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viernes, 6 de febrero de 2015

LA GUARDIA CIVIL EN LA GUERRA DE ESPAÑA (1936-1939).


Prólogo escrito por Jesús Núñez y publicado en el libro "La Guardia Civil en la Guerra de España (1936-1939)", de Juan Blázquez Miguel, editado por Ediciones Barbarroja en 2012, págs. 7-13.

Juan Blazquez Miguel, el autor de esta obra que el lector tiene en sus manos, me ha vuelto a requerir para que se la prologue, al igual que ocurrió con su antecesora inmediata, “La Guardia Civil durante la Segunda República y el 18 de Julio”.

Prologar no es fácil tarea, por grata que sea, pero como además el tema y el libro que nos ocupan merecen la pena, y todo prólogo suele conllevar o encerrar al menos, una reflexión, una motivación y finalmente un juicio de valor, ¡hagámoslo!.

Tengo que comenzar diciendo, que a pesar de que la producción bibliográfica sobre la Guerra Civil Española (1936-1939) sigue aumentando año tras año, el espacio historiográfico correspondiente a las Fuerzas de Seguridad del Estado, continua siendo una asignatura pendiente.

Cuando el 17 de julio de 1936 se inicio la sublevación militar, la República tenía tres cuerpos estatales de carácter policial, responsables de garantizar la seguridad y el orden público: Guardia Civil, Seguridad y Asalto, e Investigación y Vigilancia, existiendo un cuarto, Carabineros, al que la legislación de la época –si bien no era su función principal- le asignaba, caso necesario, misiones concretas de auxiliar y cooperar con las anteriores en el restablecimiento y mantenimiento del orden público.

De todos ellos, el más importante, en cuanto a despliegue y efectivos, y por lo tanto de mayor peso específico, era el primero de los citados, una institución que como decía el profesor Diego López Garrido, “tiene por jurisdicción todo el territorio nacional” y que es definida en los decretos fundacionales y en sus reglamentos como un cuerpo de seguridad, sin límites funcionales ni territoriales.

La Guardia Civil era el único Cuerpo que tenía implantación física y permanente en la mayoría de las poblaciones de todas las provincias y que contaba con una dotación de recursos humanos muy superior respecto a los demás. Sin embargo el conocimiento que sobre el mismo se ha trasladado, tanto por la historiografía franquista como por la posterior, está plagada de méritos y deméritos, complejos y tópicos, bondades y maldades, que con frecuencia no se ajustan a la verdad, careciéndose de estudios que gocen del debido rigor académico.

Respecto a Seguridad y Asalto (realmente la denominación correcta sería Seguridad pues las Vanguardias de Asalto o simplemente Asalto, estaba integrado en aquella) e Investigación y Vigilancia, ya se dispone la magna tesis doctoral “Los Cuerpos de Policía durante la Guerra Civil”, de José María Miguelez Rueda, un brillante trabajo de investigación que aborda, rigurosa e imparcialmente lo acaecido con ambos cuerpos en ambos bandos. Sorprendente e inexplicablemente, bajo la excusa de la actual crisis económica, una investigación de esta categoría e interés historiográfico que  viene a traer luz a un mundo de tinieblas, todavía no ha sido publicada aun a pesar de las múltiples gestiones realizadas por su autor y quienes valoramos su obra.

Y en relación al benemérito Instituto que fundara en 1844 el II Duque de Ahumada y V Marqués de Las Amarillas, tenía razón el general de brigada Francisco Aguado Sánchez, fundador y director durante nueve años de la prestigiosa y desgraciadamente desaparecida –en 1988- “Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil”, al afirmar sobre el periodo de la Guerra Civil, que “realmente, la postura de la Guardia Civil en aquellos días no se ha estudiado”. 

Han pasado ya casi treinta años desde que se escribiera dicha frase y la situación permanece casi inalterable. Si bien se ha avanzado muy notablemente en el periodo previo a la sublevación militar, gracias a que ya se cuenta con la recientísima tesis doctoral “La Guardia Civil ante la Segunda Republica (1931-1936)[1], de Agustín Pulido Pérez, se carece todavía, de un estudio académico sobre lo acontecido en y con la Guardia Civil durante la contienda.

Para intentar llenar tal vacío, Aguado Sánchez dedicó, incluyendo el periodo republicano 1931-1936, sin el que no es posible explicar lo sucedido durante los tres años siguientes, buena porcion de su extensa obra de siete volúmenes sobre la historia del Instituto, es decir, parte del IV, entero el V y la mitad del VI. Sin embargo, en modesta opinión de quien escribe estas líneas, no se llegó a cumplir dicho objetivo, dada la parcialidad con que fue abordada, enfocada y expuesta dicha etapa, amén de la ausencia de consulta y contraste de otras fuentes, hoy dia consideradas imprescindibles.

