LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (LXV). EL PUESTO DE ALGECIRAS EN LOS PRIMEROS MESES DE 1859.

 Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 31 de agosto de 2026, pág. 12.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

En el Boletín Oficial de la Guardia Civil núm. 26, de 8 de febrero de 1859, además de otras cuestiones, se hacía promoción de una reciente y singular obra. Se titulaba “Las instituciones de Seguridad pública en España y sus dominios de Ultramar”. Su autor era el brigadier Crispín Jiménez de Sandoval, “secretario que ha sido de esta Inspección general, escritor conocido ya por varias publicaciones anteriores”.

Dicha obra se autodefinía en su portada como “bosquejo histórico y reglamentario”, siendo editado el año anterior por la “Imprenta y Estereotipía de M. de Rivadeneyra”, sita en la calle madrileña de la Madera Baja núm. 8.

Su contenido, que hoy día parece olvidado, se encontraba dividido en cinco capítulos que iban haciendo un recorrido cronológico histórico de la seguridad pública española. Conforme se podía leer en dicho boletín oficial, “presentando el primero un cuadro general de la policía; el segundo trata de la Santa Hermandad; el tercero de las compañías sueltas y conato para el establecimiento de un cuerpo general de seguridad pública; el cuarto lo dedica el autor a la Guardia Civil; el quinto a la seguridad pública en los dominios de Ultramar; y en un apéndice, reseña de la gendarmería francesa”. 

Dicho libro era la tercera obra que se publicaba sobre la Guardia Civil, entonces única fuerza de seguridad del Estado, desplegada por todo el territorio español de la Península Ibérica e Islas Baleares, amén de ser ya la más antigua, tras la desaparición de las que le habían precedido. Teniendo en cuenta que la Benemérita llevaba entonces tan solo catorce años de existencia, llama la atención la intensa y extensa producción literaria publicada poco antes de 1859. Alguna razón debió haber para ello.

Las dos obras anteriores, según el mentado boletín oficial, eran: “Historia, servicios notables, socorros comentarios de la cartilla, y reflexiones sobre el cuerpo de la Guardia Civil”, cuyo autor era José Díaz Valderrama, ya mencionado en capítulos anteriores al tratar del ya desaparecido periódico “Guía del Guardia Civil”. La otra era “La Guardia Civil. Historia de esta Institución y de todas las que se han conocido en España con destino a la persecución de malhechores, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días”, cuyos autores eran oficiales del Ejército: José Sidro Surga y Antonio de Quevedo Donis. Hay que citar que estas tres obras pueden descargarse íntegramente de Internet.

En el siguiente boletín oficial, publicado ocho días más tarde, con el núm. 27, puede leerse, en la parte dedicada a resumir los servicios del Cuerpo, que los guardias civiles Fernando García y Francisco Vega Reguera, pertenecientes al puesto de Algeciras, habían aprehendido el 29 de enero anterior, “una caballería menor con algunos géneros de ilícito comercio, que fueron entregados en aquella aduana”. 

Dos boletines oficiales más tarde, en el núm. 29 concretamente, publicado el 1º de marzo siguiente, se publicaba que los guardias civiles Lucas Fernández, y el referido Francisco Vega, del puesto algecireño, habían aprehendido el 6 de febrero anterior, “al vecino de aquella ciudad, Francisco Corrales Corbacho, con una caballería menor que conducía géneros de ilícito comercio”.

Seguidamente se refería que, tres días más tarde, el mentado guardia civil Lucas Fernández, junto a sus compañeros de igual clase, Antonio de los Santos y el ya citado anteriormente Fernando García, aprehendieron, “cuatro pequeños bultos de tabaco, cuyos comisos han sido entregados al Administrador de rentas de dicha población”.

En relación al contrabando de tabaco, siempre procedente de la colonia británica del Peñón, que tanto daño económico hacía a la Hacienda española y que azotaba todo el Campo de Gibraltar, hay que destacar que su persecución estaba asignada principalmente al Cuerpo de Carabineros del Reino. Todavía faltaban casi dos décadas para que se crease en dicho Instituto la Comandancia de Algeciras, por lo que los numerosos puestos desplegados en primera línea de la costa campogibraltareña, y su segunda línea de interior, estaban entonces encuadrados en la Comandancia de Cádiz. 

No obstante, y sin perjuicio de la encomiable y meritoria labor que entonces desarrollaban los Carabineros en España en general y en el Campo de Gibraltar en particular, hay que significar, al igual que ya sucedió con la primera “Cartilla del Guardia Civil” de 1845, que en 1859 estaba en vigor la segunda y nueva “Cartilla”, que se había aprobado por real orden del Ministerio de la Gobernación del Reino, de 29 de julio de 1852. Tal y como se detallaba, era “para instrucción de los individuos del Cuerpo, en los deberes de su instituto y mejoras en el servicio”, dedicando su capítulo IX de la primera parte, a las funciones de la Benemérita en la persecución del contrabando cuando se topase con dicha ilícita actividad durante su servicio peculiar. 

Nada podía pensarse entonces que, en cumplimiento de la Ley de 15 de marzo de 1940, el Cuerpo de Carabineros, fundado en 1829, y heredero del Resguardo Militar de Hacienda creado en 1820, terminaría siendo integrado en la Guardia Civil. Todas sus funciones de resguardo fiscal, vigilancia de costas y fronteras, así como de persecución del contrabando, serían asumidas por la Benemérita que mantendría su fecha fundacional de 1844.

Buen ejemplo de aquello, fue el servicio publicado en el boletín oficial núm. 34, de 8 de abril siguiente, esta vez del puesto de San Roque. Los guardias civiles Antonio de los Santos Pérez y Lucas Fernández, “aprehendieron a Juan Muñoz y José Domínguez, con tres bultos de tabaco, el día 13 del anterior, hallándose dichos Guardias practicando el servicio del instituto; siendo puestos los reos con los efectos que conducían a disposición de la autoridad correspondiente”.

El siguiente boletín oficial núm. 35, de 16 de abril, publicaba una real orden del Ministerio de la Guerra, dictada diez días antes, disponiendo que, “la Inspección general del Cuerpo de Guardias civiles”, cambiase su denominación, “titulándose en lo sucesivo Dirección general del Cuerpo de Guardias civiles y de la Guardia civil veterana”. 

Ello había sido consecuencia directa de que se había dispuesto, por otra real orden de misma fecha, que la “Guardia Urbana de Madrid se denominará en lo sucesivo Guardia civil veterana”, pasando a integrarse en la Benemérita.

