que había sido reconvertida en la citada 134ª Comandancia de Costas de la Guardia Civil (Algeciras), y por otra parte se hallaban los componentes de la 1ª Compañía de la Guardia Civil (Algeciras) de la 216ª Comandancia Rural (Cádiz), afectando concreta y territorialmente sólo a su 1ª Sección (Jimena de la Frontera) en el Campo de Gibraltar, ya que las otras dos cabeceras de sección estaban fijadas en Vejer de la Frontera y Cádiz. La otra compañía de dicha comandancia rural tenía establecida su cabecera en Villamartín y la de sus dos secciones en Olvera y Arcos de la Frontera.

Retrocediendo en el tiempo y regresando a los tiempos fundacionales, el primer inspector general de la Guardia Civil, el II Duque de Ahumada -mariscal de campo Francisco Javier Girón Ezpeleta- siempre atento a evitar la dejación del principio de autoridad y de funciones, así como dispuesto a prevenir cualquier posibilidad de corrupción –que tanto daño había hecho al prestigio de otros cuerpos policiales anteriores- entre aquellos de sus hombres que prestaran servicio en zonas proclives al contrabando, como era el caso de la provincia gaditana y su Campo de Gibraltar, dictó, a nivel nacional, la Circular de 23 de abril de 1845. En ella se ordenaba que la Guardia Civil, en el transcurso de su servicio ordinario, debía “perseguir con el mayor celo, vigilancia, actividad y sobre todo pureza, cuantos fraudes se cometan contra las Reales órdenes vigentes relativas al contrabando”.

Al objeto de que no pudiera existir duda alguna sobre la honestidad de la fuerza actuante, dicha circular continuaba disponiendo, que debía “procederse en estos casos con la mayor circunspección, para no dar lugar a la menor sospecha de soborno, que será castigada en la Guardia Civil del modo más público, ejemplar y severo posible”.

No obstante, para evitar que ello pudiera interpretarse como una prioridad respecto a la función propia de velar por la seguridad pública que tenía encomendada el benemérito Instituto, el II Duque de Ahumada aclaró en dicha circular, “que no se abandone el servicio ordinario del Cuerpo, para consagrarse exclusivamente a la persecución del contrabando, pero de manera ninguna que éste deje de perseguirse, siempre que en el curso ordinario de su servicio se encuentre con los contrabandistas, o el contrabando; siendo como es uno de los males, que más perjudican el país, y a cuyo remedio deben contribuir más eficazmente, todos los empleados públicos, y en especial aquellos, que tienen la exclusiva obligación, hacer guardar el cumplimiento de las leyes”.

(Continuará).

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (X). LA PROGRESIVA IMPLANTACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL (1845-1848).

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 11 de agosto de 2025, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 

Prosiguiendo con la estadística criminal del año 1846, publicada en la Circular núm. 229, de 20 de febrero de 1847, de la 3ª Sección de la Inspección General del benemérito Instituto, que fue recogida en la “Recopilación de las Reales Órdenes y Circulares de interés general para la Guardia Civil, expedidas en todo el año de 1847, por los Ministerios de la Guerra y Gobernación, y por el Inspector General de la misma, arreglada de su orden en la Secretaría de la Inspección General”, hay que significar que el número de presuntos criminales detenidos por la Benemérita en la provincia de Cádiz fue de 214.

Dicha cifra, que puede parecer reducida si no se enmarca en el contexto estadístico nacional de la Benemérita, donde el II duque de Ahumada estaba impulsando que se fuera desplegando la Guardia Civil por toda España, e integrada por los mejores hombres, debidamente seleccionados, aunque ello implicase no cubrir en su totalidad las plantillas legalmente aprobadas, situaba a la provincia de Cádiz en el cuarto puesto a nivel nacional. Nuestra provincia, en dicha estadística de 1846, se encontraba a la par que la provincia de Granada, que había efectuado igual número de detenciones. Por delante tan sólo estaban las provincias de Badajoz (266), Sevilla (243) y Zaragoza (225).