Esto último reviste gran importancia, ya que el principal peligro, que no el único, además del prisma personal de cada autor, reside en las fuentes que se consultan y su interpretación, no debiéndose tomar ninguna de aquellas como dogma de fe y si someterlas, sin excepción, a un riguroso contraste exento de vicios ideológicos y parcialidades pragmáticas.

Y eso es precisamente lo que suele ocurrir con frecuencia, cuando un autor suele abordar la participacion de la Guardia Civil en la Guerra Civil, un Cuerpo que al igual que ocurrió con el resto de las instituciones del Estado y de los españoles, se dividió en dos, llegando incluso en ocasiones al enfrentamiento armado entre sus propios integrantes.

Su devenir fue bien diferente en cada bando, donde el factor “lealtad geográfica” tuvo gran peso específico en muchísimos casos. La mayor parte de la Guardia Civil permaneció ajena a la trama que preparó la sublevación militar y sus cuadros de mando no inspiraban confianza a los conspiradores, pero tampoco gozaban de ella entre quienes se opondrían a la misma.

La Guardia Civil era con diferencia el Cuerpo que más había padecido las consecuencias de la frustrada sublevación encabezada el 10 de agosto de 1932 por quien había sido su anterior director general, y la que más muertos y heridos había sufrido en la intentona revolucionaria desencadenada el 6 de octubre de 1934.

Los guardias civiles –y con ellos sus familias con las que vivían en las casas cuarteles- se encontraron en la difícil encrucijada de elegir entre la lealtad al gobierno de la República o unirse a la sublevación militar, acatando el bando de guerra dictado, máxime conociendo el tradicional sentido de disciplina y obediencia hacia el poder constituido que siempre fue lo que junto a su prestigio, hizo que sobreviviera a los convulsos tiempos vividos desde su fundación.

Realmente en la sublevación militar iniciada el 17 de julio de 1936 nadie contaba –ni en uno ni en otro sentido- con la acción resolutiva de la Guardia Civil, pero lo cierto es que sus miembros fueron sancionados muy duramente si no apoyaron inmediatamente a los que en cada punto geográfico triunfaron. Esta cuestión resultó especialmente dramática en la zona republicana, donde muchos de sus miembros resultaron asesinados en las semanas siguientes a la rebelión militar, lo cual provocaría a su vez numerosas deserciones de las filas gubernamentales.

Los que permanecieron leales al gobierno de la Republica, lejos de ver reconocida y respaldada institucionalmente su posicionamiento, vieron como menos de un mes y medio después –por Decreto de 30 de agosto de 1936- su Cuerpo era disuelto y en su mayoría, previa depuración, pasaban a integrarse en la nueva Guardia Nacional Republicana.

Esta nueva institución policial tendría una vida oficial efímera. Casi cinco meses después, por Decreto de 26 de diciembre, se creó el nuevo Cuerpo de Seguridad, que supuso la disolución de “los Cuerpos de la Guardia Nacional Republicana, Seguridad y Asalto, Vigilancia e Investigación, y Milicias de retaguardia, cualquiera que fuese su nombre y la entidad que las hubiese organizado”.

Aquellos de sus miembros que quisieron pasar al nuevo Cuerpo, tuvieron que solicitarlo mediante instancia en el plazo de 15 días, encargándose el también recién creado Consejo Nacional de Seguridad, de emitir los correspondientes informes favorables o desfavorables, que condicionaron en su caso el ingreso o no. El personal que “estuviera prestando sus servicios en el frente de la guerra antifascista al servicio del Gobierno legítimo”, continuó con su organización, denominación y mandos hasta que se reintegraron a su servicio peculiar, momento en el cual comenzó a contarle el plazo de solicitud citado, si bien ello no se cumplió en muchos casos.

La mayor parte de los miembros de la Guardia Nacional Republicana pasaron a integrarse en el denominado Grupo Uniformado del nuevo Cuerpo de Seguridad. Al finalizar la Guerra Civil, los vencedores los volvieron a considerar pertenecientes a la Guardia Civil con el empleo que ostentaban el 18 de julio de 1936, no reconociéndoseles los ascensos ni méritos concedidos durante la contienda. Fueron sometidos a continuacion a un durísimo proceso represivo de depuración, que según los casos concluía en fusilamiento, condena de prisión, expulsión o reincorporación al servicio activo en el Cuerpo, sin que en tal caso les sirviera de abono ni cómputo el tiempo servido en la zona republicana. Otra larga y triste historia que todavía queda por contar.

En cambio, en la zona donde triunfó el alzamiento militar, la Guardia Civil continuó durante toda la contienda, manteniendo su identidad corporativa y todo lo que ello conllevaba. A diferencia de lo que sucedió en la zona republicana, que a los pocos días autorizó en el Instituto ingresos masivos de nuevos aspirantes, “cuyos antecedentes de conducta no ofrezcan duda alguna respecto a su adhesión y fidelidad al Régimen”, sólo se permitió el ingreso a aquellos que lo tenían concedido con anterioridad al 18 de julio de 1936. Con ello se evitó que  accedieran al Cuerpo, personas con avales políticos ligados a los sublevados, todo lo contrario que en la otra zona, donde muchos lo hicieron con avales de partidos pertenecientes al Frente Popular.