(Continuará).

"VERDEJA" versus "VICKERS T-26B". CARRO DE COMBATE “VERDEJA”.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en la Revista “ARMAS” núm. 281, de noviembre de 2005, págs. 28-34.

El original está ilustrado con seis fotografías en color y catorce en blanco y negro.

 

 

En agosto de 1940 se sometieron a duras pruebas un carro ruso y el prototipo de un nuevo carro español que resultó vencedor. Sin embargo, fue una victoria que no tuvo el fruto deseado, ...

 

El Archivo "Capitán General José Enrique Varela Iglesias", actualmente depositado como sección independiente en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz, contiene millares de documentos y fotografías de gran interés que, de una u otra forma, tuvieron relación con el bilaureado militar.

Entre los numerosos informes sobre armamento, elaborados en su etapa como ministro del Ejército (8-VIII-1939/3-IX-1942), destaca el dedicado a las pruebas realizadas en agosto de 1940 entre un prototipo de carro español y otro de origen ruso, procedente de los capturados al bando republicano durante la guerra civil y que entonces prestaba servicio en el Ejército Español.

Medio mundo estaba ya en guerra y la situación armamentística de España, tal y como se expuso detalladamente en números anteriores de ARMAS (ver del n° 271 al 279), era penosa, por lo que era necesario apostar por nuevos proyectos de origen nacional.

Si bien el empleo táctico de los carros de combate durante la contienda -procedentes en su mayoría de la ayuda extranjera recibida por ambos bandos- no fue ni el más adecuado ni el más eficaz, desfasado de la concepción moderna de la guerra, había un gran interés en contar con ellos en nuestro Ejército.

El error: "Gil Verdejo" y "Verdeja".

Tal y como se mencionó en un artículo de este autor, relativo a los proyectos de los nuevos modelos de armas que se estaban elaborando a principios de 1940 (ver ARMAS nº 274), existía un informe de la 6ª Sección de Estado Mayor del Ministerio del Ejército, en el que se hacía referencia a la construcción del carro experimental, denominado modelo "Gil Verdejo", así como la previsión de "fijación de normas para el estudio de los carros de combate en relación con la organización".

Evidentemente, tal denominación debió ser un lapsus ya que, si bien existía un jefe de Artillería llamado Félix Gil Verdejo, el verdadero inventor de dicho prototipo era también otro oficial de Artillería llamado Félix, pero apellidado Verdeja Bardales y treinta años más joven que aquél. Posiblemente la igualdad de nombre y Arma de procedencia, así como similitud del apellido más característico debió inducir dicho error a s u redactor.

El Comandante Félix Verdeja Bardales.

Según su hoja de servicios, consultada en el Archivo General Militar de Segovia, Verdeja había nacido en la localidad asturiana de Panes el 1 0 de abril de 1904, ingresando diecisiete años más tarde como alumno en la Academia de Artillería, donde cursó con aprovechamiento sus estudios hasta que cinco años más tarde, por R.O.C. d e 1 de diciembre de 1926, fue promovido al empleo de teniente, siendo destinado al 7º Regimiento Ligero de Artillería, de guarnición en Mataró.

Casi un año después marchó a Larache para incorporarse a la Agrupación de Campaña destacada en aquella zona de nuestro Protectorado en Marruecos, donde permaneció hasta febrero de 1928, mes en el que pasó a prestar sus servicios a la Comandancia de Artillería de Melilla. Fue en esta plaza española del norte de África cuando Verdeja empezó a desarrollar su afición por la mecánica de locomoción al ser destinado el 1 febrero de 1929 al Taller de Reparaciones de Automóviles del Parque de Automovilismo.

La proclamación de la 2ª República le sorprendió allí, decidiendo entonces acogerse al Decreto de 25 de abril de 1931 mediante el que el nuevo régimen ofrecía a jefes y oficiales la posibilidad de pasar voluntariamente a la situación de retiro. Con ello s e buscaba reducir el excesivo número de mandos en el Ejército, así como dar una salida a los que no quisieran servir bajo la nueva bandera.

Causó baja en la milicia y se fue a vivir a Madrid. Allí le sorprendió la sublevación militar del 18 de julio de 1936, teniendo que ocultarse para evitar ser detenido, logrando finalmente pasarse en septiembre al bando nacional tras una rocambolesca huida, con pasaporte falso cubano, por Francia, Italia y Alemania.

Se le asignó el mando de la batería ligera de la Academia de Artillería en el frente de Segovia, donde permaneció -siendo habilitado para capitán el 12 de diciembre de 1936- hasta que el 31 de agosto del año siguiente, el general de división Luis Orgaz Yoldi, director general de Movilización, Instrucción y Recuperación lo propuso, conforme al escrito que ilustra estas páginas, "para que sea destinado a los talleres del Batallón de carros de combate".

Al mando de la compañía de talleres, siguió a su batallón por los frentes de Guadalajara y Teruel. Por Orden de 5 de marzo de 1938 se produjo una reorganización de las unidades de carros, pasando a La Legión, donde continuó en el mismo cometido, llegando a tomar parte en la ofensiva de Levante y en la Batalla del Ebro.

Estabilizados los frentes, "se concentró con la Bandera de Carros de La Legión en Cariñena, iniciando la construcción de u n prototipo del modelo de carro de combate de que es autor". Hombre dotado de gran inteligencia e ingenio, supo aprovechar la experiencia de los carros alemanes y rusos que habían pasado por sus manos.

El 10 de enero de 1939 se efectuaron en Zaragoza las pruebas del prototipo ante la comisión presidida por el general Orgaz, "con resultado favorable", y diez días después ante el general Franco con idéntico resultado, lo que motivó su destino a Bilbao, "con la orden de proyectar y construir un nuevo modelo de carro con las características acordadas por la Comisión dictaminadora de las pruebas".

Finalizada la contienda, fue designado el 21 de mayo de ese año para formar parte de la comisión que encabezada por el laureado general Antonio Aranda Mata, marchó a Alemania "al objeto de visitar las fábricas Krupp y Rheinmentall y zona fabril de Essen, visitando igualmente las Escuelas de Artillería, Infantería y Carros de Combate". El original y fotografías de la memoria de dicho viaje, redactada por el coronel de Infantería Nemesio Barrueco Pérez, se encuentra también en el Archivo del general Varela.

