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martes, 27 de enero de 2026

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (XXI). EL CAMINO HACIA UN NUEVO MODELO DE SEGURIDAD PÚBLICA.


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR el 27 de octubre de 2025, pág. 15.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.

 


 

Durante los últimos artículos se ha ido exponiendo la importante vinculación que existía entre los cargos operativos responsables (comisarios y celadores) del nuevo “Ramo de Protección y Seguridad” del Ministerio de la Gobernación de la Península, creado por real decreto de 26 de enero de 1844 y su relación directa con el nuevo Cuerpo de la Guardia Civil, que pasaría a constituir la nueva Policía del Estado. En los textos publicados no sólo se ha referido la normativa de ámbito nacional reguladora sino que se ha vinculado con algunas referencias campogibraltareñas, concretándose varios casos algecireños.

 

Dicho Cuerpo fue expresamente citado en el mentado real decreto, si bien todavía sin denominación expresa, refiriéndolo, a propuesta del ministro titular de aquella cartera, “con la urgencia que el servicio público reclama, la organización de una fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades, cuyo amparo es el principal objeto del ramo de protección y seguridad”.

 

Creado inicialmente ya con el nombre de “Cuerpo de Guardias civiles”, a propuesta de la jovencísima reina Isabel II, se le dotaría inicialmente de una naturaleza civil, con una cobertura militar, por real decreto de 28 de marzo siguiente. Al ser un proyecto realmente novedoso y que todavía debía de terminar de configurarse y forjarse, no se pondría inmediatamente en funcionamiento, ya que además, por primera vez, había el firme propósito de que tuviera un extenso despliegue territorial por toda la nación. 

 

Por real decreto de 13 de mayo siguiente dicho Cuerpo, aún sin desarrollar, sería reformado, materializado y puesto por fin en servicio, pero con el acierto de dotarlo de una firme naturaleza militar, como “Cuerpo de la Guardia Civil”. Correspondió el mérito de todo ello aI II duque de Ahumada, el mariscal de campo Francisco Javier Girón Ezpeleta. 

 

Durante la exposición de los últimos capítulos se ha hecho reiterada referencia a diferentes artículos del primer “Reglamento de Servicio de la Guardia Civil”, aprobado por real decreto de 9 de octubre de 1844. En dicho texto se hacía un minucioso relato de los “comisarios y celadores” del mentado “Ramo de Protección y Seguridad Pública” y su relación profesional con la actividad de la Benemérita. 

 

Como ya se ha ido exponiendo en los citados capítulos, las personas que ocupaban dichos cargos del mentado “Ramo”, no constituían por sí mismos cuerpo policial alguno y esto hay que entenderlo claramente para evitar controversias estériles e indebidas. Aquellos “comisarios y celadores”, que en modo alguno estaban escalafonados, eran de muy variada procedencia, civil o militar, siendo nombrados y cesados discrecional y sucesivamente, bien por el ministro de la Gobernación en el caso de los primeros, o por el jefe político de cada provincia, en el caso de los segundos. Todo lo contrario sucedía con los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que sí estaban debida y claramente escalafonados. 

 

El empleo del vocablo “comisario”, que tiene otras acepciones no relacionadas ni entonces ni hoy día con la seguridad pública, no comparte actualmente la misma confusión e interpretación que en cambio sí tiene el vocablo “celador”.

 

Por otra parte, y ello es muy importante, se padecía entonces, el deficiente sostenimiento económico que asolaba la seguridad pública del Estado, reduciéndose siempre que se podía los presupuestos dedicados a su sostenimiento, al igual que padecían otros ministerios en otras materias. Todo ello sin olvidar que, entre marzo de 1846 y septiembre de 1849, discurrió la llamada “Segunda Guerra Carlista”, con toda la carga de muy diverso tipo que ello conllevaba.

 

La primera medida a tener en cuenta, respecto a la cuestión que nos ocupa, fue el real decreto de 1º de diciembre de 1847, siendo Luis José Sartorius Tapia el ministro de la Gobernación, mediante el cual se crearon y activaron los “Jefes políticos subalternos del distrito que se les marque, y se denominarán jefes de distrito”. Tal y como textualmente se exponía, “los comisarios de protección y seguridad pública, establecidos para suplir hasta cierto punto la falta de los Jefes políticos subalternos, apenas puede decirse que satisfacen a este objeto sino muy imperfectamente. Ni su inferior categoría, ni el estrecho círculo de sus atribuciones, les permite llenar el vacío de aquellos funcionarios”.