Por lo tanto la Guardia Civil sólo permaneció como tal en dicha zona, mientras que en la republicana habría que hablar más bien sólo de la destacada actuación que tuvieron determinados miembros procedentes del antiguo Cuerpo así como de los puestos de responsabilidad que asumieron en la estructura del Ejército Popular.

Tras el protagonismo que los guardias civiles se vieron obligados a tener en los primeros momentos donde triunfó la sublevación y su activa participación en la primera fase de las columnas de operaciones, recayó seguidamente sobre ellos, la trascendental responsabilidad de ser el puntal fundamental de la estructura de orden y ley en la retaguardia. Pero no sólo en su comandancia de origen, sino también en aquellas que se iban ocupando como consecuencia de las operaciones bélicas.

Respecto a la guerra en los frentes, los guardias civiles desempeñaron, con carácter general, un papel auxiliar, secundario y subordinado a las grandes unidades en que fueron encuadrados, habiendo llegado a constituir hasta medio centenar de compañías expedicionarias en apoyo de las mismas, si bien es justo reconocer que algunas de ellas llegaron a entrar en combate de primera línea, destacando la mítica de “La Calavera”.

En resumen, los guardias civiles realizaron, tanto en la retaguardia como en el frente, todo tipo de servicios y misiones -además de las peculiares contempladas en sus reglamentos fundacionales- siendo algunas más conocidas y otras prácticamente inéditas.

Así por ejemplo, muchos oficiales de la Guardia Civil pasaron a integrar los cuadros de mando de unidades del Ejército, de Milicias de Falange y del Requeté, además de los centros de formación militar. Guardias civiles de prácticamente todos los empleos, prestaron numerosos servicios de apoyo, así como los tradicionales de policía militar en campaña, encargándose de las labores de escolta de generales y caudales, contraespionaje, censura, conducción, clasificación custodia e interrogatorios de detenidos y prisioneros. También les fue encomendado –siendo éste prácticamente el único aspecto que ha parecido interesar a la historiografía reciente- formar parte activa del aparato represor y desempeñar además la tarea más aborrecida y denostada entre los guardias civiles como fue la participar en los piquetes de fusilamiento. Una ingrata actividad que la Guardia Civil compartió con el Ejército y los Cuerpos de Seguridad y Carabineros.

Sobre todo lo anteriormente expuesto queda realmente mucho que investigar y escribir, siendo como ya se dijo inicialmente, una asignatura pendiente para la historiografía de la Guerra Civil. Es por ello que esta nueva obra de Juan Blázquez Miguel, no sólo tiene el mérito de ser la primera que aborda de manera monográfica muchas de las cuestiones citadas sobre la actuación de la Guardia Civil y de sus miembros en ambos bandos durante la contienda, sino que contiene numerosa información de gran interés, ofreciendo una visión prácticamente desconocida hasta la fecha.

Se trata de un trabajo, en el que tal y como nos tiene acostumbrados el autor en sus anteriores publicaciones, ha sabido dar una amplia visión de conjunto, tras extraer y sintetizar lo más importante gracias a un adecuado análisis de los contenidos hallados en las hojas de servicio de los protagonistas, una variada bibliografía y una extensa colección hemerográfica de la época.

Juan Blázquez Miguel, experto conocedor de las operaciones bélicas acontecidas en sus diferentes fases, tal y como lo acredita la autoría de los seis tomos que componen su magna obra “Historia Militar de la Guerra Civil española”, llevará al lector por un recorrido geográfico y cronológico en el que la Guardia Civil y sus miembros, serán protagonistas en todas y cada una de las páginas, destacando entre sus numerosas vicisitudes descritas, tres hechos singulares, como son las defensas del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Jaén, el Alcázar de Toledo y Oviedo.

El primero supuso el inexplicable abandono a su suerte y estéril sacrificio de unos guardias civiles y sus familias que resistieron hasta el 1 de mayo de 1937, padeciendo en sus cuerpos y en sus mentes lo que absolutamente nadie sufrió en los tres años de la contienda. Respecto a los otros dos hechos, resaltar que nunca se hubieran podido llevar a cabo ni hubieran existido sin contar con la participación mayoritaria entre sus defensores, de miembros de la Guardia Civil, cuestión que no siempre ha sido tratada con la objetividad y rigor debidos.




[1] Dirigida por el doctor Julio Gil Pecharromán, profesor del Departamento de Historia Contemporanea de la UNED, se defendió brillantemente el 8 de marzo de 2012 ante el tribunal formado por los doctores Fernando Puell de la Villa, José Luis Rodríguez Jiménez, Eduardo González Calleja, José María Marín Arce y Juan Avilés Farré, siendo éste último, presidente del mismo.

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