A su regreso, tras ser ascendido al empleo efectivo de capitán y con su proyecto, pasó a prestar servicio en la Dirección General de Industria y Material de Guerra en Madrid, donde el 28 de junio de 1940 fue promovido en propuesta extraordinaria a comandante, siendo confirmado en su puesto.

Las pruebas del "Verdeja" y el "Vickers" T-26B.

Tras no pocos problemas económicos y otras vicisitudes, el comandante Verdeja y su equipo pudieron terminar la construcción del nuevo prototipo en un local de la Maestranza de Artillería de Madrid.

El 20 de agosto de 1940 fue trasladado al campo de maniobras y tiro del Polígono de Experiencias de Carabanchel, al objeto de ser sometido durante una semana a una serie de pruebas ante una comisión de expertos, presidida por el coronel de Infantería Manuel Tuero Castro, jefe del Regimiento de Carros de Combate n° 1.

El oponente del "Verdeja n° 1" fue un carro ruso modelo T-26B, de servicio en el citado regimiento, y al que se le bautizó durante la Guerra Civil como "Vickers", dado su parecido externo al modelo británico en el que se había inspirado. Hoy día se puede seguir leyendo dicho nombre en los carteles explicativos de los antiguos carros rusos que ornamentan algunos de nuestros cuarteles, tal y como se puede apreciar en una de las fotografías que ilustran estas páginas.

Las pruebas de comparación entre ambos carros consistieron, tras ser sometidos a un minucioso análisis de todos sus elementos, en ejercicios de autonomía, maniobra, movimiento y velocidad, por toda clase de terrenos, incluido el franqueamiento de muros, vados y zanjas, así como de ejercicios de tiro con cañón y ametralladora.

Respecto a estas últimas, el "Verdeja" montaba un cañón contracarro de tiro rápido de 45/44 mm. Mark I modelo 1939 (b), fabricado en España a partir del ruso de igual calibre modelo 1932, así como dos ametralladoras Dreyse en paralelo, modelo MG-13, de 7'92 mm. La capacidad de munición era de 74 disparos de cañón (granadas perforantes y rompedoras) y 2.500 cartuchos de ametralladora.

Una mejora aumentó su dotación hasta 136 disparos y 4.000 cartuchos. El carro ruso disponía de un cañón de 45/44 mm. modelo 1932 con 122 disparos y una ametralladora de 7'62 mm. con 1.440 cartuchos. La diferencia de potencia de fuego era evidente.

Se estableció un sistema de puntuación en el que se tomaba como término de comparación al carro ruso que en todos los apartados recibió una calificación de 5 puntos, multiplicando seguidamente cada puntuación obtenida por el "Verdeja", por un coeficiente que variaba e n función de la importancia dada a cada prueba realizada. El 31 de agosto se levantó el acta con las conclusiones correspondientes, donde se terminaba haciendo constar:

"Por todo lo experimentado y expuesto, considera esta ponencia un grato deber interesar a la Superioridad se facilite al autor, Comandante D. Félix Verdeja, cuantos medios le sean necesarios para llegar a perfeccionar el modelo experimentado introduciendo en él las modificaciones sugeridas por esta ponencia, con lo cual seguramente, dado el entusiasmo y espíritu de trabajo de dicho comandante, llegará a conseguir un modelo de carro que aventaje a los modelos extranjeros de su mismo tonelaje"

Una vez introducidas las mejoras fue nuevamente probado en el mes de noviembre, dando un resultado final de 261'98 puntos del "Verdeja" frente a los 205 del T-26B

Triste final de un buen proyecto.

Tras ello se fijó un programa y presupuesto para la construcción de 1.000 unidades en serie del carro -"Verdeja n ° 2"- una vez realizadas las modificaciones propuestas, y que fue aprobado inmediatamente por el general Varela. Según la hoja de servicios de Verdeja, el 11 de agosto de 1941 se le designó para formar parte de la junta de "una Compañía Anónima de carácter mixto que ha de dedicarse a la construcción de Carros de Combate y Tractores", aprobada por la Ley de 23 de junio de ese año.

A partir de aquí comenzó una triste y larga historia, que por falta del imprescindible apoyo económico se tradujo en aplazamientos, terminando por caer en el olvido, aún a pesar de que Verdeja lo había actualizado con las enseñanzas adquiridas de la 2ª Guerra Mundial y los informes sobre carros recibidos de la División Azul, así como diseñar un prototipo de cañón autopropulsado de 75/40 mm.

El comandante Verdeja pasó en octubre de 1942 a ser profesor de la Escuela Politécnica del Ejército y se le concedió la cruz del mérito militar de 2ª clase con distintivo blanco pensionada, como autor de dicho proyecto. En julio del año siguiente ingresó en el recientemente creado Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejército (Rama de Armamento) siendo confirmado en su puesto.

Seguramente desilusionado por su frustrado proyecto, que no tuvo el fin que merecía, optó en noviembre de 1949 por pasar a la situación de disponible voluntario y en febrero de 1953 a la de supernumerario. El 28 de marzo de 1957 ascendió al empleo de teniente coronel y fue destinado con carácter forzoso a la Fábrica Nacional de Cañones de Trubia. Tras unos meses de licencia por asuntos propios solicitó el pase a la situación de retirado, siéndole concedida el 20 de marzo del año siguiente. Falleció en Madrid el 20 de mayo de 1977 a los 73 años de edad.

N. del A. Se agradece la valiosa colaboración del gran experto Javier de Mazarrasa, autor del único libro existente sobre el carro Verdeja, editado en 1988, agotado hace muchos años y que bien merece una nueva reedición; del coronel José Ignacio Vázquez Montón y del subteniente Carlos Javier Puente de Mena, del Archivo General Militar de Segovia, así como del alférez alumno de la Academia de Infantería Alberto Barbado.

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (LXIV). EL RESUMEN ANUAL DE SERVICIOS DE LA BENEMÉRITA EN 1858.

 Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 24 de agosto de 2026, pág. 14.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

El 1º de enero de 1859 continuaba como inspector general de la Guardia Civil el teniente general, de los “Ejércitos Nacionales”, Isidoro de Hoyos Rubín de Celis, marqués de Zornoza y vizconde de Manzanera. También continuaban, como jefe del Tercer Tercio (Sevilla) el coronel de la Benemérita, y de Caballería del Ejército, José Fernández de Terán Blengo; como jefe de la 3ª Compañía (Cádiz) el primer capitán de la Guardia Civil Pedro Anca Manjón, que tenía el empleo de primer comandante de Infantería y el grado de teniente coronel de Infantería, ambos del Ejército; y como jefe de la Sección del Campo de Gibraltar, y residencia en San Roque, el teniente de Infantería de la Benemérita Simón de la Torre Abad, que tenía el grado de capitán de Infantería del Ejército.