 

Dichos jefes de distrito serían “alcaldes-corregidores en los pueblos de su residencia” y tendrían en ese concepto las atribuciones que “la ley de ayuntamientos” les señalaba. Entre las numerosas atribuciones de muy diversa índole que se les fijaba en dicho real decreto como “Jefes políticos subalternos”, tanto en los mismos pueblos donde residieran como en los demás de su demarcación, estaban las de seguridad pública. Concretamente debían mantener bajo su responsabilidad “el orden y el sosiego público”, así como proteger las personas y las propiedades. También debían refrendar en el pueblo de su residencia, “los pasaportes a los que viajasen por el interior, y expedir en todo el distrito de su mando las licencias para uso de armas, puestos ambulantes, posadas, carruajes y demás permisos y documentos del ramo de protección y seguridad pública”.

 

Para el buen desempeño de su autoridad debía instruir por sí mismo o por sus delegados, “la sumaria información de los delitos cuya averiguación se deba a sus disposiciones o agentes, entregando al tribunal competente los detenidos o presos con las diligencias practicadas en el término señalado por las leyes”. Igualmente tenía la responsabilidad de “aplicar gubernativamente las penas determinadas en las leyes y disposiciones de policía, y en los bandos de buen Gobierno”, así como “reclamar la fuerza armada que necesite de la autoridad militar”.

 

Conforme se estipulaba en dicho real decreto se dispuso, “sin perjuicio de aumento”, la creación de 50 “jefes de distrito” en todo el territorio nacional, de los que 9 serían de 1ª clase, 16 de 2ª clase y 25 de 3ª clase. De todos estos, en la provincia gaditana sólo habría uno en Jerez de la Frontera, cuyo término municipal era entonces el segundo de España en extensión, y desde el cual, el “jefe de distrito” ejercería también sus funciones en las localidades de El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. 

 

Mientras tanto, en el Campo de Gibraltar, quien ostentaba realmente su mando era el comandante general que tenía su residencia oficial en Algeciras, es decir, el mariscal de campo Juan de Lara Irigoyen.

 

(Continuará).

 

viernes, 16 de enero de 2026

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (XX). LA GUARDIA CIVIL, LOS COMISARIOS Y LOS CELADORES (y VI).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 20 de octubre de 2025, pág. 14.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.


 


Tal y como se ha venido anteriormente exponiendo, la “Gaceta de Madrid” reprodujo en el periodo que se está tratando, algunas de las noticias publicadas en el periódico gaditano “El Comercio”, respecto a algunas de las actuaciones policiales en el Campo de Gibraltar. Las mismas tenían como protagonistas tanto a empleados del “Ramo de Protección y Seguridad” como a componentes del benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.

 

A lo largo de la extensa historia de la seguridad pública española, y campogibraltareña, se habían ido sucediendo diversos modelos de instituciones y cuerpos sin que tuvieran la debida estabilidad y permanencia en el tiempo. El recurso humano principal empleado había sido siempre de naturaleza militar pero como ya se ha expuesto anteriormente no podía seguir empleándose las tropas del “Ejército permanente” ni a la “Milicia nacional” en unas tareas que necesitaban una fuerza específica de seguridad pública. 

 

Ésta debía ser de carácter militar al igual que sucedía con los carabineros, dedicados a la lucha contra el contrabando, pero debía ser diferente de las fuerzas de Infantería y Caballería del mentado “Ejército permanente”, que se habían visto obligadas a desempeñarlas ante la inexistencia de una fuerza policial específica. 

 

Hay que recordar que primero se dispuso la adscripción de fuerzas del Arma de Caballería, transformándolas en los “Celadores Reales”, creados a raíz de la invasión francesa para restaurar el Absolutismo en España, dependiente de la entonces “Superintendencia general de la Policía”, y que por real decreto de 1 de septiembre de 1825 llegó a alcanzar la entidad de un regimiento si bien nunca llegó a ver cubierta su plantilla. Por tal motivo se terminó, por real orden de 13 de mayo de 1827, a reducir su entidad a una única compañía, cuyo ámbito de actuación se circunscribió a la capital del Reino, desapareciendo poco después.