Las estadísticas correspondientes al año siguiente -1847- son más contundentes respecto al índice de criminalidad en la provincia de Cádiz y van potenciando el grado de eficacia de la Guardia Civil a medida que se van desplegando. Para ello resulta de gran interés el resumen numérico, por tipología, de los servicios prestados en dicho año, que consta en la Circular núm. 326, de fecha 30 de enero de 1848, realizada por la 3ª Sección de la Inspección General de la Benemérita. Dichos datos fueron publicados en la “Recopilación de las Reales Órdenes y Circulares de interés general para la Guardia Civil, expedidas en todo el año de 1848, por los Ministerios de la Guerra y Gobernación, y por el Inspector General de la misma”.

Así, concretamente, durante el año 1847 se realizaron por la Benemérita en nuestra provincia un total de 1.335 servicios, situándola en esta ocasión en el primer puesto a nivel nacional, seguida de las provincias de Málaga (1.114) y de Huesca (1.018). De esos 1.335 servicios, 218 correspondían a personas detenidas por la comisión de delitos, 1.016 por la comisión de faltas leves, 61 por desertar del Ejército, 40 por prófugos del servicio militar obligatorio y 11 por contrabando. Por número de presuntos criminales detenidos (218), se encontraba ocupando el tercer puesto a nivel nacional, estando por delante tan sólo Sevilla (289) y Málaga (249).

En las estadísticas de 1848, con una plantilla de guardias civiles más reforzada y con un mayor despliegue territorial, que supuso el aumento del número de localidades que contaban con casas-cuarteles en la provincia de Cádiz, en general, y en el Campo de Gibraltar en particular, son todavía mucho más resolutivas respecto a su eficacia. De hecho, nuestra provincia llegó a ser expresamente distinguida, por el propio duque de Ahumada en la correspondiente circular anual, “por el mayor número de aprehensiones de criminales”. 

Concretamente fue publicado en el resumen numérico de los servicios prestados por provincia en el año 1848, de la Circular núm. 476, de 14 de marzo de 1849, dimanante de la mentada 3ª Sección de la Inspección General de la Benemérita. Conforme a su contenido, durante el mentado 1848, se realizaron en la provincia de Cádiz un total de 2.103 servicios, permaneciendo en el primer puesto a nivel nacional, seguida a mucha distancia de las provincias de Huesca (1.446) y de Málaga (1.246). De esos 2.103 servicios, 471 correspondían a personas detenidas por la comisión de delitos, 1.464 por la comisión de faltas leves, 113 por desertar del Ejército, 55 por prófugos del servicio militar obligatorio y 15 por contrabando. Por número de supuestos criminales detenidos (471), se situaba también en el primer puesto a nivel nacional, seguida a bastante distancia de Málaga (347) y Sevilla (339).

Antes de entrar a valorar la criminalidad en la provincia de Cádiz, debe realizarse una aclaración respecto a la cifra tan reducida de detenciones de contrabandistas practicadas por la Guardia Civil, máxime cuando por culpa de la ocupación inglesa de la plaza de Gibraltar desde el año 1704 y la impunidad que ello generaba, se padecía muchísimo más esa lacra, ya que desde allí partía el principal contrabando que sufríamos.

La verdadera razón de ello hay que recordar que se debía a que entonces existía otro Cuerpo que tenía encomendada prioritariamente la persecución del contrabando, como era el de Carabineros del Reino. Encuadrado en el Ejército, y por lo tanto también de naturaleza militar como la Guardia Civil, dependía para el servicio del Ministerio de Hacienda. Disponía en la provincia de Cádiz, de una muy considerable fuerza en proporción a la incipiente Benemérita. 

Por aquél entonces había en la provincia de Cádiz, con cabecera en su capital, una sola Comandancia de Carabineros, para la vigilancia de la primera línea de costa y segunda línea de interior. Quedaban entonces más de tres décadas para crearse la Comandancia de Algeciras. Estaba integrada en enero de 1845, según la obra de Madoz, por un comandante 1º, un comandante 2º, 6 capitanes, 14 tenientes, 15 subtenientes, 6 sargentos 1º, 35 sargentos 2º, 35 cabos 1º, 617 carabineros de infantería y 136 de caballería, mientras que para la vigilancia y resguardo en los puertos, disponían de 12 cabos patrones y 98 carabineros de mar.

Es decir, un total de 976 hombres, lo cual suponía prácticamente multiplicar por siete la plantilla que tenía entonces la Guardia Civil. Y todo ello sin contabilizarse el personal del denominado Resguardo Marítimo, ajeno a Carabineros, encargado de perseguir el contrabando en la mar y que contaba con un vapor, 2 bergantines, 13 faluchos y 12 barquillas, con la consiguiente dotación de oficiales de la Armada, patrones y demás operarios que a cada buque correspondían. El mando correspondía entonces a un “comandante de división”, cuya autoridad se extendía por las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga.