Todo ello constaba en el “Escalafón General de antigüedad de los Señores Jefes y Oficiales” de la Benemérita en 1859, editado en la Imprenta de Cristóbal González, sita en el núm. 26 de la madrileña calle de Pelayo.

A diferencia del “Escalafón” del año anterior, redactado e impreso bajo el mando del II Duque de Ahumada, ya detallado en un artículo anterior, la parte dedicada a exponer la historia y organización del Cuerpo de la Guardia Civil, no era tan extensa y se resumía en sólo tres párrafos.

Se exponía que la Benemérita se había creado en 1844 para proteger personas y propiedades, así como atender a la vigilancia de caminos y despoblados, “sometiéndose su organización al Ministerio de la Guerra, del que como institución militar depende en lo concerniente a su organización, personal, disciplina, material y percibo de haberes, y por el objeto de su Instituto, depende del Ministerio de la Gobernación, en lo tocante al servicio en que se emplea la fuerza, y al acuartelamiento”.

Seguidamente reseñaba que, “como Cuerpo de índole especial, su ingreso en él es una recompensa de los servicios y honradez acreditados en los demás del ejército”.

La Guardia Civil, como Cuerpo de Seguridad del Estado de mayor antigüedad, número de efectivos y despliegue territorial contaba entonces con una plantilla de 8 coroneles; 6 tenientes coroneles; 67 primeros capitanes de la clase de primeros y segundos comandantes del Ejército, 8 de los cuales desempeñaban el cargo de segundos jefes de tercio, y 11 que son de Caballería, mandaban escuadrón; 51 segundos capitanes de Infantería y 11 de Caballería; 158 tenientes de Infantería y 35 de Caballería; así como 48 subtenientes de Infantería y 29 alféreces de Caballería. En total 81 jefes y 333 oficiales.

La fuerza de tropa (sargentos 1º y 2º, cabos 1º y 2º, guardias 1º y 2º, cornetas, trompetas y tambores) se componía de 8.560 hombres de Infantería y 1.440 de Caballería, contándose con 1.300 caballos.

Toda esa fuerza estaba distribuida en 13 Tercios desplegados en la parte española de la Península Ibérica e Islas Baleares. En total 49 compañías de Infantería y 12 escuadrones de Caballería, “cubriendo el servicio cada una de las primeras en una provincia” y “con la fuerza de esta última arma que es conveniente atendidas sus condiciones topográficas”.

Respecto al puesto de Algeciras, en el Boletín Oficial de la Guardia Civil núm. 23, de 16 de enero de 1859, se publicaba que su comandante, el ya reiteradísimo cabo 1º Pedro Martínez Díaz, asistido por fuerza a sus órdenes, había aprehendido el día 21 del mes anterior, “tres reos prófugos reclamados por el Juzgado de Hacienda pública, de aquel distrito, a cuya disposición fueron puestos”.

Dos boletines después, en el núm. 25, de 1º de febrero siguiente, se publicaron dos cuestiones de relevante interés. Por una parte, el real decreto de 29 de diciembre de 1858, del Ministerio de la Gobernación, cuyo titular era José Posada Herrera. Concretamente, “para auxiliar al Gobernador de la provincia de Madrid en todo lo relativo a la conservación del orden público y a la persecución de malhechores y personal de mal vivir”. A tal fin, y dado que se circunscribía a la capital del reino, se creó, “un Cuerpo especial de Vigilancia, compuesto de empleados civiles y de una fuerza organizada militarmente”.

Ello sustituía al “ramo de Vigilancia” en Madrid, creado por real decreto de 25 de febrero de 1852, expuesto anteriormente. Por reales órdenes dictadas al día siguiente, se nombró para “Inspector de Vigilancia del primer distrito de esta Corte a D. Ramón Franco, coronel de caballería graduado y capitán de la Guardia civil”, mientras que para la de “Inspector del segundo distrito”, se nombró a Fernando Lora, que había sido alcalde-corregidor en varias poblaciones, siendo la gaditana de Puerto de Santa María, una de ellas.

Prosiguiendo con el mentado real decreto de 29 de diciembre de 1858, en su artículo 10, se requería, “para ser empleado de cualquier clase en la vigilancia pública de Madrid”, no haber sido preso ni procesado criminalmente. Y para ser nombrado “Inspector”, se debía tener el título de “Licenciado en Derecho”, o bien, “haber servido al Estado en carrera civil o militar, sin nota desfavorable seis años, y tener la edad de 30”.

En el artículo 11 se especificaba que: “Serán preferidos para destinos de Vigilancia pública, entre los pretendientes que tengan servicios militares, los individuos que hayan pertenecido a la Guardia Civil”.

Hay que significar que éstos, no pertenecían a la mentada “fuerza organizada militarmente”, ya que ésta, “encargada del servicio de vigilancia en la capital”, sería la que ya existía, “sin perjuicio de las modificaciones que se expresarán en los Reglamentos”.

Por otra parte, en ese mismo boletín, se insertaban doce significativos cuadros de servicios y auxilios prestados por la Benemérita durante todo el año 1858. Según se publicaba, “nos complacemos en hacer públicas estas noticias, que patentizan más y más como sabe la Guardia Civil llenar la misión altamente social que le está conferida”.

De todos esos cuadros, destacar el resumen numérico de las capturas verificadas dicho año por la fuerza del Cuerpo en la provincia de Cádiz, que era el más elevado de España, tanto en detenciones, con 2.237 efectuadas (635 delincuentes, 262 ladrones, 78 reos prófugos, 34 desertores y 1.228 por faltas leves), como con 43 contrabandos aprehendidos.

(Continuará).

LOS ANTECEDENTES DE LA CATÁSTROFE DE LA EXPLOSIÓN DE 1947. EN 1943 LA ARMADA PLANEÓ LLEVARSE DE CÁDIZ EL ALMACÉN DE MINAS.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CÁDIZ" el 18 de agosto de 2026, págs. 10 y 11.

El original está ilustrado con tres fotografías en blanco y negro.