 

El siguiente intento de adscribir específicamente una fuerza militar a la seguridad pública tuvo lugar mediante el real decreto de 25 de febrero de 1833, tratándose de una unidad militar compuesta por 500 hombres, bajo la dirección y dependencia de la “Superintendencia de Policía de Madrid”. Aunque aspiraba a tener una plantilla de 10.075 hombres, de los cuales 2.016 serían de Caballería, y desplegarse por todas las provincias, nunca fue así, no llegando en ningún momento a realizarse, disolviéndose en 1839.

 

El caso es que hubo que esperar, respecto al Campo de Gibraltar, y conforme al real decreto de 26 de enero de 1844, que había creado el nuevo “Ramo de Protección y Seguridad”, se dispusiera el nombramiento del primer “celador” para el Campo de Gibraltar. Según la real orden dictada cuatro días después, el nombramiento de los empleados de esa categoría correspondía al jefe político de cada provincia.

 

La primera referencia encontrada de su existencia en la Comarca, al menos hasta el momento, fue la publicada el 14 de octubre de 1844 en “El Comercio”, reproducida ocho días más tarde por la “Gaceta de Madrid”:

 

“La instalación en el campo de Gibraltar del ramo de protección y seguridad pública, ha sido tan oportuna como bien recibida, pues ocupada una corta parte de sus moradores en el contrabando, avezados a los manejos indecorosos que trae consigo su tráfico en pequeño, apenas había seguridad individual dentro ni fuera de las poblaciones; se cometían mil excesos, y la autoridad municipal apenas podía desenvolverse de una turna criminal que no desconociendo su situación abusaba en extremo.

 

Felizmente se ha dado en España un paso acertado con la nueva policía, y este pueblo ha estimado la elección de la celaduría en D. José Diaz Sierra por sus conocimientos especiales en el ramo y en el país; así es que en los pocos días que funciona ha capturado un desertor y multitud de individuos que no teniendo documentos que los garantizasen se hacían sospechosos y fueron entregados a la autoridad respectiva. En breve tendremos el gusto de ver pacífico este Campo, donde con motivo de la proximidad de Gibraltar se hace indispensable toda la exactitud que tiene y la vigilancia que ejerce el Sr. Díaz Sierra”.

 

Hay que significar que en esa fecha todavía no se había desplegado la Guardia Civil en la provincia de Cádiz. Hubo que esperarse a que se iniciara el año 1845, recordándose que la fuerza de la Benemérita destinada al Campo de Gibraltar, es decir la 4ª Sección de la Compañía, había sustituido el personal de Infantería inicialmente previsto, por el de Caballería. Todo ello conforme a la real orden de 20 de diciembre de 1844.

 

La presencia y actividad de aquellos primeros guardias civiles, asentados inicialmente en San Roque y Algeciras, que pronto comenzaron a desplegarse por todo el Campo de Gibraltar, cuando fue aumentándose su plantilla, se hizo notar enseguida, haciéndose eco de ello los medios de comunicación escrita que entonces existían.

 

Así, por ejemplo, en la “Gaceta de Madrid” se reprodujo el 8 de julio de 1845 el resumen de una noticia publicada en “El Comercio” cinco días antes, relativa a un servicio practicado en el término municipal de Algeciras el 26 de junio anterior. Concretamente se trataba de la actuación llevada contra “18 o 20 hombres sospechosos, en cuya persecución salió el celador de seguridad pública D. José Sánchez Montero con siete agentes y los guardias civiles”. Resultaba que, “los desconocidos eran contrabandistas, y después de algún tiroteo huyeron precipitadamente, habiéndoseles aprehendido cuatro cargas, al parecer, de tabaco y un caballo que se embarrancó al paso de una garganta”.

 

Casi dos meses después, el 5 de septiembre, el citado periódico gaditano daba detallada cuenta de la captura de dos peligrosos delincuentes, realizada cinco días antes, gracias “al celo, actividad y bien combinada persecución”, del mentado celador Díaz Sierra y el alférez de la Guardia Civil Juan Morillas de Casas.

 

Podría continuarse. Sin embargo, al padecerse una drástica reducción de presupuesto económico del Estado, se procedió por real decreto de 2 de diciembre de 1847, del “Ministerio de la Gobernación del Reino”, nacido de la integración del “Ministerio de la Gobernación de Ultramar” en el “Ministerio de la Gobernación de la Península”, siendo su titular Luis José Sartorius Tapia, a la supresión desde 1º de enero siguiente, de los comisarios y celadores de protección y seguridad pública que existían en los partidos, conservándose tan sólo los de las capitales de provincia. 