(Continuará).

 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (IX). EL CONTRABANDO Y EL INICIO DE LA GUARDIA CIVIL.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 4 de agosto de 2025, pág. 9.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

Ya anteriormente se ha relatado que, a pesar de la felicitación de la joven reina Isabel II, no se ha localizado todavía el resumen de servicios prestados en cada provincia durante el año 1845 por el recién creado Instituto de la Guardia Civil. 

Ello puede ser debido a que creado por real decreto de 28 de marzo de 1844, pero organizado y puesto en marcha por el real decreto de 13 de mayo siguiente, cada uno aprobado por un gobierno diferente, había todavía muy pocas provincias, antes de finalizar dicho año, donde la Benemérita estaba desplegada y funcionando. Por dicha razón es posible que no se pudiera hacer una estadística a nivel nacional con el detalle de cada provincia.

En la provincia de Cádiz ya se expuso que llegados los primeros guardias civiles, junto a sus familias, a finales de diciembre de 1844, no comenzó oficialmente a practicarse servicio hasta el 9 de enero siguiente. También se expuso que la 4ª Sección, que finalmente fue reemplazada la de Infantería inicialmente prevista en el Campo de Gibraltar por otra de Caballería, tuvo que materializarse por la real orden de 20 de diciembre de 1844, detrayéndola de la provincia de Sevilla donde acababa de desplegarse. 

El mando de dicha sección le fue conferido al ya mentado alférez Juan Morillas Casas. Inicialmente estaba previsto que se estableciera en Algeciras, que era donde estaba asentada la máxima autoridad del Campo de Gibraltar, el comandante general del Ejército, mariscal de campo Juan de Lara Irigoyen, cuyo objetivo principal era recuperar el Peñón. Éste, ilegítimamente, y con engaño, había sido arrebatado por el Reino Unido a España abusando de su apoyo a uno de los bandos contendientes por la corona española.

A tal efecto, dado el peso y consecuencias que sigue teniendo en nuestro Campo de Gibraltar, transcurridos ya más de tres siglos, resulta interesante recordar y reproducir el siguiente texto, no exento de complejidad, difundido por nuestro Archivo Histórico Nacional: “La Guerra de Sucesión española fue un conflicto de orden internacional por la sucesión al trono de España tras la muerte de Carlos II, que duró de 1703 a 1713, si bien en Cataluña se prolongó hasta 1714 y en Mallorca hasta 1715. Supuso la instauración de los Borbones en España. Carlos II había testado a favor de Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luis XIV. Todos los soberanos de Europa reconocieron a Felipe de Anjou como rey de España, excepto el emperador Leopoldo de Austria. En ese momento, Francia tomó posiciones para defender las plazas fuertes de los Países Bajos españoles, con el consentimiento de su nieto. Esta ayuda fue tomada como una provocación por parte de Holanda y de Inglaterra, que se posicionaron al lado del Emperador. La guerra se inició en la frontera de Francia con estos países y posteriormente en la propia España, convirtiéndose en una guerra europea dentro de España, a la que se sumó una guerra civil entre los partidarios del Archiduque Carlos, defendido por Aragón, y los partidarios de Felipe de Anjou, defendido por Castilla. Si bien, en ambos territorios hubo defensores y detractores de ambos pretendientes. El final de dicha contienda supuso la entronización de Felipe V en España y el comienzo del reinado de una nueva dinastía, la de los Borbones”.

Regresando a 1845 y al periodo de inicio de la implantación y despliegue de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar, el alférez Morillas tuvo que fijar, por decisión superior, el mando de la mentada 4ª Sección en San Roque al ser más acorde a las necesidades iniciales del servicio encomendado, y no en Algeciras como iniciamente estaba previsto. Mientras tanto, si bien apenas un año después sería destinado a Sevilla, el jefe de la 3ª Compañía desplegada en la provincia gaditana era el primer capitán José María de Cisneros Lanuza. Éste, curiosamente, procedía originariamente de Artillería, y no de Infantería o Caballería, como era la procedencia de la mayoría de los primeros jefes provinciales de la Benemérita.