 

Al comienzo de la noche del 18 de agosto de 1947, la capital gaditana sufrió uno de los peores sucesos de su historia. Dos días después el titular de la portada, a toda plana, de DIARIO DE CÁDIZ, era “Cádiz sufre la mayor catástrofe de los últimos años de su historia”, seguido en la línea siguiente de, “La explosión de un depósito de minas origina pérdidas humanas y materiales de consideración”.

 

Han transcurrido casi ochenta años de aquella terrible tragedia que causó más de centenar y medio de muertos, así como unos cinco millares de heridos de diversa consideración. Pero el relato de lo sucedido y la investigación, ya por historiadores, no ha finalizado.

 

Aquella catástrofe, sin perjuicio de las diferentes causas que la motivaron, pues existen diversas teorías sobre ello, constituyó desde años antes una constante preocupación de los responsables de la Armada. De ellos, dado el tiempo transcurrido no queda hoy día ninguno con vida. Afortunadamente quedaron sus informes.

 

El incendio que casi tres décadas después, el 2 de agosto de 1976, padeció el archivo naval sito en el edificio que había sido la antigua Escuela Naval Militar de San Fernando (1913-1943), motivó que, entre la numerosa documentación destruida por el fuego, se encontrase buena parte de la causa judicial militar y demás expedientes conexos instruidos con motivo de la trágica Explosión acaecida en 1947.

 

Lamentablemente desapareció y se perdió mucha documentación, pero también es cierto que se salvaron muchos informes, originales y copias, relacionados con dicha tragedia que se encontraban depositados en otros sitios. Hoy día, casi ocho décadas después de la catástrofe, se tiene acceso a parte de ello gracias a familiares de los protagonistas o de las víctimas, que en su día los conservaron.

 

Uno de esos informes, expedido cuatro años antes de la Explosión, lo cual acredita la constante preocupación que siempre tuvieron los diferentes mandos de la Armada, con responsabilidad en nuestra provincia, es el remitido el 17 de diciembre de 1943, todavía en plena Segunda Guerra Mundial, por el contralmirante Fausto Escrigas Cruz, como comandante general del Arsenal de La Carraca, al vicealmirante Ramón Agacino Armas, comandante general del Departamento Marítimo de Cádiz.

 

Concretamente se trataba del anteproyecto sobre la instalación provisional de minas y explosivos, que se encontraban almacenados en la Fábrica de Torpedos de Cádiz, para trasladarlos a la finca denominada “Rancho de la Bola”. Ésta se encontraba situada cerca de la “Azucarera del Portal”, camino de Puerto de Santa María a Jerez de la Frontera, con utilización posterior del Cerro de San Cristóbal para instalaciones definitivas en túneles.

Dicho anteproyecto, en unión de tres anexos, le había sido remitido a su vez, por el entonces capitán de navío Pascual Cervera Cervera, jefe del “Ramo de Armamentos del Arsenal de la Carraca”, que dos décadas después, siendo ya almirante, precisamente sería capitán general del Departamento Marítimo de Cádiz. 

 

El 9 de julio de 1943 se había iniciado, relativo al planeamiento del traslado de las minas submarinas que había depositadas en Cádiz, pues se era consciente del potencial peligro que ello conllevaba, un expediente “muy reservado” en el Ministerio de Marina, cuyo titular era entonces el vicealmirante Salvador Moreno Fernández. 

 

Por decreto de 10 de agosto siguiente, del Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz, fue nombrado “Presidente de la Comisión sobre estudio para Almacenamiento de Polvorines”. Casi dos meses más tarde, 2 de octubre, mediante radio núm. 17.062, del Estado Mayor de la Armada, se ordenaba la remisión del informe solicitado sobre el asunto, razón por la cual, dos días más tarde, el capitán de navío Cervera elevó por conducto reglamentario, una memoria provisional”. 

 

La memoria definitiva, de doce páginas, sería firmada el 17 de diciembre siguiente, e iba acompañada de un voluminoso anexo formado por tres carpetas. La primera contenía el expediente sobre adquisición y expropiación de terrenos. La segunda era el anteproyecto, con veinte planos y presupuestos, redactados por la “Sección de Obras Civiles del Consejo Ordenador de las C.N.M”, que habían seguido las indicaciones de la comisión de trabajo dirigida por el capitán de navío Cervera, “comprendiendo desviaciones de ferrocarril, carretera, caminos de servicio”, así como “módulo” regulador a utilizar en las construcciones y edificaciones provisionales. Y la tercera, era el expediente sobre información solicitada a las obras portuarias del Puerto de Santa María sobre posibilidades del río Guadalete y de su utilización como vía marítima de comunicación desde la Fábrica de Torpedos de Cádiz hasta las obras que se proponían realizar.

 

Al inicio de su informe dirigido primeramente al contralmirante Escrigas, el capitán de navío Cervera, hizo constar que, “como consecuencia de indicaciones verbales recibidas, sobre la necesidad de dar prioridad a las instalaciones que hicieran factible el traslado de los explosivos y minas actualmente almacenadas en la Fábrica de Torpedos de Cádiz, con el fin de que, con toda urgencia, se pudiera quitar el peligro de tanto explosivo situado dentro del casco de la Ciudad, esta Comisión suspendió eventualmente sus trabajos en lo de Polvorines propiamente dichos, para dedicar de lleno su actividad al proyecto del asunto que tenemos el honor de elevar a V.E.”.

 

Interés especial merece la exposición de conjunto que se hacía constar en el minucioso informe. El estudio del Cerro de San Cristobal y demás terrenos que se indicaban, se llegaba a la conclusión de que, si por su naturaleza geológica no eran todo lo buenos que sería de desear, tampoco eran rechazables, pues, la carencia absoluta de emplazamientos adecuados en la zona, obligaba a su aceptación, sin perjuicio de un futuro estudio más profundo y con mejores medios que los que hasta entonces se habían dispuesto.

 

Igualmente, se llegaba a la conclusión de que todas las nuevas instalaciones a montar, tanto definitivas como provisionales, cabían dentro de la finca “Rancho de la Bola”, cuyas lindes se habían estudiado tanto desde el punto de vista militar como técnico, “a fin de que ninguna instalación se encontrase dominada por cerros de mayor altura y conseguir la independencia del recinto”.

 

Sin embargo, se reconocía la existencia en dicha finca de una antigua cañada que dividía aquella por la mitad, constituyendo un serio inconveniente por ser de servidumbre pública. Pero como la utilización de dicha cañada era para un puente que cruzaba el río Guadalete y que ya no existía, no teniendo otra razón que la de dar paso a “las escasas cabezas de ganado que van a beber al río”, se proponía que por el Ministerio de Agricultura se cediera al de Marina. También se proponía incluir una “faja estrictamente necesaria para la desviación del ferrocarril que pertenece a otro dueño”.