 

(Continuará).

 

jueves, 15 de enero de 2026

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (XIX). LA GUARDIA CIVIL, LOS COMISARIOS Y LOS CELADORES (V).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 13 de octubre de 2025, pág. 16.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.


 

 

Es importante considerar que la “Ley de Organización y Atribuciones de los Ayuntamientos”, de 8 de enero de 1845, citada en el artículo anterior, “respecto a la policía rural y urbana, que está a cargo de los alcaldes”, concluía de forma inequívoca: “Por tanto mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar la presente ley en todas sus partes”.

 

También es importante tener en cuenta la real orden del Ministerio de la Gobernación de la Península, de 30 de mayo de 1845, igualmente citada en el artículo anterior y dirigida a los jefes políticos de las provincias, donde se disponía que “los comisarios, celadores y agentes de protección y seguridad”, se abstuvieran “de imponer por sí multa alguna, debiendo limitarse a dar parte a quien corresponda de las omisiones que noten”. Finalizaba dicha norma, “respecto a la policía rural y urbana, que está a cargo de los alcaldes”, con arreglo a lo dispuesto en la reiterada ley de 8 de enero anterior, “se concreten a auxiliar a estas autoridades, conforme está prevenido en la Real orden de 30 de Enero de 1844”.

 

Esta última, redactada por el Negociado 2º del citado ministerio, constituía una circular que servía, “para llevar a inmediato efecto lo prevenido en el Real decreto de 26 de Enero último, que determina la organización del ramo de protección y seguridad”.

 

Dicho real decreto, realmente muy importante pues supuso un cambio decisivo en el modelo de la seguridad pública española, ya que supondría el principio legal que dos meses más tarde daría lugar al nacimiento de lo que hoy día sigue siendo y representando la Guardia Civil. 

 

Si bien, por uno u otro motivo, no se suele profundizar en el mismo, es muy interesante para conocer en profundidad el origen de la realidad policial actual española, ya que tal y como se disponía en su décimo y último artículo: “El Ministro de la Gobernación de la Península propondrá, con la urgencia que el servicio público reclama, la organización de una fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades, cuyo amparo es el principal objeto del ramo de protección y seguridad”. 

 

Es decir, el real decreto de 28 de marzo siguiente que creó el “Cuerpo de Guardias civiles”, y que, tras darle debido contenido y forma, por otro real decreto de 13 de mayo siguiente, puso en marcha el “Cuerpo de la Guardia Civil”, como primera y más antigua fuerza de seguridad del Estado actual que ya va camino de cumplir 182 años ininterrumpidos.

 

Pero mucho más interesante, y extenso, es el impresionante preámbulo del articulado donde se exponen las causas y razones que dieron lugar al cambio del modelo de seguridad pública que hasta entonces había existido. Es por ello que merece destacarse textualmente, aunque de forma breve, por razón de espacio, un párrafo de su contenido:

 

“Creada la policía bajo una forma de Gobierno, que se cuidaba menos de los individuos que de bastardas miras de parcialidad; organizada bajo la influencia de las pasiones políticas más bien que sobre la base de intereses puramente sociales; servida en ocasiones por agentes, que desconociendo la índole de la institución, y revestidos quizá de sobradas atribuciones, no acertaban a conciliar el desempeño de su autoridad protectora con el respeto debido a la libre acción y a la independencia doméstica de los vecinos honrados y pacíficos, no es mucho que el solo nombre de la policía suscite desconfianza y temores, y que hayan sido menester algunos años del más completo desorden social para persuadir la utilidad y la urgencia de su establecimiento”.

 

Si bien las expresiones que se siguen vertiendo en el real decreto son de una contundencia y dureza explícitas al afirmar que, “la abolición completa de la policía trae su origen del año 1840”, refiriéndose al real decreto de 2 de noviembre de dicho año, así como que, “ha existido una policía irresponsable y secreta”, se abre camino a la necesidad de un nuevo modelo de seguridad pública, muy alejada de lo que se había conocido anteriormente.

