LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (XIII). EL LARGO CAMINO HACIA LA SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL EN ALGECIRAS.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 1 de septiembre de 2025, pág. 13.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

En relación a la real orden de 23 de septiembre de 1845 del Ministerio de la Guerra, que se citaba en el artículo anterior, y que cuatro días después fue trasladada desde el Ministerio de la Gobernación de la Península, a los jefes políticos provinciales de Cádiz, Sevilla, Córdoba, Huelva, Granada y Jaén, es necesario referirse a otra real orden de éste, fechada el día 24 de dicho mes. Firmada por su titular, el ministro Pedro José Pidal Carniado, fue seguidamente trasladada por el subsecretario Juan Felipe Martínez Almagro al II duque de Ahumada, mariscal de campo Francisco Javier Girón Ezpeleta, inspector general de la Guardia Civil.

En ella se refería que enterada la reina Isabel II, “de la existencia de varias partidas de fuerza armada, que con los nombres de Compañías de Seguridad, Miñones, Escopeteros, Escuadras, Parrotes, Migueletes, y otros, mantienen las provincias con notable gravamen de los pueblos, y convencida de la utilidad de su extinción, desde el momento en que se complete el número de Guardia Civil de ambas armas, que está ya decretado, ha tenido a bien mandar; que para no dejar abandonada la pública seguridad, mientras dicha Guardia se organiza totalmente, se pongan de acuerdo el Ministerio de la Guerra, y esa Inspección, con éste de mi cargo, para llevar a efecto la indicada disolución y el aumento de la Guardia Civil“.

Debe significarse que la supresión de los Escopeteros de Andalucía fue una consecuencia directa de la implantación y expansión de la Guardia Civil. Ello fue sucediendo por el resto del territorio nacional, pues por fin el Reino, es decir, el Estado, había decidido expandir su propia fuerza de seguridad pública. 

Un ejemplo previo a las anteriores resoluciones expuestas, se encuentra en la real orden comunicada que fue dictada desde Madrid el 28 de marzo de 1845, por el conde de Vistahermosa, mariscal de campo Ángel García de Loygorri García de Tejada, entonces subsecretario del Ministerio de la Guerra. Estaba dirigida al inspector general de la Guardia Civil. Concretamente se le comunicaba que el ministro de la guerra (y presidente del gobierno), teniente general Ramón María Narváez Campos, había dicho al teniente general Manuel Mazarredo Mazarredo, anterior ministro y entonces capitán general de Castilla la Nueva (actualmente Castilla-La Mancha), que:

“Convencida S.M. de que tanto la unidad del servicio, como la economía del Erario, hacen ya innecesaria la conservación de la Compañía de Escopeteros de Ciudad Real, por hallarse la Guardia Civil destinada especialmente al mismo servicio que el que prestaba aquella, se ha servido resolver de conformidad con lo expuesto por el Supremo Tribunal de Guerra y Marina, en acordada de 24 de Enero último, que en fin de Abril del presente año quede extinguida dicha Compañía de Escopeteros, pudiendo sus individuos refundirse en el Cuerpo de Guardias Civiles, si reunen las condiciones necesarias, o cuando no, volver a la situación en que se hallaban al ingresar en la expresada Compañía“.

Hay que decir que si bien, la mayor parte de esos cuerpos provinciales y regionales de seguridad pública terminaron desapareciendo, definitiva o parcialmente en determinados periodos de tiempo, mientras que la Guardia Civil fue progresivamente aumentado sus efectivos y despliegues como fuerza de seguridad pública del Estado, lo cierto es que los Escopeteros de Andalucía, que tenían una muy honrosa historia, poco conocida lamentablemente, terminaron desapareciendo y sus miembros más aptos se integraron en la Benemérita.

Por otra parte, es importante destacar el lastre que entonces suponía para la economía española el grave problema del contrabando que penetraba ilegalmente en nuestra nación y que en nuestro Campo de Gibraltar tenía como principal foco la colonia británica de Gibraltar, asentada ilegítimamente en el Peñón. Aunque ya venía siendo afrontado por el Cuerpo de Carabineros del Reino, no tardó en implicarse en dicha lucha al de la Guardia Civil, si bien entonces su misión principal era y siguió siendo la seguridad pública.

De hecho, resulta de interés la real orden comunicada, de 21 de febrero de 1845,  dirigida por el referido ministro de la Gobernación de la Península, a todos los jefes políticos provinciales, incluído el de Cádiz, que fue trasladada por su ya citado subsecretario, al II duque de Ahumada como inspector general de la Benemérita.

“La Reina convencida íntimamente de lo necesario que es la cooperación activa de las autoridades civiles, y de sus dependientes para contribuir a la más pronta  y eficaz represión del contrabando que no menos cede en detrimento de las rentas públicas, y de los ingresos del Tesoro que en daño de la moralidad, el orden, y el sosiego de los pueblos, ha tenido a bien mandar: que V.S. haga las prevenciones oportunas a los Alcaldes de esas provincias, a fin de que auxilien con el apoyo de su autoridad, y aún de sus conocimientos locales a los Carabineros del Resguardo, y demás fuerza ocupada en este servicio, empleando también V.S. en el caso, y en los términos del art. 2º del Reglamento de 9 de octubre del año anterior, la Guardia Civil que se halle a las órdenes y disposiciones de ese Gobierno Político“.

Concretamente se refería al “Reglamento para el Servicio de la Guardia Civil“, aprobado por real decreto de dicha fecha. Ahí, tras establecerse que la Benemérita tenía por objeto la conservación del orden público, la protección de las personas y las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones, así como el auxilio que reclamase la ejecución de las leyes; se exponía el mentado artículo 2º: “Cuando lo permita el servicio de que habla el artículo anterior, podrá emplearse la Guardia Civil, como auxiliar, en cualquier otro servicio público que reclame la intervención de la fuerza armada“.

En nuestro Campo de Gibraltar, diferente entonces en composición y extensión territorial del actual, quedaba todavía un largo camino que recorrer. En 1845, en el término municipal de Algeciras, estaban ubicadas una compañía de Carabineros, que dependía de la Comandancia de dicho Cuerpo en la capital gaditana; y un puesto de la Guardia Civil dependiente de la sección de San Roque, y ésta, a su vez, de la compañía que el nuevo Cuerpo acababa de asentar su cabecera en la capital.

(Continuará).