 

Por otra parte, la cuestión de energía eléctrica estaba resuelto por pasar “la línea de alta tensión del Guadiaro por mitad de la finca”. Respecto al agua no constituía problema por ser muy abundante en aquellos parajes. 

 

Otro aspecto positivo era la proximidad del apeadero ferroviario del Portal, “donde paran todos los trenes incluso los rápidos”, considerándose un “emplazamiento en condiciones envidiables en cuanto a comunicaciones para el personal destinado o al obrero que venga a trabajar allí”. Se valoraba positivamente la proximidad de la ciudad de Jerez de la Frontera, a siete kilómetros, así como la inmediatez de la carretera Madrid-Cádiz. 

 

También se valoraba muy favorablemente aquel lugar, para el transporte de minas y material de guerra, dada la proximidad del ferrocarril, “como vía de comunicación principal”. El mentado río Guadalete era también de máximo interés, “mediante el correspondiente encauzamiento y canalización, para barcazas y remolcadores, especialmente construidos, de metro y medio de calado”.

 

Tal y como se hacía constar en dicho informe, se enlazaba “perfectamente”, el material que se almacenase en la Sierra de San Cristobal con el recinto portuario de Cádiz, Arsenal de la Carraca, Puerto Real y Factoría de Matagorda. Todas esas instalaciones poseían muelles de atraque, y cuando se finalizasen las obras portuarias del Puerto de Santa María que entonces estaban en marcha, y se hiciera la desviación del ferrocarril para su servicio, las condiciones serían mucho más ventajosas. Igualmente se citaba la posibilidad de que el río Guadalete proporcionaba la posibilidad de un “abastecimiento directo de cualquier buque fondeado en la bahía”.

 

En dicho informe se hacía también referencia, “aunque esta Comisión no ha recibido instrucciones sobre el particular”, sobre el potencial empleo de los muelles del Puerto de Santa María, calificándolo como un complemento indiscutible y natural a lo que se proponía. De hecho, se proponía la posibilidad de estudiar la instalación allí, “lo correspondiente a obstrucción, tren naval, cuarteles y servicios generales”, lo cual podría configurar la nueva “Base de Defensas Submarinas de Cádiz”.

 

Merece citar también en dicho informe la referencia que hacía el capitán de navío Cervera, “por ser trabajo también encomendado”, que estaba muy adelantada la cesión de terrenos que pudieran ser necesarios, en Puerto de Santa María, “a base de la permuta con la propiedad de la Marina de la antigua Basílica de San Juan de Letrán”, tratándose ésta de una antigua ermita del siglo XVI que junto a un hospital de la Armada que se construyó posteriormente, se encontraba derruida desde mediados del siglo XIX.

 

Finalmente, se hacía constar que las instalaciones provisionales que se habían estudiado para el almacenamiento de 2.000 minas, teniendo en cuenta que las cargas explosivas que contenían, no se podían separar de dichos artefactos, “ni conviene su almacenamiento en otro lugar distante”; así como de 1.000 cargas de profundidad, polvorines para la trilita en escama, cargas iniciadoras, etc., y, “si antes de que estén hechos los túneles se necesitase mayor capacidad de almacenamiento, existe espacio suficiente y no hay el menor inconveniente en ampliar lo que fuera necesario”.

 

Igualmente se significaba que los edificios complementarios y dedicados a alojamientos, oficinas, talleres, etc., habían sido proyectados de acuerdo con las necesidades que fueron expuestas por el jefe de la Base de Defensas Submarinas, capitán de navío José García de Lomas Barrachina, que había tomado el mando de la misma a principios del mes de julio de ese mismo año 1943.

 

Así terminaba la primera parte de tan extenso y documentado informe suscrito como “Presidente de la Comisión”, en el Arsenal de la Carraca, de San Fernando, por el capitán de navío Cervera. Lamentablemente, el 18 de agosto de 1947, este proyecto todavía no se había materializado por diversas causas, y al anochecer acaeció, sin que nunca se haya podido acreditar si se produjo, bien accidentalmente por las altas temperaturas soportadas y el mal estado de algunas minas submarinas que explosionaron contagiando a otras muchas; o bien se trató de un atentado terrorista perpetrado por enemigos del régimen franquista que no previeron que no sería sólo la Marina sino toda la ciudad, con un elevadísimo número de víctimas civiles la que padecería y sufriría tan terrible catástrofe.

UNA ILUSTRE MADRINA Y LA BANDERA DEL REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CÁDIZ.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "DIARIO DE CÁDIZ" el 27 de diciembre de 2013, pág. 12.

El original está ilustrado con dos fotografías en blanco y negro.

Hace 75 años Mª de la Paz Viniegra Lasso de la Vega, esposa del general Martel, amadrinó la enseña entregada por el Ayuntamiento de Cádiz.

 

El Regimiento de Artillería de Costa nº 4, cuyo mando acaba de asumir el teniente coronel Gonzalo María López-Pozas Díaz, de manos del coronel Miguel Ángel Acero Bañón, tiene su cabecera y el grueso de sus unidades en el acuartelamiento isleño de "Camposoto" y el resto desplegadas en Tarifa.

 

Tal y como nos ilustra el comandante de Artillería Miguel García Díaz, brillante historiador e investigador, en su magna obra “Tres siglos de Historia”, sus orígenes históricos se remontan hasta el 2 de mayo de 1710, fecha en la que el rey Felipe V dispuso la creación del Regimiento de Real Artillería.

 

Compuesto por tres batallones, el primero, embrión del actual regimiento gaditano, debía servir en el Ejército de Aragón y guarnecer las plazas de dicho reino, las de Valencia, Cataluña, Navarra y presidios de Guipúzcoa. 

 

Con el transcurso del tiempo, cargado de gestas heroicas, diversas nomenclaturas, y tras sucesivos cambios de guarnición por las plazas de Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alicante, Cartagena y Madrid, llegó a Cádiz en diciembre de 1868.

 

Bajo la denominación entonces de 2º Regimiento de Artillería a Pie, permaneció en la plaza gaditana hasta noviembre de 1875 que fue trasladado brevemente a Sevilla. De regreso en enero de 1877, permanecería en Cádiz con diferentes nombres hasta que en abril de 1992 marchó a la vecina ciudad de San Fernando, para instalarse como Regimiento de Artillería de Costa nº 4 en Camposoto.