 

Aprovechando la derogación, que no sería la última, de “la instrucción de Febrero de 1823”, citada en artículos anteriores, la cual “confiaba el desempeño tan ajeno de la índole de su instituto, como incompatible con la mudanza periódica y frecuente de la autoridad municipal”, se reconocía la necesidad urgente de organizar “el ramo de seguridad conforme a los buenos principios en que estriba el deber primero de la autoridad pública, y la protección y firmeza del orden social”.

 

Conforme a todo ello se dispuso que “el servicio de protección y seguridad pública” estuviera exclusivamente a cargo del Ministerio de la Gobernación de la Península, “y de sus respectivos agentes en las provincias”, los cuales dependerían “exclusivamente” del jefe político de cada una de ellas.

 

Se dispuso igualmente en las capitales de provincia el establecimiento de “comisarios de distrito y celadores de barrio”, a razón de uno de los primeros por cada juzgado de primera instancia, y de uno de los segundos en cada barrio en que se hallase dividida la ciudad.

 

Igualmente se dispuso, afectando directamente al Campo de Gibraltar como ya se verá en su momento, con casos concretos acaecidos en el término municipal de Algeciras, que, por el Ministerio de la Gobernación de la Península y previo dictamen del jefe político respectivo, se procediera, “inmediatamente al establecimiento de comisarios y celadores en los pueblos cabeza de partido o de crecido vecindario, que por sus circunstancias particulares requieran especial protección y vigilancia”. 

 

Seguidamente dicho real decreto encomendaba, “a los comisarios y celadores en su respectivo distrito o barrio el desempeño de las funciones que reclaman el buen orden interior y la protección y seguridad de las personas y bienes de los vecinos”.

 

Hay que significar, para evitar equívocos o malinterpretaciones, que dichos “comisarios y celadores”, de procedencia muy variada que cuyos cargos poco tiempo después serían suprimidos, no constituían un cuerpo de seguridad del Estado, pues para ello ya preveía dicho real decreto, “la organización de una fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades”, es decir, la Guardia Civil.

 

(Continuará).

 

viernes, 2 de enero de 2026

LA GUARDIA CIVIL EN ALGECIRAS (XVIII). LA GUARDIA CIVIL, LOS COMISARIOS Y LOS CELADORES (IV).


Artículo escrito por Jesús Núñez y publicado en "EUROPA SUR" el 6 de octubre de 2025, pág. 16.


El original está ilustrado con una fotografía en blanco y negro.


 

 

En 1845, la prensa gaditana se hizo eco de las primeras actuaciones destacables de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar en general, así como en el término municipal de Algeciras en particular. El principal medio de referencia consultado, nacido en 1842, fue “El Comercio”, que editado desde la capital gaditana tuvo corresponsales que enviaban sus crónicas desde diversos puntos de la provincia, incluida nuestra Comarca. 

 

La “Gaceta de Madrid”, antecedente histórico de nuestro actual Boletín Oficial del Estado, hizo con frecuencia referencia de ello, reproduciendo numerosos extractos del mentado periódico gaditano. Así, el diario oficial, correspondiente al 7 de junio de 1845, publicó un extracto de una noticia sobre la Benemérita, difundida más extensamente por “El Comercio” el 29 de mayo anterior, la cual estaba relacionada directamente con el Campo de Gibraltar y en parte con el término municipal de Algeciras.

 

El texto publicado por el corresponsal de la población de San Roque, comenzaba diciendo: “La Guardia Civil de este Campo presta los mejores servicios asegurando el tránsito de los caminos, concurriendo a las ferias como se ha verificado en la de la villa de Alcalá de los Gazules, adonde con antelación mandó el celoso comisario de este distrito a la brigada de infantería para que tomase las entradas y las salidas de la población, como lo verificó protegiendo a los feriantes, y reinando en el mercado el mayor orden que no se había disfrutado hacía más de cuatro años; por lo cual vinieron aquellos llenos de satisfacción”.

 

La crónica continuaba refiriéndose a la feria que entonces se estaba celebrando en la vecina ciudad de Ronda, exponiendo que se cubrieron los caminos, “en parte montuosos”, que desde San Roque, Algeciras y Los Barrios llegaban hasta la población malagueña. Seguía relatándose que la protección de los asistentes se efectuaba tanto por la Guardia Civil de Caballería, que tenía una sección desplegada en el Campo de Gibraltar, como “por los agentes de seguridad pública, encontrándose en todas direcciones patrullas de ambas fuerzas mandadas por el mismo comisario, y caminando de ida y vuelta los feriantes de este Campo de Gibraltar e ingleses con entera confianza y seguridad por ir garantidos en sus personas e intereses”.