El caso es que si bien se conocen servicios puntuales de la Benemérita, acaecidos en la provincia gaditana durante 1845, incluidos en el Campo de Gibraltar, y que incluso fueron publicados en la prensa de la época, no se ha localizado todavía el resumen anual de los datos totales de delincuencia combatida por la Guardia Civil durante ese periodo. En cambio sí se conocen los datos completos correspondientes a partir del año siguiente, siendo bastante relevantes y significativos. No en vano se trataba del primer cuerpo de seguridad pública del Estado que realmente fue desplegado por todo el territorio nacional y que incluso terminaría haciéndolo pocos años después en las islas, entonces españolas, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

Consecuente con ello, y dado ya el importante despliegue de la Guardia Civil en buena parte del territorio nacional, sí se publicaron los datos relativos a los servicios practicados durante el año 1846. Así hay constancia de que la Benemérita practicó 803 servicios en la provincia de Cádiz. Dicha cifra la situó en el cuarto puesto a nivel nacional, por detrás de Murcia (1.185), Sevilla (929) y Zaragoza (865). De esos 803 servicios, 214 correspondían a personas detenidas por la comisión de delitos, 543 por la comisión de faltas leves, 32 por desertar del Ejército, 12 por prófugos del servicio militar obligatorio y 19 por contrabando.

Esta última cifra, muy reducida, sobre detenciones de contrabandistas en una provincia que por culpa de la engañosa ocupación inglesa de la plaza española de Gibraltar, padecía muchísimo esa lacra, se debía a que entonces existía el Cuerpo de Carabineros, que tenía encomendada prioritariamente su persecución. Tal y como decía el duque de Ahumada en su Circular de 23 de abril de 1845, “que no se abandone el servicio ordinario del Cuerpo, para consagrarse exclusivamente a la persecución del contrabando, pero de manera ninguna que éste deje de perseguirse, siempre que en el curso ordinario de su servicio se encuentre con los contrabandistas, o el contrabando; siendo como es uno de los males, que más perjudican el país, y a cuyo remedio deben contribuir más eficazmente, todos los empleados públicos, y en especial aquellos, que tienen la exclusiva obligación, hacer guardar el cumplimiento de las leyes”.

(Continuará).

 

 

 

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (VIII). LA ESTADÍSTICA CRIMINAL DEL PARTIDO JUDICIAL DE ALGECIRAS.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 28 de julio de 2025, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en color.

Si bien todavía no se han localizado los datos de delincuencia combatida por la Guardia Civil en la provincia de Cádiz en 1845, sí se conocen los correspondientes a los años siguientes. 

A este respecto, y antes de detallar la estadística de la lucha contra la delincuencia provincial gaditana generada por la Benemérita, hay que reseñar los datos numéricos que se contabilizaban y difundían entonces sobre nuestra provincia. Concretamente en el tomo V del “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar”. La autoría de dicha obra corresponde a Pascual Madoz y fue editada en 1846 en Madrid.

Comentaba dicho autor en su exposición que nuestra provincia era una de las tres en que “modernamente” se había subdividido el antiguo “reino de Sevilla”. Exponía que en lo civil y administrativo era una provincia de primera clase, que en lo judicial correspondía a la Audiencia Territorial de Sevilla, y que en lo militar era una de las seis comandancias generales en que estaba entonces distribuida la Comandancia General de Andalucía.

Esta última afirmación, que podía inducir a error, quedaba aclarada en el párrafo siguiente al especificarse, respecto a la provincia gaditana, que, “la parte de la Península cuenta dos comandancias generales del Ejército, una en Algeciras, para el Campo de Gibraltar, a la que solo corresponden Algeciras, Tarifa, San Roque, Jimena, los Barrios y Castellar, y otra en Cádiz para el resto de la provincia”. Hay que recordar que por aquel entonces, La Línea de la Concepción y San Martín del Tesorillo no existían, perteneciendo sus demarcaciones a San Roque y Jimena de la Frontera, respectivamente.