 

Desde sus orígenes hasta la fecha, diversas banderas, conforme a las disposiciones vigentes en cada época, han sido ostentadas por dicha unidad de tan brillante historial militar.

 

De una de ellas se cumple ahora su septuagésimo quinto aniversario, cuya entrega por el Ayuntamiento de Cádiz al entonces denominado Regimiento de Artillería de Costa nº 1, ocupó las portadas de la prensa local. 

 

Gracias a la detallada crónica publicada por DIARIO DE CÁDIZ en su edición de la tarde del 26 de diciembre de 1938, se tiene cumplida cuenta de la solemne ceremonia que tuvo la mañana anterior por escenario, la plaza de San Juan de Dios.

 

Poco más de dos años antes, cuando apenas hacía un mes que había comenzado la Guerra Civil tras el fracaso inicial de la sublevación militar, se había restablecido por la Junta de Defensa Nacional en su zona, mediante decreto de 29 de agosto de 1936, la bandera bicolor, rojo y gualda.

 

Sin embargo, el escudo permaneció siendo el mismo que ostentaba también el bando contrario. Es decir, el adoptado tras la proclamación de la Segunda República en el decreto de 27 de abril de 1931.

 

Y así fue hasta que por otro de fecha 2 de febrero de 1938, se dispuso desde Burgos que se constituyese en su zona, con la heráldica de los Reyes Católicos, sustituyendo las armas de Sicilia por las del antiguo reino de Navarra.

 

Por tal motivo, el ayuntamiento gaditano de entonces, presidido por Juan de Dios Molina Arroquia, acordó entregar al regimiento una nueva enseña nacional al igual que había hecho la corporación republicana con la del nuevo régimen en un solemne acto realizado el 11 de octubre de 1931 en la misma plaza.

 

El acto fue presidido por el contralmirante Francisco Bastarreche Díez de Bulnes, comandante general del Departamento Marítimo de Cádiz, asistiendo las principales autoridades civiles y militares de la provincia, formando fuerzas de Infantería, Artillería, Armada, Guardia Civil, Carabineros, Asalto y Milicias.

 

Era jefe del regimiento el coronel Julio Arbizu Prieto, mandando la línea el teniente coronel de Artillería Eduardo Aranda Asquerino y siendo el abanderado de la nueva enseña el teniente Juan Muñoz de Arenillas Barrientos.

 

Como madrina de la nueva bandera, bendecida por el vicario capitular Eugenio Domaica Martínez de Doroño, y costeada por suscripción popular, fue nombrada María de la Paz Viniegra Lasso de la Vega, marquesa de la Garantía, que pronunció un patriótico discurso al estilo de la época. 

 

Pertenecía a una ilustre familia gaditana, cuyo progenitor era Salvador Viniegra Valdés, considerado como uno de los hijos más preclaros de Cádiz, filántropo y decidido impulsor de la renovación de la ciudad durante la Restauración, promotor de las obras de su puerto así como de la construcción del tranvía.

 

De los hermanos de la madrina, destacaría Salvador, fallecido años antes, insigne pintor historicista que fue subdirector y conservador del Museo del Prado, además de reconocido mecenas de las artes, especialmente de la música, entre los que se encontraba el compositor gaditano Manuel de Falla Matheu, con quien mantuvo una buena amistad y el cual incluso le dedicó una de sus obras para violonchelo y piano. 

 

De sus numerosas obras, que fueron muy reproducidas por lo que se hizo muy popular, destaca por ser una de las más conocidas, “La promulgación de la Constitución de 1812”, que se conserva en el Museo Iconográfico e Histórico de las Cortes y Sitio de Cádiz. 

 

Otros de sus hermanos, Joaquín y Juan, estaban muy vinculados a la vida empresarial gaditana, habiendo sido el último, secretario y vocal colaborador por derecho propio de la Cámara Oficial de Industria, Comercio y Navegación.

 

Su esposo, y de ahí venía su vinculación con el Arma de Artillería, era el general de división, en situación de segunda reserva, Jerónimo Martel Fernández de Henestrosa, marqués de la Garantía, quien entre sus numerosos destinos, había sido capitán del 2º Batallón de Artillería de Plaza en Cádiz y profesor de la Sección de Cádiz de la Escuela Central de Tiro así como general gobernador militar del Campo de Gibraltar.

 

También uno de sus hijos era entonces comandante de Artillería. Se trataba de Fernando Martel Viniegra, futuro marqués de la Garantía, que con el paso del tiempo alcanzaría también el generalato y que anteriormente había estado destinado en el Regimiento cuya bandera amadrinaba su madre y, al igual que su padre, en la Escuela de Tiro de Cádiz.

 

Sus otros tres hijos, Carlos, Ignacio y Jerónimo, habían ingresado en la Armada. El primero en Intendencia y los otros dos en el Cuerpo General, habiendo fallecido el último de ellos, asesinado el 15 de agosto de 1936 en el buque “España nº 3” junto a centenar y medio de jefes y oficiales de la Armada, Ejército, Guardia Civil y Carabineros, en aguas de Cartagena.

 

Año y medio después, el 18 de julio de 1940, volvería a reencontrarse con su bandera al ser invitada junto a su esposo, en el parque Genovés, a la imposición, por el bilaureado ministro del Ejército José Enrique Varela Iglesias, de la corbata de la medalla militar colectiva a la enseña del regimiento, junto a las del resto de la guarnición. 

 

El 6 de junio de 1958 la marquesa de la Garantía, viuda desde 1943 y vecina del nº 6 de la calle San Francisco, falleció en Cádiz, ostentando la presidencia de honor de las Damas Camareras de la Patrona y de la Asociación de Santa Bárbara de los Artilleros.

 

Muchos de sus descendientes directos siguen manteniendo una especial vinculación con Cádiz, como es el caso del actual marqués de la Garantía y conde de Valverde, Fernando Martel Martel, al igual que sus hermanos José Jerónimo, Mª Elena y Mercedes así como su madre, Mª Elena Martel Adeler, viuda de José Jerónimo Martel Méndez, e hija del que fuera el almirante Ignacio Martel Viniegra y marqués de San Fernando del Mar.  

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (LXIII). DETENCIÓN DE UN PELIGROSO CONTRABANDISTA DE ALGECIRAS EN 1858.

Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 17 de agosto de 2026, pág. 14.