 

Continuaba relatando, si bien no se les identificaba nominalmente en la mentada reseña, que todos elogiaban “las determinaciones del citado comisario y las del activo celador de esta ciudad”, refiriéndose a San Roque. Sobre este último, proseguía, “que, sin desatender sus obligaciones en la población, ha acudido a todas partes y se le ha visto en los caminos”, bien solo o con el alférez de Caballería Juan Morillas Casas, jefe de la 4ª Sección de la Guardia Civil en la provincia gaditana que estaba desplegada en el Campo de Gibraltar, y único al que se nombraba expresamente.

 

Finalizaba la crónica afirmando que era muy satisfactorio el actual estado de seguridad que disfrutaba la Comarca, “mediante la utilidad que presta la policía”, gracias a los jefes que entonces la dirigían. Se concluía eufóricamente expresando: “¡Quiera Dios darnos el gusto de ver asegurado para siempre el orden y la seguridad pública!”.

 

Dado que en el artículo de “El Comercio”, reproducido parcialmente por la “Gaceta de Madrid”, se mencionaba el honroso vocablo genérico de “policía”, lamentablemente tantas veces manipulado, no debe confundirse con la entonces ya desaparecida Policía General del Reino que había sido creada por real decreto de 8 de enero de 1824. 

 

A tal efecto hay que recordar el inicio del texto del poco recordado real decreto de 31 de agosto de 1837: “Extinguido el ramo de seguridad pública en 18 de Diciembre del año último como una consecuencia de haberse declarado (nuevamente) en vigor la ley de 3 de Febrero de 1823, se destruyeron los restos de la policía regularizada en 1824, y volvieron a encargarse de tan difíciles y delicadas funciones los alcaldes y ayuntamientos bajo la superior inspección de los jefes políticos. Pero si toda la nación vio con aplauso desaparecer una institución inaugurada bajo la influencia del despotismo más atroz, los buenos ciudadanos presintieron la necesidad de restablecerla bajo formas tutelares y protectoras, que al mismo tiempo que refrenasen al malvado, al díscolo y al conspirador, sirviesen de escudo al hombre honrado, pacífico y leal.”

 

Como ya se ha ido exponiendo, el modelo policial español estaba cambiando sustancialmente, con la imprescindible, necesaria y oportuna creación en 1844 de la Guardia Civil como única, entonces, fuerza de seguridad del Estado que había comenzado a desplegarse por todo el territorio nacional. Por supuesto, el Campo de Gibraltar en general, y Algeciras en particular, como ya se verá más adelante, no iban a ser ninguna excepción en el panorama nacional.

 

En la ya citada “Gaceta de Madrid”, del 7 de junio de 1845, se había publicado también una significativa real orden fechada el 30 de mayo anterior. Estaba firmada por el ministro de la Gobernación de la Península, Pedro José Pidal Carniado, y dirigida a los jefes políticos (llamados posteriormente gobernadores civiles) de cada provincia.

 

Concretamente se especificaba que la reina Isabel II, había mandado, “que los comisarios, celadores y agentes de protección y seguridad pública se abstengan de imponer por sí multa alguna, debiendo limitarse a dar parte a quien corresponda de las omisiones que noten, tanto en la falta de licencias, pasaportes y demás documentos de retribución, como en el cumplimiento de las órdenes de ese gobierno político”.

 

Igualmente continuaba afirmando que, “respecto a la policía rural y urbana, que está a cargo de los alcaldes”, con arreglo a la “Ley de Organización y Atribuciones de los Ayuntamientos”, de 8 de enero de 1845, se disponía que correspondía a dichas autoridades municipales, “bajo la vigilancia de la administración superior”, cuidar de ello, “conforme a las leyes, reglamentos y disposiciones de la autoridad superior y ordenanzas municipales”.

 

Hay que significar que correspondía a los alcaldes, “nombrar, a propuesta en terna hecha por el Ayuntamiento, todos los dependientes de los ramos de policía urbana y rural para quienes no haya establecido un modo especial de nombramiento, suspenderlos y destituirlos”, añadiéndose que dichos empleados no tendrían derecho a “cesantía ni jubilación”.

 

(Continuará).