Según la “Estadística criminal, núm. 1”, dedicada al personal juzgado y que constaba en el citado tomo V, correspondían al partido judicial de Algeciras, que comprendía entonces los términos municipales de Algeciras y Tarifa, un total de 59 acusados. De ellos 3 resultaron absueltos y 56 penados (45 presentes y 11 contumaces). De éstos, 29 eran reincidentes y de ellos 16 por el mismo delito mientras que 13 lo eran por otra infracción penal. Respecto a su sexo, 57 eran varones y solo 2 eran hembras, siendo 29 solteros y 30 casados. De ellos, 25 sabían leer y escribir pero 32 lo desconocían, habiendo otros 2 de los que no constaba dicha información. Relativo a su profesión u oficio, se hacía constar que los 59 acusados se dedicaban a “artes mecánicas” y ninguno procedía de “ciencias y artes liberales”. 

Dicha cuantía difería de los 63 acusados en el partido judicial de San Roque (San Roque, Los Barrios, Castellar y Jimena), donde 2 de ellos habían sido absueltos durante la instrucción y otros 2 por sentencia, siendo 59 condenados (41 presentes y 18 contumaces), si bien solo 2 eran reincidentes. De estos, uno por el mismo delito. Respecto a su sexo, 59 eran varones y solo 4 eran hembras, estando 34 en estado de soltería, 18 casados y de 11 no había constancia. De ellos, 11 sabían leer y escribir pero 34 lo desconocían, habiendo 18 de los que no constaba dicha información. Relativo a su oficio, se hacía constar que de los 63 acusados, 38 se dedicaban a “artes mecánicas”, 6 procedían de “ciencias y artes liberales”, y de 19 de ellos se desconocía dicha información.

Finalmente, del “resto” del Campo de Gibraltar (posiblemente se refería en este caso a Ceuta que tenía juzgado propio aunque administrativamente estaba entonces encuadrado en nuestra Comarca), había 34 acusados, de los que 3 habían sido absueltos durante la instrucción y otros 2 por sentencia, siendo 29 condenados (8 presentes y 21 contumaces), de los que 9 eran reincidentes, de ellos 3 por el mismo delito y 2 por otros diferentes. Respecto a su sexo, los 34 acusados eran varones, estando solo 2 en estado de soltería, 10 casados y de 22 no había constancia. De ellos, solo 7 sabían leer y escribir, 9 lo desconocían, existiendo otros 18 de los que no constaba dicha información. Relativo a su oficio, se hacía constar que de esos 34 acusados, 20 se dedicaban a “artes mecánicas”, ninguno a “ciencias y artes liberales”, y de 14 de ellos se desconocía dicha información.

Se hacía constar también en la referida obra de Pascual Madoz, que se estimaba entonces la población de la provincia de Cádiz en 342.694 “almas”, siendo 851 el número total de acusados judicialmente. Respecto al número de “delitos de homicidio y de heridas”, se cifró la cantidad de 287, una proporción estadística que resultaba sorprendentemente inferior a casi el resto de las provincias españolas en relación a la cuantía de su población. 

El partido judicial donde se había perpetrado el mayor número de “crímenes de sangre” de toda la provincia gaditana, en relación al número de habitantes, fue el de San Roque, que contaba entonces con 18.121 “almas”, donde por cierto se dio el único caso de la provincia en el que se empleó el veneno para la perpetración del crimen. La estadística arrojaba la cifra de un delito “de sangre” por cada 442 personas censadas en el partido judicial, mientras que el segundo en encabezar dicha tasa de criminalidad en la provincia era Sanlúcar de Barrameda, que daba la cifra de un “crímen de sangre” por cada 616 personas de dicho partido judicial. Curiosamente, en esta tipología delictiva, la ciudad de Cádiz presentaba una de las cifras más reducidas, “con notable diferencia”, de un delito de este tipo por cada 5.380 habitantes, “proporción que coloca a esta hermosa ciudad entre las más morigeradas de España, a pesar de los contratiempos que su riqueza ha experimentado”. 

Por otra parte, y con la precaución de la obtención real de los datos estadísticos entonces publicados, significar que el número de “almas” del partido judicial de Algeciras se cifraba entonces en 32.595. Debía padecer una cifra baja de “crímenes de sangre” ya que no se especificaba la cuantía concreta en el cómputo provincial, por lo que se supone que no debía ser especialmente significativa.

La imparcial y rigurosa actuación de la Guardia Civil en la provincia gaditana en general, y en el Campo de Gibraltar en particular, con el municipio de Algeciras a su cabeza, donde terminaría asentándose desde San Roque el mando de la Benemérita, arrojaría unas cifras sobre la delincuencia más reales que las conocidas hasta entonces.

(Continuará).