El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

El inicio de la publicación del “Boletín Oficial de la Guardia Civil”, el 1º de agosto de 1858, supuso el final de la edición de “El Mentor del Guardia Civil”. La aparición de este periódico, el 1º de agosto de 1855, conllevó, aunque no era esa su verdadera intención, según su propio editor, el final de la publicación del “Guía del Guardia Civil”, el cual había sido el primer periódico dedicado a la Benemérita, cuyo primer número apareció el 1º de octubre de 1850.

Era entonces una época en la que toda institución estatal, civil o militar, y que realmente existiera como tal, necesitaba un medio propio de comunicación y difusión de sus novedades corporativas, así como legislativas de incumbencia. Y la Guardia Civil, como primer Cuerpo de Seguridad del Estado en vigor, tanto en antigüedad como en despliegue y número de efectivos, a pesar de que no llevaba todavía en funcionamiento siquiera tres lustros, necesitaba ya su propia publicación oficial, realizándose cuatro veces al mes.

Como editor del “Boletín Oficial de la Guardia Civil” figuraba Mariano de Fontcuberta, “Habilitado” de la propia Inspección General de la Benemérita, editándose en la “Imprenta de C. González”, sita en el núm. 26 de la calle San Antón, de Madrid.

Respecto al puesto de Algeciras, el “Boletín” núm. 18, de 8 de diciembre de 1858, publicaba en la sección dedicada a los servicios practicados en las provincias, un destacado servicio, practicado el 21 de noviembre.

Resultaba que el 20 de agosto anterior, había resultado herido de gravedad un vecino de Algeciras llamado José Álvarez. El presunto autor de la agresión había sido Francisco Rivas Rubio, alias “Chocolate”. Éste se había dado seguidamente a la fuga a “la bahía de Gibraltar, punto en que ha permanecido dedicándose al tráfico del contrabando, y con lo que ha conseguido burlar la vigilancia de las autoridades”.

Sin embargo, el citado 21 de noviembre, dicho individuo pudo ser detenido en las proximidades de la colonia británica por el cabo 1º Pedro Martínez Díaz, auxiliado por el guardia 2º Francisco Vega Reguera, siendo puesto a disposición, “del Sr. Juez de primera instancia del partido lo que tenía reclamado”.

Asimismo, se publicaba seguidamente que ese mismo día los guardias 2º Fernando García y Lucas Fernández, también del puesto de Algeciras, habían procedido a la detención del “reo prófugo Manuel Amado”. De ambos servicios, se hizo constar que, “se ha enterado S.E. con satisfacción”, refiriéndose al inspector general del Cuerpo, teniente general Isidoro de Hoyos Rubín de Celis.

Seguidamente se hacía mención, en dicho boletín, a otro servicio, pero referido al entonces denominado puesto de la Guardia Civil de “la línea de Gibraltar”, en el término municipal de San Roque, que posteriormente, siendo ya independiente sería denominado La Línea de la Concepción. Concretamente se informaba que por el cabo 1º Joaquín María Arias Fernández, “fue capturado el 17 de noviembre anterior, Antonio Quirós Valero, reclamado por el Sr. Juez de primera instancia de Algeciras, como sujeto de malos antecedentes”.

Por otra parte, en el siguiente boletín oficial de la Benemérita, el núm. 19, de 16 de diciembre, se publicó un interesante artículo a lo largo de tres páginas, titulado “Les Enfants de Troupe de la Gendarmerie Espagnole. Los Jóvenes de Tropa de la Guardia Civil”. 

Dicho texto era una reproducción, resumida y traducida al español, de un interesante artículo escrito por Alfred Germond de Lavigne, “inteligente y concienzudo publicista militar del vecino imperio”, que el año anterior había publicado un libro titulado “La Gendarmerie, ses relations, ses devoirs, son avenir”, (La Gendarmería, sus relaciones, sus deberes, su futuro). Esta obra estaba dedicada al mentado Cuerpo, también de naturaleza militar, creado en 1791, encargado de velar por la seguridad pública en Francia. 

En dicho artículo, según se publicaba, dadas “las cortas dimensiones del Boletín, y la necesidad de ocuparle casi exclusivamente con la parte oficial y los servicios del Cuerpo, nos obligan a nuestro pesar, a extractar su contenido, que es una apología de nuestro brillante ejército y muy especialmente del Cuerpo y su Compañía de Guardias jóvenes”.

Según publicaba, “llama la atención de sus lectores sobre la Guardia Civil española, y hace notar que en nuestro país donde militan tantas opiniones políticas, es una sola, y altamente favorable, a la institución respecto al Cuerpo”. Tan extenso artículo publicado en el periódico militar francés no puede reproducirse por razón de espacio, pero si vale la pena resumir su contenido. 

Comenzaba poniendo en valor el carácter benemérito de los miembros del Instituto: “Un espíritu, dice, eminentemente paternal, preside en todo lo relativo a la Guardia Civil. Puede considerársela como una familia cuyos individuos estrechamente unidos, tienden sus brazos por la extensa superficie de la península, llevando el consuelo a todo el infortunado que tiene necesidad de él”.

Seguidamente, entre otras cuestiones, detallaba la composición de la “Compañía de Guardias jóvenes”, integrada por un centenar de huérfanos de guardias muertos en acto de servicio o hijos de guardia cuyos padres habían sido licenciados a causa de inutilidad adquirida en el servicio, dando la opción de que caso quedara alguna plaza sin cubrir, pudiera ser ocupada por hijos de veteranos que aún prestaban servicio.

Finalizaba dicho artículo dando “las más encarecidas gracias por la honrosa idea que ha formado de nuestra guardia joven, consignada en un periódico tan leído en el extranjero; lo que tiende a estimular a los profesores y alumnos de la escuela de Valdemoro, que ha dado tan brillantes resultados, y es un galardón para la Guardia toda, que se lleven sus servicios y merecimientos a las naciones extranjeras, como modelo de puntualidad, cordura y valor”.

Por último, en el mismo ejemplar se publicaba que el 24 de noviembre anterior, por el cabo 1º Joaquín Arías, así como los guardias civiles Enrique Ramos, Ricardo Libon y José Malinas, del puesto de “la línea de Gibraltar”, que se había procedido a la captura de los paisanos Alonso de Oria, Juan y Antonio Fernández, así como dos hijos del primero, por la sustracción de una vela nueva de un bergantín ruso naufragado en Punta Mala.

(Continuará).